Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe La consolidación de una democracia sólida reposa sobre tres pilares fundamentales: la legitimidad de sus líderes, la transparencia de sus instituciones y la confianza ciudadana en el funcionamiento del sistema político. En el contexto peruano actual, la gestión del presidente Jerí se ha convertido en un foco de preocupación que erosiona estos cimientos, generando escenarios de riesgo que impactan directamente la credibilidad del proceso electoral próximo y la estabilidad del Estado de derecho.
ÉTICA GUBERNAMENTAL Y TRANSPARENCIA: FALENCIAS QUE SOCAVAN LA LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL
Desde un punto de vista técnico, la normativa peruana establece en el Código de Ética de Funcionarios Públicos (Decreto Supremo N° 005-2012-PCM) la obligatoriedad de declarar públicamente todas las reuniones con actores económicos nacionales y extranjeros que impliquen intereses que puedan afectar la gestión pública. Las acusaciones de ocultamiento de dichas reuniones no solo representan una posible violación a esta disposición, sino que configuran un precedente peligroso: al no rendir cuentas sobre los vínculos entre el poder ejecutivo y el sector privado extranjero, se genera una brecha en la rendición de cuentas que permite la circulación de especulaciones sobre decisiones públicas orientadas a intereses particulares.
Políticamente, esta situación refuerza el estereotipo de una clase política poco comprometida con los principios de integridad, lo que se traduce en una caída significativa de los índices de confianza en el gobierno: según encuestas recientes del Instituto de Investigación de Mercados y Opinión Pública (IMOP), la aprobación presidencial se sitúa en niveles históricamente bajos, con más del 70% de la población considerando que la gestión carece de transparencia. La tendencia del mandatario a atribuir estos cuestionamientos a “circunstancias ajenas” o “ataques políticos” desdibuja los límites entre responsabilidad individual y victimización estratégica, estableciendo un mal ejemplo para futuras generaciones de líderes. Desde una perspectiva de gobernanza, este enfoque desvía el foco de la necesidad de implementar mecanismos correctivos, como la creación de un registro público de reuniones gubernamentales con actores económicos, medida que ha sido exitosa en países como Chile y Brasil para fortalecer la transparencia.
ANTECEDENTES DEL MANDATARIO Y VÍNCULOS CON FIGURAS INVESTIGADAS: RIESGOS PARA LA IMPARCIALIDAD ELECTORAL
El presidente Jerí asumió el cargo con un historial de denuncias por violación y presuntos actos de corrupción, los cuales fueron archivados por motivos procesales pero no por ausencia de indicios relevantes, según informes del Ministerio Público. Esta base débil en materia de credibilidad personal se ha agravado en el período previo a las elecciones, cuando la percepción de imparcialidad del Estado es crucial para garantizar la equidad del proceso.
Desde el punto de vista político-institucional, la falta de claridad sobre sus vínculos con personas investigadas por delitos contra la administración pública plantea interrogantes sobre la posible influencia indebida en la definición de estrategias electorales, la financiación de partidos políticos o la designación de funcionarios encargados de la organización electoral. El Tribunal Constitucional, en su sentencia N° 023-2019-PI/TC, ha establecido que el poder ejecutivo debe abstenerse de cualquier acción que pueda alterar la igualdad de oportunidades entre candidatos, por lo que la persistencia de estas dudas configura un riesgo constitucional: si la población percibe que el Estado no actúa con imparcialidad, la legitimidad del resultado electoral queda en jaque.
FALTA DE CONTROL INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIAS DE DESVÍO DE ATENCIÓN: MINA LA POCA CULTURA DEMOCRÁTICA PERUANA
El propio mandatario ha reconocido los fallos en los filtros de seguridad del Palacio de Gobierno, un aspecto que revela una carencia en la gestión de riesgos institucionales. Desde una perspectiva técnica, esta debilidad no es aislada: se vincula a deficiencias en la coordinación entre el Ministerio del Interior, la Oficina de Seguridad del Estado y la Presidencia de la República, lo que plantea preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y el orden durante el proceso electoral. Si estos déficits no se corrigen de inmediato, existe el riesgo de que se repitan situaciones de vulnerabilidad que afecten la normalidad de los comicios.
Por otro lado, la estrategia de desviar la atención hacia supuestos “complots” en lugar de abordar los vacíos en sus explicaciones mina la cultura de rendición de cuentas que debe prevalecer en un sistema democrático. Desde el punto de vista político, esta táctica contribuye a la polarización social, ya que divide a la población entre quienes apoyan la versión gubernamental y quienes la rechazan, generando un clima de tensión que dificulta el diálogo constructivo. Esta polarización puede llevar a dos escenarios preocupantes: por un lado, la fragmentación del voto en múltiples candidaturas que dificultan la formación de mayorías gobernables; por otro, la consolidación de fuerzas populistas que explotan el descontento ciudadano para proponer modelos que alejan al país de las propuestas de Estado basadas en el diálogo y la institucionalidad.
INESTABILIDAD POLÍTICA Y CICLOS DE FALTA DE ÉTICA: RETOS PARA LA CONTINUIDAD DEMOCRÁTICA
La existencia de múltiples mociones de censura presentadas contra el presidente y su gabinete, sin que se haya alcanzado una resolución clara y consensuada, crea un clima de inestabilidad política que afecta la planificación y ejecución de medidas clave para garantizar elecciones limpias y ordenadas. El Congreso de la República, en su rol de control del poder ejecutivo, ha debatido estas iniciativas sin llegar a acuerdos que permitan avanzar en la solución de los problemas planteados, lo que refuerza la percepción de un sistema político bloqueado.
La comparación recurrente del mandatario con presidentes anteriores criticados por corrupción no resuelve los problemas actuales, sino que refuerza la narrativa de que la política peruana está atrapada en un ciclo de falta de ética y responsabilidad. Desde una perspectiva histórica, este ciclo se ha repetido en períodos electorales clave, generando en la población una sensación de desencanto que puede llevar a la abstención o al voto protesta, lo que afecta la representatividad del proceso democrático.
ESCENARIOS DE RIESGO SI NO SE RESTABLECE LA CONFIANZA
Si el presidente transitorio no logra implementar medidas concretas para restablecer la confianza ciudadana –como la creación de una comisión independiente para investigar las acusaciones pendientes, la implementación de mecanismos de transparencia reforzados y el diálogo con los actores políticos y sociales–, el resultado electoral podría ser cuestionado por sectores que consideren que el proceso no fue justo. Esto abriría la puerta a conflictos sociales y institucionales graves, como protestas masivas, impugnaciones judiciales prolongadas y la paralización de la gestión pública en el período post-electoral.
Desde el punto de vista internacional, esta situación podría afectar la percepción de Perú como país con un sistema democrático sólido, lo que tiene implicaciones en materia de inversión extranjera, cooperación internacional y participación en organismos regionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Alianza del Pacífico.
En resumen la crisis de confianza en la dirigencia ejecutiva no es un problema exclusivo del gobierno actual, sino un desafío que afecta la integridad de todo el sistema democrático peruano. Para garantizar elecciones limpias, ordenadas y reconocidas por toda la sociedad, es indispensable que el poder ejecutivo tome medidas decididas en materia de transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad, mientras que los demás poderes del Estado y los actores sociales trabajen en conjunto para fortalecer los cimientos de la democracia.
CONCLUSIONES
1.- La credibilidad del proceso electoral está en juego: La falta de transparencia y las dudas éticas que rodean a José Jerí generan un ambiente de desconfianza que puede llevar a que los ciudadanos cuestionen la validez de los resultados, debilitando el fundamento democrático del país.
2.- La inestabilidad institucional se agrava: La existencia de mociones de censura sin resolución y la constante polémica alrededor del mandatario crean un clima de incertidumbre que dificulta el normal desarrollo de la gestión pública y la preparación para las elecciones.
3.- El ejemplo presidencial es fundamental para la democracia: El comportamiento de Jerí, al justificar errores y desviar responsabilidades, envía una señal negativa sobre los valores que deben regir a los líderes políticos, afectando la formación de nuevas generaciones de dirigentes y la cultura democrática.
4.- La polarización política puede alterar el curso del país: Las posturas extremas generadas por la gestión del presidente pueden llevar a que los votantes decidan por opciones que respondan al descontento más que a propuestas concretas, lo que podría afectar la gobernabilidad a largo plazo.
5.- Es necesario fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas: El caso Jerí pone de manifiesto la necesidad de mejorar los filtros de transparencia en el Estado, así como los procedimientos para garantizar que los líderes cumplan con estándares éticos, tanto en tiempos de gobierno como en procesos electorales.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
English Translation
Crisis of Confidence in José Enrique Jerí Oré: “Institutional and Democratic Risks for Elections with a Mythomaniac Interim President”.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The consolidation of a strong democracy rests on three fundamental pillars: the legitimacy of its leaders, the transparency of its institutions, and public trust in the functioning of the political system. In Peru’s current context, President Jerí’s administration has become a focus of concern that erodes these foundations, generating risk scenarios that directly impact the credibility of the upcoming electoral process and the stability of the rule of law.
GOVERNMENT ETHICS AND TRANSPARENCY: FAILINGS THAT UNDERMINE INSTITUTIONAL LEGITIMACY
From a technical standpoint, Peruvian regulations establish in the Code of Ethics for Public Officials (Supreme Decree No. 005-2012-PCM) the obligation to publicly declare all meetings with national and foreign economic actors that involve interests which could affect public administration. Allegations of concealing such meetings not only represent a possible violation of this provision but also set a dangerous precedent: by failing to account for links between the executive branch and the foreign private sector, a gap in accountability is created that allows speculation to circulate about public decisions being driven by private interests.
Politically, this situation reinforces the stereotype of a political class that is not fully committed to integrity principles, which translates into a significant drop in government trust indices: according to recent surveys by the Institute of Market and Public Opinion Research (IMOP), presidential approval stands at historically low levels, with more than 70% of the population considering the administration lacks transparency. The head of state’s tendency to attribute these questions to “external circumstances” or “political attacks” blurs the line between individual responsibility and strategic victimization, setting a poor example for future generations of leaders. From a governance perspective, this approach diverts focus from the need to implement corrective mechanisms, such as creating a public registry of government meetings with economic actors – a measure that has been successful in countries like Chile and Brazil to strengthen transparency.
THE HEAD OF STATE’S BACKGROUND AND LINKS TO UNDER-INVESTIGATION FIGURES: RISKS TO ELECTORAL IMPARTIALITY
President Jerí took office with a history of allegations for rape and alleged acts of corruption, which were closed due to procedural reasons but not for lack of relevant evidence, according to reports from the Public Ministry. This weak foundation in terms of personal credibility has been exacerbated in the period leading up to the elections, when the perception of state impartiality is crucial to ensuring a fair process.
From a political-institutional standpoint, the lack of clarity regarding his links to individuals under investigation for crimes against public administration raises questions about possible undue influence in defining electoral strategies, funding political parties, or appointing officials responsible for organizing the election. The Constitutional Court, in its ruling No. 023-2019-PI/TC, has established that the executive branch must refrain from any action that could alter equal opportunities among candidates. Therefore, the persistence of these doubts poses a constitutional risk: if the public perceives that the state is not acting impartially, the legitimacy of the electoral result will be in jeopardy.
LACK OF INSTITUTIONAL CONTROL AND DISTRACTION STRATEGIES: UNDERMINES PERU’S FRAGILE DEMOCRATIC CULTURE
The head of state himself has acknowledged failures in the security filters of the Government Palace, an aspect that reveals a shortcoming in institutional risk management. From a technical perspective, this weakness is not isolated: it is linked to coordination deficits between the Ministry of the Interior, the State Security Office, and the Office of the President, raising concerns about the government’s ability to guarantee security and order during the electoral process. If these deficits are not corrected immediately, there is a risk that vulnerable situations will recur and affect the normal course of the elections.
On the other hand, the strategy of diverting attention to alleged “plots” instead of addressing gaps in his explanations undermines the culture of accountability that should prevail in a democratic system. From a political standpoint, this tactic contributes to social polarization, dividing the population between those who support the government’s version and those who reject it, creating a climate of tension that hinders constructive dialogue. This polarization can lead to two worrying scenarios: on one hand, vote fragmentation across multiple candidacies that make it difficult to form governable majorities; on the other, the consolidation of populist forces that exploit public discontent to propose models that take the country away from state policies based on dialogue and institutionality.
POLITICAL INSTABILITY AND CYCLES OF ETHICAL FAILINGS: CHALLENGES FOR DEMOCRATIC CONTINUITY
The existence of multiple impeachment motions filed against the president and his cabinet, without clear and consensual resolution, creates a climate of political instability that affects the planning and implementation of key measures to ensure clean and orderly elections. The Congress of the Republic, in its role as overseer of the executive branch, has debated these initiatives without reaching agreements that allow progress in solving the issues raised, reinforcing the perception of a blocked political system.
The repeated comparison of the head of state with previous presidents criticized for corruption does not resolve current problems but rather reinforces the narrative that Peruvian politics is trapped in a cycle of ethical failings and lack of responsibility. From a historical perspective, this cycle has repeated itself in key electoral periods, generating a sense of disillusionment among the public that can lead to abstention or protest voting, affecting the representativeness of the democratic process.
RISK SCENARIOS IF TRUST IS NOT RESTORED
If the interim president fails to implement concrete measures to restore public trust – such as establishing an independent commission to investigate pending allegations, implementing enhanced transparency mechanisms, and engaging in dialogue with political and social actors – the electoral result could be challenged by sectors that consider the process unfair. This would open the door to serious social and institutional conflicts, including mass protests, prolonged judicial challenges, and the paralysis of public administration in the post-electoral period.
From an international perspective, this situation could affect the perception of Peru as a country with a strong democratic system, which has implications for foreign investment, international cooperation, and participation in regional organizations such as the Andean Community of Nations (CAN) and the Pacific Alliance.
In summary, the crisis of trust in executive leadership is not an issue exclusive to the current government, but rather a challenge that affects the integrity of Peru’s entire democratic system. To ensure clean, orderly elections recognized by all of society, it is essential that the executive branch take decisive measures in terms of transparency, accountability, and impartiality, while the other branches of government and social actors work together to strengthen the foundations of democracy.
CONCLUSIONS
1. The credibility of the electoral process is at stake: The lack of transparency and ethical doubts surrounding José Jerí create an atmosphere of mistrust that could lead citizens to question the validity of the results, weakening the country’s democratic foundation.
2. Institutional instability is worsening: The existence of unresolved impeachment motions and ongoing controversy surrounding the head of state create a climate of uncertainty that hinders the normal conduct of public administration and preparation for the elections.
3. Presidential example is fundamental to democracy: Jerí’s behavior – justifying mistakes and deflecting responsibility – sends a negative signal about the values that should govern political leaders, affecting the development of new generations of officials and the democratic culture.
4. Political polarization can alter the country’s course: The extreme positions generated by the president’s administration could lead voters to choose options that respond to discontent rather than concrete proposals, which could affect long-term governability.
5. It is necessary to strengthen control and accountability mechanisms: The Jerí case highlights the need to improve transparency filters in the state, as well as procedures to ensure that leaders comply with ethical standards both in government and during electoral processes.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe