Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe El anuncio de la presidenta Dina Boluarte Zegarra al concluir la II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) sobre las medidas para fortalecer la seguridad ciudadana presenta varias debilidades potenciales, que van desde la falta de especificidad y concreción hasta la dependencia de factores externos y la posible ineficacia de las estrategias propuestas. E nuestra línea editorial meridianamente detallamos estas debilidades:
FALTA DE CONCRECIÓN Y MEDIDAS ESPECÍFICAS.
El anuncio se centra en intenciones generales en lugar de detallar medidas específicas y cuantificables. Por ejemplo, se menciona el fortalecimiento de la investigación criminal y el control de armas, pero no se especifica cómo se logrará esto en la práctica. ¿Qué tipo de iniciativas normativas se impulsarán? ¿Cómo se mejorará la coordinación entre la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público? Sin detalles concretos, es difícil evaluar la viabilidad y el impacto potencial de estas propuestas.
DEPENDENCIA DE LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
Muchas de las medidas propuestas dependen de la colaboración efectiva entre diferentes instituciones del Estado, como el Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. La presidenta Boluarte convoca a la unidad y a dejar atrás las divisiones, pero la realidad política peruana ha estado marcada por la confrontación y la falta de coordinación entre estos poderes. La efectividad de las medidas dependerá de superar estas divisiones y lograr una colaboración real y sostenida.
ESTADOS DE EMERGENCIA Y SUS LIMITACIONES.
Se plantea evaluar el cambio normativo para fortalecer la ejecución de la declaratoria de los estados de emergencia. Sin embargo, la declaración de estados de emergencia ha sido una herramienta recurrente en Perú, y su efectividad a largo plazo es cuestionable. Si bien pueden tener un impacto inicial en la reducción de la delincuencia, no abordan las causas subyacentes y pueden llevar a la suspensión de derechos civiles. Además, el uso excesivo de esta medida puede normalizar la militarización de la seguridad pública y generar preocupación sobre el respeto a los derechos humanos.
PRIORIZACIÓN DE CARPETAS FISCALES Y CAPACIDAD DEL SISTEMA JUDICIAL.
La Policía Nacional solicitará al Poder Judicial y al Ministerio Público la priorización de carpetas para intervenir y detener bandas organizadas. No obstante, la priorización de ciertos casos podría generar retrasos en otros, afectando la eficiencia general del sistema judicial. Es crucial evaluar si el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen la capacidad y los recursos necesarios para manejar esta priorización sin comprometer otros casos importantes.
ENFOQUE EN LA MINERÍA ILEGAL Y LA NECESIDAD DE ESTRATEGIAS INTEGRALES.
Si bien la priorización del combate contra la minería ilegal es importante, el anuncio no aborda de manera integral otros factores que contribuyen a la inseguridad ciudadana, como la desigualdad social, la falta de oportunidades económicas y la presencia de crimen organizado en diversas formas. Una estrategia efectiva requiere un enfoque más amplio que combine medidas represivas con políticas de prevención y desarrollo social.
FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA PENALES Y SUS IMPLICACIONES.
La propuesta de la Municipalidad de Lima de construir penales con financiamiento privado plantea interrogantes sobre la viabilidad y las implicaciones de este modelo. ¿Cómo se garantizará que estos penales cumplan con los estándares de derechos humanos y las normas internacionales? ¿Qué incentivos tendrán las empresas privadas para mantener la calidad de los servicios penitenciarios? Es fundamental analizar detenidamente los riesgos y beneficios de esta propuesta antes de implementarla.
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ANTERIORES Y LA NECESIDAD DE RESULTADOS TANGIBLES.
La presidenta Boluarte recordó que 7 de los 13 acuerdos adoptados en la primera sesión ordinaria se han cumplido. Sin embargo, es crucial evaluar el impacto real de estos acuerdos en la seguridad ciudadana. ¿Se ha reducido la delincuencia? ¿Ha mejorado la percepción de seguridad de la población? La credibilidad de las nuevas medidas dependerá de demostrar resultados tangibles y sostenidos en el tiempo.
VERIFICACIÓN MIGRATORIA Y EL RIESGO DE DISCRIMINACIÓN.
El fortalecimiento de los procesos de verificación migratoria puede ser útil para identificar a ciudadanos extranjeros con antecedentes penales o situación migratoria irregular. No obstante, es fundamental garantizar que estos procesos se realicen con estricto respeto a los derechos humanos y sin discriminación. La criminalización de la migración puede generar xenofobia y estigmatización, lo que dificulta la integración de los migrantes y aumenta su vulnerabilidad.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
Aunque no se menciona explícitamente en el anuncio, la corrupción es un factor que socava la eficacia de cualquier esfuerzo por mejorar la seguridad ciudadana. La corrupción en la policía, el poder judicial y otras instituciones del Estado permite que el crimen organizado prospere y que los delincuentes queden impunes. Es fundamental fortalecer los mecanismos de control y sanción de la corrupción para garantizar la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad.
En resumen, el anuncio de la presidenta Boluarte presenta una serie de intenciones generales que, para ser efectivas, requieren de medidas concretas, colaboración interinstitucional, estrategias integrales y un enfoque en la transparencia y la rendición de cuentas. Sin estos elementos, existe el riesgo de que estas propuestas se queden en meras declaraciones y no logren generar un impacto real en la seguridad ciudadana en Perú.
DATO
La II sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) tuvo la concurrencia de los titulares de los poderes Legislativo, Judicial; así como de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe

English Translation
Conasec: “An endless emergency, a prescription for band-aids for insecurity in Peru, a real solution in the air, and the results of an executive branch oblivious to reality.”
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe President Dina Boluarte Zegarra’s announcement at the conclusion of the second regular session of the National Council for Citizen Security (Conasec) regarding measures to strengthen citizen security presents several potential weaknesses, ranging from a lack of specificity and concreteness to a dependence on external factors and the potential ineffectiveness of the proposed strategies. We clearly detail these weaknesses in our editorial line:
LACK OF CONCRETION AND SPECIFIC MEASURES.
The announcement focuses on general intentions rather than detailing specific and quantifiable measures. For example, strengthening criminal investigation and arms control is mentioned, but how this will be achieved in practice is not specified. What types of regulatory initiatives will be promoted? How will coordination between the National Police, the Judiciary, and the Public Prosecutor’s Office be improved? Without concrete details, it is difficult to assess the feasibility and potential impact of these proposals.
DEPENDENCE ON INTERINSTITUTIONAL COLLABORATION.
Many of the proposed measures depend on effective collaboration between different state institutions, such as the Executive Branch, Congress, the Judiciary, the Public Prosecutor’s Office, and the National Police. President Boluarte calls for unity and overcoming divisions, but the Peruvian political reality has been marked by confrontation and a lack of coordination between these branches. The effectiveness of the measures will depend on overcoming these divisions and achieving real and sustained collaboration.
STATES OF EMERGENCY AND THEIR LIMITATIONS.
It is proposed to evaluate regulatory changes to strengthen the implementation of the declaration of states of emergency. However, the declaration of states of emergency has been a recurring tool in Peru, and its long-term effectiveness is questionable. While they may have an initial impact on reducing crime, they do not address the underlying causes and can lead to the suspension of civil rights. Furthermore, excessive use of this measure can normalize the militarization of public security and raise concerns about respect for human rights.
PRIORITIZATION OF PROSECUTORIAL CASE FILES AND JUDICIAL SYSTEM CAPACITY.
The National Police will request that the Judiciary and the Public Prosecutor’s Office prioritize case files to intervene and arrest organized gangs. However, prioritizing certain cases could cause delays in others, affecting the overall efficiency of the judicial system. It is crucial to assess whether the Judiciary and the Public Prosecutor’s Office have the capacity and resources necessary to handle this prioritization without compromising other important cases.
FOCUS ON ILLEGAL MINING AND THE NEED FOR COMPREHENSIVE STRATEGIES.
While prioritizing the fight against illegal mining is important, the announcement does not comprehensively address other factors that contribute to citizen insecurity, such as social inequality, lack of economic opportunities, and the presence of organized crime in various forms. An effective strategy requires a broader approach that combines repressive measures with prevention and social development policies.
PRIVATE FUNDING FOR PRISONS AND ITS IMPLICATIONS.
The Lima Municipality’s proposal to build prisons with private financing raises questions about the viability and implications of this model. How will it be ensured that these prisons comply with human rights standards and international norms? What incentives will private companies have to maintain the quality of prison services? It is essential to carefully analyze the risks and benefits of this proposal before implementing it.
COMPLIANCE WITH PREVIOUS AGREEMENTS AND THE NEED FOR TANGIBLE RESULTS.
President Boluarte recalled that 7 of the 13 agreements adopted in the first ordinary session have been fulfilled. However, it is crucial to evaluate the real impact of these agreements on citizen security. Has crime been reduced? Has the population’s perception of security improved? The credibility of the new measures will depend on demonstrating tangible and sustained results over time.
MIGRATION VERIFICATION AND THE RISK OF DISCRIMINATION.
Strengthening immigration verification processes can be useful in identifying foreign citizens with criminal records or irregular immigration status. However, it is essential to ensure that these processes are carried out with strict respect for human rights and without discrimination. The criminalization of migration can generate xenophobia and stigmatization, which hinders the integration of migrants and increases their vulnerability.
FIGHT AGAINST CORRUPTION.
Although not explicitly mentioned in the announcement, corruption is a factor that undermines the effectiveness of any effort to improve citizen security. Corruption in the police, the judiciary, and other state institutions allows organized crime to flourish and criminals to go unpunished. Strengthening mechanisms to control and punish corruption is essential to guarantee the integrity of the institutions responsible for security.
In summary, President Boluarte’s announcement presents a series of general intentions that, to be effective, require concrete measures, inter-institutional collaboration, comprehensive strategies, and a focus on transparency and accountability. Without these elements, there is a risk that these proposals will remain mere declarations and fail to generate a real impact on citizen security in Peru.
FACT
The second regular session of the National Citizen Security Council (CONASC) was attended by the heads of the Legislative and Judicial branches, as well as the Attorney General, Delia Espinoza, and the Ombudsman, Josué Gutiérrez Cóndor.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe