Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe La arena política peruana se encuentra, una vez más, en un torbellino de confrontación institucional que amenaza con desestabilizar los cimientos de la gobernabilidad y la justicia. El país observa con preocupación cómo entidades clave como el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, lejos de operar como contrapesos armónicos, se enfrascan en una pugna que erosiona la confianza ciudadana y desvía la atención de los problemas urgentes que aquejan a la nación.

EL EPICENTRO DEL CONFLICTO: JUSTICIA Y MINISTERIO PÚBLICO

En el corazón de esta crisis se halla el persistente enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Acusaciones de injerencia, cuestionamientos a la idoneidad de magistrados y fiscales, y procesos disciplinarios cruzados han marcado la pauta. Mientras el Ministerio Público, como garante de la legalidad y persecutor del delito, busca afirmar su autonomía y sus facultades investigativas, la JNJ, encargada de nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales, defiende su rol como pilar de la meritocracia y la independencia judicial. Esta dinámica, lejos de fortalecer el sistema, lo expone a la percepción de una politización interna y una lucha de poderes que debilita su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y eficiente.

EL ROL DE LOS PODERES POLÍTICOS: CONGRESO Y EJECUTIVO

La polarización se intensifica con la activa participación del Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, que, en lugar de mediar o buscar puntos de encuentro, a menudo parecen tomar partido. El Parlamento, con sus facultades de control político, ha iniciado procedimientos que algunos interpretan como intentos de influir en las decisiones de la JNJ o del Ministerio Público, generando tensiones sobre la separación de poderes. Por su parte, el Ejecutivo, aunque con un rol más limitado en estas disputas directas, no ha logrado erigirse como un factor de cohesión, y sus pronunciamientos o silencios son a menudo leídos como un respaldo tácito a una u otra facción, complicando aún más el panorama.

CONSECUENCIAS DE UNA CONFRONTACIÓN CONSTANTE

Esta recurrente confrontación institucional tiene efectos perniciosos. En primer lugar, desvía recursos y energía que deberían destinarse a la resolución de problemas nacionales como la inseguridad ciudadana, la reactivación económica o la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, y quizás lo más grave, socava la credibilidad de las instituciones ante la ciudadanía. Cuando los pilares de la democracia –justicia, control y gobierno– se muestran divididos y enfrascados en luchas internas, el ciudadano común pierde la fe en el sistema, lo que puede derivar en desafección política y un caldo de cultivo para soluciones populistas o autoritarias.

HACIA UN NUEVO PARADIGMA: PILARES DE CONVIVENCIA

La situación actual exige una reflexión profunda sobre el propósito y la función de cada institución. En una democracia robusta, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Congreso y el Ejecutivo no deben ser adversarios, sino pilares interconectados que sostienen el edificio del Estado. Su misión conjunta es garantizar el equilibrio de poderes, la legalidad y el bienestar de la población. Esto implica un compromiso ineludible con el diálogo, el respeto mutuo a sus fueros y competencias, y la primacía del interés nacional sobre cualquier agenda particular o de grupo.

Es imperativo que los líderes de estas instituciones reconozcan la urgencia de deponer las armas retóricas y buscar consensos. Solo así podrán reconstruir la confianza, fortalecer el Estado de Derecho y, finalmente, cumplir con su verdadero rol: ser las bases sólidas sobre las que se asienta la convivencia política y social de un país que anhela estabilidad y progreso.

CONCLUSIONES

1.- La confrontación constante entre instituciones clave (Ministerio Público, JNJ, Congreso, Ejecutivo) está erosionando la gobernabilidad y desviando la atención de problemas urgentes del país. Esta lucha interna debilita la capacidad del Estado para abordar eficazmente desafíos como la inseguridad, la corrupción y la reactivación económica.

2.- La politización de la justicia y la percepción de una lucha de poderes socavan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Cuando los pilares del Estado se muestran divididos, la población pierde fe en el sistema, lo que puede generar desafección política y abrir la puerta a soluciones populistas o autoritarias.

3.- Es imperativo que los líderes institucionales prioricen el diálogo y el respeto mutuo para reconstruir la confianza y fortalecer el Estado de Derecho. Solo a través del compromiso con el interés nacional y la búsqueda de consensos podrán las instituciones cumplir su verdadero rol como bases sólidas de la convivencia política y social en Perú.

DATO

En horas de la mañana, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado que ha generado controversia en la clase política. El pronunciamiento ha sido criticado por tomar una postura que favorece al partido Fuerza Popular. Esto ocurre en un contexto donde el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial anular la participación de Fuerza Popular en procesos electorales. La solicitud se basa en la acusación de que el partido es una organización criminal. El comunicado de la PCM ha sido interpretado como una defensa de Fuerza Popular, generando críticas sobre la imparcialidad del gobierno.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe

English Translation
Institutional Crisis in Peru: “When institutional confrontation threatens governability and the position of a partisan Executive Branch”

Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe The Peruvian political arena finds itself, once again, in a whirlwind of institutional confrontation that threatens to destabilize the foundations of governability and justice. The country watches with concern as key entities such as the Public Ministry, the National Justice Board (JNJ), the Congress of the Republic, and the Executive Branch, far from operating as harmonious counterweights, become embroiled in a struggle that erodes citizen trust and diverts attention from the urgent problems facing the nation.

THE EPICENTER OF THE CONFLICT: JUSTICE AND THE PUBLIC MINISTRY

At the heart of this crisis lies the persistent confrontation between the Public Prosecutor’s Office and the National Justice Board. Accusations of interference, questions about the suitability of judges and prosecutors, and cross-disciplinary proceedings have set the tone. While the Public Prosecutor’s Office, as guarantor of legality and prosecutor of crime, seeks to assert its autonomy and investigative powers, the National Justice Board, responsible for appointing, ratifying, and sanctioning judges and prosecutors, defends its role as a pillar of meritocracy and judicial independence. This dynamic, far from strengthening the system, exposes it to the perception of internal politicization and a power struggle that weakens its ability to impartially and efficiently deliver justice.

THE ROLE OF THE POLITICAL BRANCHES: CONGRESS AND THE EXECUTIVE

Polarization is intensifying with the active participation of the Congress of the Republic and the Executive Branch, which, rather than mediating or seeking common ground, often appear to take sides. Parliament, with its powers of political oversight, has initiated procedures that some interpret as attempts to influence the decisions of the JNJ or the Public Prosecutor’s Office, generating tensions regarding the separation of powers. For its part, the Executive Branch, although playing a more limited role in these direct disputes, has failed to establish itself as a factor of cohesion, and its pronouncements or silences are often interpreted as tacit support for one faction or another, further complicating the situation.

CONSEQUENCES OF CONSTANT CONFRONTATION

This recurring institutional confrontation has pernicious effects. First, it diverts resources and energy that should be devoted to solving national problems such as citizen insecurity, economic recovery, or the fight against corruption. Second, and perhaps most seriously, it undermines the credibility of institutions among citizens. When the pillars of democracy—justice, oversight, and governance—are divided and mired in internal struggles, ordinary citizens lose faith in the system, which can lead to political disaffection and a breeding ground for populist or authoritarian solutions.

TOWARDS A NEW PARADIGM: PILLARS OF COEXISTENCE

The current situation demands a profound reflection on the purpose and function of each institution. In a robust democracy, the Public Prosecutor’s Office, the National Justice Board, Congress, and the Executive Branch should not be adversaries, but rather interconnected pillars that support the edifice of the State. Their joint mission is to guarantee the balance of powers, the rule of law, and the well-being of the population. This implies an inescapable commitment to dialogue, mutual respect for each other’s jurisdictions and powers, and the primacy of the national interest over any particular or group agenda.

It is imperative that the leaders of these institutions recognize the urgency of laying down rhetorical weapons and seeking consensus. Only in this way can they rebuild trust, strengthen the rule of law, and ultimately fulfill their true role: to serve as the solid foundations for political and social coexistence in a country that yearns for stability and progress.

CONCLUSIONS

1.- The constant confrontation between key institutions (the Public Ministry, the National Youth Council, Congress, and the Executive Branch) is eroding governability and diverting attention from the country’s urgent problems. This internal struggle weakens the state’s ability to effectively address challenges such as insecurity, corruption, and economic recovery.

2.- The politicization of the justice system and the perception of a power struggle undermine citizen confidence in democratic institutions. When the pillars of the state are divided, the population loses faith in the system, which can generate political disaffection and open the door to populist or authoritarian solutions.

3.- It is imperative that institutional leaders prioritize dialogue and mutual respect to rebuild trust and strengthen the rule of law. Only through a commitment to the national interest and the search for consensus can institutions fulfill their true role as solid foundations of political and social coexistence in Peru.

FACT

This morning, the Presidency of the Council of Ministers (PCM) issued a statement that has sparked controversy within the political community. The statement has been criticized for taking a stance that favors the Fuerza Popular party. This comes at a time when the Public Prosecutor’s Office has requested that the Judiciary annul Fuerza Popular’s participation in electoral processes. The request is based on the accusation that the party is a criminal organization. The PCM’s statement has been interpreted as a defense of Fuerza Popular, generating criticism about the government’s impartiality.

Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe