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Excanciller Astete y exministra Mazzetti comparecieron por el caso
Excanciller Astete y exministra Mazzetti comparecieron por el caso "Vacunagánsters" en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE http://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Carlos Pérez Ochoa (AP), continuó con el proceso de juicio político contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, y extitular de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez; esta vez con la participación de estas dos últimas altas funcionarias.

Esto, en función de la recomendación del Informe de determinación de hechos materia de investigación, evaluación de pertinencia de pruebas y/o indicios, así como la recomendación para la actuación de medios probatorios adicionales, de las denuncias constitucionales 423 y 427, por parte de Jim Mamani Barriga (NC).

Carlos Pérez Ochoa manifestó que, a lo largo de la presentación de los funcionarios involucrados, “se ha podido evidenciar muchos puntos que aún estaban en duda”, lo que “va a permitir que esta subcomisión, pueda tomar las mejores decisiones en el marco del Reglamento del Congreso y de la Constitución”.

Precisó que apenas se concluya la actuación de pruebas, se le va a asignar al ponente el plazo de cinco días útiles para que proceda con la presentación y sustentación de su informe final.

Tanto la Denuncia Constitucional 423, presentada por la bancada de Nueva Constitución, y la Denuncia Constitucional 427, presentada por la bancada del Partido Morado, ingresaron a la subcomisión el 16 de febrero de 2021.

El Informe concluye que deben determinarse los hechos materia de investigación que se detallan en los numerales 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3 del presente Informe y se admiten los medios probatorios que se hacen mención en los numerales 6.2.1. y 6.2.2. del presente Informe, con sus respectivas salvedades.

Precisamente, Jim Mamani Barriga (NC) hizo una exposición de los medios probatorios ofrecidos por los parlamentarios denunciantes y que están contenidos en las dos acusaciones, es decir, videos de reportajes y enlaces de las notas periodísticas en torno a las denuncias efectuadas por la vacunación de los involucrados con dosis de Sinopharm.

Mamani expuso que su misión es determinar si el expresidente Vizcarra Cornejo recibió la vacuna de Sinopharm en el ejercicio de su cargo y fuera del marco del ensayo clínico llevado a cabo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y si este privilegio se extendió hacia su esposa y a su hermano.

Asimismo, se busca determinar si las exministras Mazzetti Soler y Astete Rodríguez recibieron la vacuna durante el ejercicio de sus funciones sin haber sido voluntarias y si ocultaron la información de que sus funcionarios también habían recibido las vacunas.

De ser así, el expresidente habría incurrido en la infracción del artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política, así como también de los artículos 7, 9 38, 39 y el inciso 1 del 118 de la Carta Magna. En torno a las exministras de Estado involucradas, el informe debe determinar si se les aplica los artículos 38 y 39 de la Constitución.

DENUNCIANTES
Luego de hacer una alusión histórica y un listado de las denuncias periodísticas, así como de las declaraciones públicas de los involucrados, Rubén Ramos Zapana (Denuncia 423) señaló que ha quedado evidenciado que el expresidente y sus familiares directos recibieron las vacunas sin ser parte de los doce mil voluntarios del ensayo clínico de Sinopharm, así como más de 200 altos funcionarios de su Gobierno.

“Resulta cuestionable”, dijo, “que el expresidente y sus ministras se hayan beneficiados por la vacuna cuando el país ha sido uno de los más afectados por muertes por la COVID-19. Este hecho es equivalente a un acto de traición a la patria; no solo desde el punto de vista oral, sino por las acciones dolosas de tipo penal”, mencionó Ramos.

El congresista Daniel Olivares Cortés (PM) expuso que la Denuncia Constitucional 427 plantea tres puntos que la conducta de los involucrados atenta contra los artículos 9, 39 y 118, en concordancia con los artículos 2.2 y 7, de la Constitución, y justifica que se les sancione por ello.

Olivares manifestó que no solo habría faltas éticas y administrativas, sino también ilícitos penales, y, además, dijo que “no son indiferentes al hecho innegable de que otros altos funcionarios hayan hecho lo mismo, en la medida de que se tenga la certeza plena de los nombres de estos funcionarios, debe establecerse el alcance de sus responsabilidades legales y políticas”.

Excanciller Astete y exministra Mazzetti comparecieron por el caso «Vacunagánsters» en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

DENUNCIADOS
La exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete Rodríguez, ofreció su colaboración para el esclarecimiento de los hechos e informó que acudió a vacunarse con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular, en un acto público, con la anuencia del presidente Francisco Sagasti Hochhausler, además es consciente del error que cometió.

Seguidamente, negó que haya recibido la vacuna para beneficiar a Sinopharm o a cualquier otro laboratorio.

Más adelante, la excanciller informó que tomó la decisión de vacunarse por recomendación de tres funcionarios de su gabinete y que esto fue debido a los múltiples viajes que realizaba al interior del país.

Su abogado defensor, Juan Peña Flores, informó que, en primer lugar, la exministra no solicitó que se le vacune, se trató de un ofrecimiento, porque tenía que cumplir con las tareas que se le habían encomendado y, en segundo lugar, no oculta la vacunación, pues fue pública.

Además, sostuvo que cuando se hizo del pedido adicional de vacunas, ella no formaba parte del Ejecutivo, y cuando ella se entera de que el hecho (de vacunarse) era irregular, ella presentó su carta de renuncia.

La exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler, reiteró una vez más que la decisión de vacunarse solo fue su decisión. Ninguna persona, funcionario ni empresa “ha influido en su decisión”. Y fue “motivada por la situación tan compleja, y cuando pocos quedábamos para el trabajo, pues ya muchos se habían infectado”.

Para los ensayos clínicos vinculados al SARS-CoV-2, indicó que se creó el Comité Nacional Transitorio en Ética en Investigación, creado en abril del 2020, además de una oficina de transferencia de tecnología del Instituto Nacional de Salud.

Cuando se aprobó el protocolo en agosto, continúa, se dijo que “se enviará un lote adicional de 3200 vacunas para ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y al personal relacionado, y cada uno asume su propio riesgo”.

Con ese criterio, ingreso el lote adicional, autorizado por el Comité de Ética y la oficina con las resoluciones correspondientes. “A raíz de incremento de dosis adicionales para el personal, ha habido nueve inspecciones, y en ninguna de esas inspecciones se ha objetado el uso de las vacunas, y tampoco el concepto de personal relacionado, porque aquí el meollo del asunto es quién es el personal relacionado en el grupo de estas vacunas”.

Mazzetti Soler precisó que se vacunó en enero, luego de que se enteró de la vacunación del infectólogo Ciro Maguiña, y dos de los viceministros, quienes le informaron que había vacunas disponibles para el personal del laboratorio, y personal relacionado.

La vacunación fue en su casa, hasta donde llegó personal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, porque estaba agotada por su trabajo. Esta fue transparente e incidió en que no ha “actuado de forma impropia, mucho menos de forma legal y forma dolosa”.

PARTICIPACIÓN
De acuerdo con un listado, propuesto por el congresista delegado Jim Mamani (NC), las siguientes personas fueron notificadas: Germán Málaga Castillo, Eduardo Ticona Chávez, Cinthya Castillo Flores, Javier Bustos Palomino (quien se excusó por estar infectado por COVID-19), el ministro de Salud Oscar Ugarte Ubilluz (quien solicitó reprogramar su participación) y Javier Sánchez-Checa Salazar (a quien no se le pudo notificar oficialmente, porque su ya no vive en su dirección de Reniec).

Asimismo, se hizo referencia de la invitación al presidente Francisco Sagasti Hochhausler y se leyó la carta sin número que envió al presidente de la subcomisión del 19 de marzo último, fecha en la que reiteró lo que no tenía conocimiento sobre las irregulares vacunaciones y que era falso que haya dado su consentimiento para la vacunación de cualquier persona.

Inmediatamente participaron con su comentarios y preguntas, hacia las exministras y los investigadores citados, los siguientes parlamentarios: Martha Chávez Cossío (FP), Carlos Almerí Veramendi (PP), Guillermo Aliaga Pajares (SP), María Retamozo Lezama (Frepap), Jim Mamani Barriga, Ricardo Burga Chuquipiondo (AP), Richard Rubio Gariza (Frepap), Martina Gallardo Becerra (PP) y Carlos Pérez Ochoa (AP).

Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE http://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe

English translation
Former Foreign Minister Astete and former Minister Mazzetti appeared for the case «Vacunagánsters» in the Subcommittee on Constitutional Accusations.

Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE http://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The Subcommittee on Constitutional Accusations, chaired by Carlos Pérez Ochoa (AP), continued with the impeachment process against former president Martín Vizcarra Cornejo and the former Minister of Health, Pilar Mazzetti Soler, and former Minister of Foreign Relations, Elizabeth Astete Rodríguez; this time with the participation of these last two senior officials.

This, based on the recommendation of the Report on the determination of facts subject to investigation, evaluation of the relevance of evidence and / or indications, as well as the recommendation for the performance of additional evidence, of constitutional complaints 423 and 427, by Jim Mamani Barriga (NC).

Carlos Pérez Ochoa stated that, throughout the presentation of the officials involved, “it has been possible to highlight many points that were still in doubt,” which “will allow this subcommission to make the best decisions within the framework of the Regulations of Congress and the Constitution ”.

He specified that as soon as the performance of tests is concluded, the speaker will be assigned a period of five working days to proceed with the presentation and support of his final report.

Both Constitutional Complaint 423, presented by the New Constitution bench, and Constitutional Complaint 427, presented by the Morado Party bench, entered the subcommittee on February 16, 2021.

The Report concludes that the facts that are the subject of the investigation that are detailed in paragraphs 6.1.1, 6.1.2 and 6.1.3 of this Report must be determined and the evidentiary means mentioned in paragraphs 6.2.1 are admitted. and 6.2.2. of this Report, with their respective exceptions.

Precisely, Jim Mamani Barriga (NC) made a presentation of the evidence offered by the denouncing parliamentarians and that are contained in the two accusations, that is, videos of reports and links to the journalistic notes about the complaints made by the vaccination of those involved with doses of Sinopharm.

Mamani stated that his mission is to determine if former President Vizcarra Cornejo received the Sinopharm vaccine in the exercise of his position and outside the framework of the clinical trial carried out by the Universidad Peruana Cayetano Heredia and the Universidad Nacional Mayor de San Marcos and if this privilege extended to his wife and brother.

Likewise, it seeks to determine if the former ministers Mazzetti Soler and Astete Rodríguez received the vaccine during the exercise of their functions without having been volunteers and if they hid the information that their officials had also received the vaccines.

If so, the former president would have violated article 2, paragraph 2 of the Political Constitution, as well as articles 7, 9 38, 39 and paragraph 1 of 118 of the Magna Carta. Regarding the former ministers of state involved, the report must determine whether articles 38 and 39 of the Constitution apply to them.

COMPLAINANTS
After making a historical allusion and a list of the journalistic complaints, as well as the public statements of those involved, Rubén Ramos Zapana (Complaint 423) pointed out that it has been evidenced that the former president and his direct relatives received the vaccines without being part of the the twelve thousand volunteers from the Sinopharm clinical trial, as well as more than 200 senior government officials.

“It is questionable,” he said, “that the former president and his ministers have benefited from the vaccine when the country has been one of the most affected by deaths from COVID-19. This fact is equivalent to an act of treason against the fatherland; not only from the oral point of view, but for fraudulent actions of a criminal nature, ”said Ramos.

Congressman Daniel Olivares Cortés (PM) stated that Constitutional Complaint 427 raises three points that the conduct of those involved violates articles 9, 39 and 118, in accordance with articles 2.2 and 7, of the Constitution, and justifies that sanction them for it.

Olivares stated that there would not only be ethical and administrative faults, but also criminal offenses, and, furthermore, said that “they are not indifferent to the undeniable fact that other senior officials have done the same, as long as there is full certainty that the names of these officials, the scope of their legal and political responsibilities should be established ”.

Former Foreign Minister Astete and former Minister Mazzetti appeared for the case "Vacunagánsters" in the Subcommittee on Constitutional Accusations.
Former Foreign Minister Astete and former Minister Mazzetti appeared for the case «Vacunagánsters» in the Subcommittee on Constitutional Accusations.

DENOUNCED
The former Minister of Foreign Affairs, Elizabeth Astete Rodríguez, offered her collaboration to clarify the facts and reported that she went to be vaccinated with the conviction that it was a regular procedure, in a public act, with the consent of President Francisco Sagasti Hochhausler He is also aware of the mistake he made.

He then denied that he received the vaccine to benefit Sinopharm or any other laboratory.

Later, the former foreign minister reported that she made the decision to be vaccinated on the recommendation of three officials of her cabinet and that this was due to the multiple trips she made to the interior of the country.

Her defense attorney, Juan Peña Flores, reported that, firstly, the former minister did not request that she be vaccinated, it was an offer, because she had to fulfill the tasks that had been entrusted to her and, secondly, she did not hide the vaccination, as it was public.

In addition, she maintained that when the additional request for vaccines was made, she was not part of the Executive, and when she found out that the fact (of being vaccinated) was irregular, she presented her letter of resignation.

The former Minister of Health, Pilar Mazzetti Soler, reiterated once again that the decision to get vaccinated was only her decision. No person, official or company «has influenced his decision.» And it was «motivated by the complex situation, and when few of us were left for work, because many had already been infected.»

For the clinical trials linked to SARS-CoV-2, he indicated that the Transitional National Committee on Research Ethics was created, created in April 2020, in addition to a technology transfer office of the National Institute of Health.

When the protocol was approved in August, he continues, it was said that «an additional batch of 3,200 vaccines will be shipped to be voluntarily administered to the research team and related personnel, each assuming their own risk.»

With that criterion, I enter the additional lot, authorized by the Ethics Committee and the office with the corresponding resolutions. “As a result of the increase in additional doses for personnel, there have been nine inspections, and in none of those inspections has the use of vaccines been contested, nor has the concept of related personnel been objected, because here the heart of the matter is who is the related personnel in the group of these vaccines ”.

Mazzetti Soler specified that he was vaccinated in January, after he learned of the vaccination from the infectologist Ciro Maguiña, and two of the vice ministers, who informed him that there were vaccines available for laboratory personnel and related personnel.

The vaccination was at her home, as far as personnel from the Universidad Peruana Cayetano Heredia arrived, because she was exhausted from her work. This was transparent and stressed that it has not «acted improperly, much less legally and fraudulently.»

PARTICIPATION
According to a list, proposed by delegate congressman Jim Mamani (NC), the following people were notified: Germán Málaga Castillo, Eduardo Ticona Chávez, Cinthya Castillo Flores, Javier Bustos Palomino (who apologized for being infected by COVID-19) , Health Minister Oscar Ugarte Ubilluz (who asked to reschedule his participation) and Javier Sánchez-Checa Salazar (who could not be officially notified, because his no longer lives at his Reniec address).

Likewise, reference was made to the invitation to President Francisco Sagasti Hochhausler and the unnumbered letter that he sent to the president of the subcommission on March 19 was read, the date on which he reiterated what he did not know about irregular vaccinations and that it was false that you have consented to the vaccination of any person.

The following parliamentarians, Martha Chávez Cossío (FP), Carlos Almerí Veramendi (PP), Guillermo Aliaga Pajares (SP), María Retamozo Lezama (Frepap), Jim Mamani immediately participated with their comments and questions towards the aforementioned former ministers and researchers. Barriga, Ricardo Burga Chuquipiondo (AP), Richard Rubio Gariza (Frepap), Martina Gallardo Becerra (PP) and Carlos Pérez Ochoa (AP).

Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE http://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe