Perú Ley N.° 32507: ¿Refuerza la idoneidad en la función pública, o no?, ¿Qué cambia en la burocracia del país con esta Ley?

Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe La reciente promulgación de la Ley N.° 32507 representa un avance significativo en la consolidación de la meritocracia y la transparencia dentro de la administración pública peruana. Esta ley, que modifica la normativa vigente sobre la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública, introduce criterios más rigurosos para la designación de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

IMPLICACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

La Ley N.° 32507 se alinea con los principios constitucionales que rigen la función pública, específicamente el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, que establece que los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la Nación. Al elevar los estándares de idoneidad, se busca garantizar que quienes ocupan cargos de responsabilidad posean la formación, experiencia y capacidad necesarias para cumplir eficientemente con sus funciones, promoviendo así el interés general y el buen gobierno.

Desde una perspectiva legal, la modificación de la ley implica una revisión exhaustiva de los reglamentos y manuales de organización de las entidades públicas, con el fin de adaptar los perfiles de los puestos a los nuevos requisitos establecidos. Esto incluye la actualización de los procesos de selección y evaluación, así como la implementación de mecanismos de control y supervisión para asegurar el cumplimiento de la normativa.

ANÁLISIS DETALLADO DE LAS MODIFICACIONES

1.- Requisitos para Viceministros: La ley incrementa la exigencia de experiencia general de ocho a diez años, y requiere cuatro años de experiencia específica en puestos directivos o de nivel jerárquico similar. Este cambio busca asegurar que los viceministros cuenten con una trayectoria sólida y probada en la gestión pública o privada, lo que les permitirá tomar decisiones informadas y estratégicas.

2.- Equivalencias en la Experiencia: Se establecen criterios claros para la equivalencia de la experiencia específica, diferenciando entre funcionarios de elección popular, cargos directivos y asesorías profesionales. Esta precisión evita interpretaciones ambiguas y garantiza una aplicación uniforme de la ley en todos los niveles de la administración pública.

3.- Cómputo Acumulativo: La ley permite el cómputo acumulativo de los años de ejercicio de funciones, sin excluir ningún tipo de régimen laboral. Esto reconoce la diversidad de trayectorias profesionales y facilita la incorporación de talento proveniente de diferentes sectores.

4.- Aplicación a Directivos Públicos: Se extiende la aplicación de las equivalencias a los cargos de directivo público de libre designación y remoción señalados en el artículo 5 de la Ley N.° 31419. Esta medida fortalece la coherencia y la integralidad del marco normativo en materia de idoneidad.

5.- Responsabilidades de las Entidades Públicas: Se prohíbe a las entidades públicas establecer requisitos menores a los establecidos en la ley, bajo responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos involucrados. Esto refuerza el principio de legalidad y asegura que la normativa se aplique de manera rigurosa y uniforme en todo el Estado.

6.- Actuación de Servir: Se autoriza a Servir a establecer criterios de excepcionalidad y perfiles mínimos para la contratación de gerentes o directores regionales o municipales, en función de la realidad económico-social de cada zona del país. Esta medida reconoce la diversidad territorial del Perú y permite adaptar los requisitos de idoneidad a las necesidades específicas de cada región.

CONSIDERACIONES NORMATIVAS ADICIONALES

Es importante destacar que la Ley N.° 32507 se complementa con otras normas que regulan la función pública, como la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley N.° 27815) y la Ley Marco del Empleo Público (Ley N.° 28175). Estas normas establecen los principios, valores y deberes que deben observar los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, así como los derechos y obligaciones que les asisten.

Asimismo, es relevante mencionar que la Ley N.° 32507 se enmarca dentro de los esfuerzos del Estado peruano por fortalecer la lucha contra la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública. Al elevar los estándares de idoneidad, se busca reducir la discrecionalidad en la designación de funcionarios y directivos, y prevenir la infiltración de personas no calificadas o con antecedentes cuestionables en la administración pública.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

1.- Corrupción y falta de ética: La corrupción es uno de los mayores problemas que enfrenta el Estado peruano y afecta directamente el desempeño del personal burocrático. Los actos de corrupción, como el soborno y el favoritismo, desincentivan el buen desempeño y socavan la confianza en las instituciones públicas.

2.- Burocracia excesiva: La excesiva burocracia dificulta la gestión pública y reduce la eficiencia del personal. Los trámites engorrosos, la falta de coordinación entre entidades y la sobrerregulación generan retrasos, costos adicionales y desmotivación en los empleados públicos.

3.- Falta de capacitación y profesionalización: La falta de capacitación y profesionalización del personal burocrático limita su capacidad para desempeñar sus funciones de manera eficiente y eficaz. Es necesario invertir en programas de formación y desarrollo que permitan a los empleados públicos adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para mejorar su desempeño.

4.- Inestabilidad política: La inestabilidad política y los constantes cambios de gobierno afectan la continuidad de las políticas públicas y generan incertidumbre en el personal burocrático. Los cambios frecuentes de funcionarios y la falta de liderazgo dificultan la implementación de reformas y la mejora del desempeño.

5.- Bajos salarios y falta de incentivos: Los bajos salarios y la falta de incentivos desmotivan al personal burocrático y fomentan la corrupción. Es necesario establecer una política salarial justa y competitiva, así como implementar sistemas de incentivos que reconozcan y recompensen el buen desempeño.

POSIBLES SOLUCIONES

1.- Implementar medidas anticorrupción: Fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y sancionar los actos de corrupción.

2.- Simplificar los trámites burocráticos: Eliminar los trámites innecesarios, digitalizar los procesos y mejorar la coordinación entre entidades.

3.- Invertir en capacitación y profesionalización: Ofrecer programas de formación y desarrollo para el personal burocrático, promover la meritocracia y fomentar la especialización.

4.- Promover la estabilidad política: Fortalecer las instituciones democráticas, fomentar el diálogo y la concertación, y garantizar la continuidad de las políticas públicas.

5.- Mejorar las condiciones laborales:
Aumentar los salarios, ofrecer incentivos y promover un ambiente de trabajo motivador y estimulante.

En resumen, los sueldos en la administración pública del Perú no son iguales en todas las regiones. Lima, como capital, tiende a tener salarios más altos debido al mayor costo de vida, pero otras regiones pueden ofrecer salarios competitivos para atraer y retener talento.

EJEMPLOS DE DIFERENCIAS SALARIALES

Contraloría General de la República: La Contraloría ofrece empleos en todas las regiones del Perú con salarios que oscilan entre S/ 2,500 y S/ 12,500. Los puestos y salarios varían según la ubicación y la especialidad requerida.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): El MIMP ofrece puestos de trabajo en Lima y 19 regiones con sueldos que van desde S/ 2,500 hasta S/ 10,000. Los salarios varían según la ubicación, la carrera y la experiencia del candidato.

Alcaldes: Los sueldos de los alcaldes en Perú varían según el tamaño de la población que representan, desde S/ 2,600 hasta S/ 13,260. El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima recibe una remuneración mensual de S/ 15,600.

Gerentes Regionales: Los gerentes generales de los gobiernos regionales tienen un salario de S/ 14,000 mensuales.

CONCLUSIONES

1.- La Ley N.° 32507 representa un avance significativo en la consolidación de la meritocracia y la transparencia en la función pública peruana, al establecer criterios más rigurosos para la designación de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

2.- La modificación de la ley implica una revisión exhaustiva de los reglamentos y manuales de organización de las entidades públicas, con el fin de adaptar los perfiles de los puestos a los nuevos requisitos establecidos.

3.- La ley se alinea con los principios constitucionales que rigen la función pública, específicamente el artículo 39 de la Constitución Política del Perú, que establece que los funcionarios y servidores públicos están al servicio de la Nación.

4.- La autorización a Servir para establecer criterios de excepcionalidad y perfiles mínimos para la contratación de gerentes o directores regionales o municipales reconoce la diversidad territorial del Perú y permite adaptar los requisitos de idoneidad a las necesidades específicas de cada región.

5.- La Ley N.° 32507 se enmarca dentro de los esfuerzos del Estado peruano por fortalecer la lucha contra la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe

Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The recent enactment of Law No. 32507 represents a significant step forward in consolidating meritocracy and transparency within the Peruvian public administration. This law, which modifies the current regulations on suitability for access to and exercise of public service, introduces more rigorous criteria for the appointment of officials and managers who are freely appointed and removed.

CONSTITUTIONAL AND LEGAL IMPLICATIONS

Law No. 32507 aligns with the constitutional principles governing public service, specifically Article 39 of the Political Constitution of Peru, which establishes that public officials and employees are at the service of the Nation. By raising suitability standards, the aim is to ensure that those in positions of responsibility have the necessary training, experience, and ability to efficiently perform their duties, thereby promoting the public interest and good governance.

From a legal perspective, the amendment to the law entails a thorough review of the regulations and organizational manuals of public entities, in order to adapt job profiles to the new requirements. This includes updating selection and evaluation processes, as well as implementing control and oversight mechanisms to ensure compliance with the regulations.

DETAILED ANALYSIS OF THE AMENDMENTS

1.- Requirements for Deputy Ministers: The law increases the general experience requirement from eight to ten years and requires four years of specific experience in management positions or similar hierarchical levels. This change aims to ensure that deputy ministers have a solid and proven track record in public or private sector management, enabling them to make informed and strategic decisions.

2.- Equivalencies in Experience: Clear criteria are established for the equivalence of specific experience, differentiating between elected officials, management positions, and professional consultancies. This precision avoids ambiguous interpretations and guarantees the uniform application of the law at all levels of public administration.

3.- Cumulative Calculation: The law allows for the cumulative calculation of years of service, without excluding any type of employment regime. This recognizes the diversity of professional backgrounds and facilitates the incorporation of talent from different sectors.

4.- Application to Public Managers: The application of the equivalencies is extended to the public manager positions of free appointment and removal indicated in Article 5 of Law No. 31419. This measure strengthens the coherence and comprehensiveness of the regulatory framework regarding suitability.

5.- Responsibilities of Public Entities: Public entities are prohibited from establishing requirements lower than those established by law, under penalty of law for the officials and public servants involved. This reinforces the principle of legality and ensures that the regulations are applied rigorously and uniformly throughout the State.

6.- SERVIR’s Actions: SERVIR is authorized to establish exceptional criteria and minimum profiles for the hiring of regional or municipal managers or directors, based on the socio-economic realities of each region of the country. This measure recognizes Peru’s territorial diversity and allows for adapting suitability requirements to the specific needs of each region.

ADDITIONAL REGULATORY CONSIDERATIONS

It is important to note that Law No. 32507 is complemented by other regulations governing public service, such as the Law of the Code of Ethics for Public Service (Law No. 27815) and the Framework Law on Public Employment (Law No. 28175). These regulations establish the principles, values, and duties that public officials and employees must observe in the performance of their duties, as well as their rights and obligations.

It is also relevant to mention that Law No. 32507 is part of the Peruvian State’s efforts to strengthen the fight against corruption and promote transparency in public administration. By raising suitability standards, the aim is to reduce discretion in the appointment of officials and managers, and to prevent the infiltration of unqualified individuals or those with questionable backgrounds into the public administration.

FACTORS THAT INFLUENCE THE PERFORMANCE OF PUBLIC ADMINISTRATION PERSONNEL

1.- Corruption and Lack of Ethics: Corruption is one of the biggest problems facing the Peruvian State and directly affects the performance of bureaucratic personnel. Acts of corruption, such as bribery and favoritism, discourage good performance and undermine trust in public institutions.

2.- Excessive Bureaucracy: Excessive bureaucracy hinders public administration and reduces staff efficiency. Cumbersome procedures, lack of coordination between entities, and overregulation generate delays, additional costs, and demotivation among public employees.

3.- Lack of training and professionalization: The lack of training and professionalization of bureaucratic personnel limits their ability to perform their duties efficiently and effectively. It is necessary to invest in training and development programs that allow public employees to acquire the skills and knowledge necessary to improve their performance.

4.- Political instability: Political instability and constant changes in government affect the continuity of public policies and generate uncertainty among bureaucratic personnel. Frequent changes in officials and a lack of leadership hinder the implementation of reforms and the improvement of performance.

5.- Low salaries and lack of incentives: Low salaries and a lack of incentives demotivate bureaucratic personnel and foster corruption. It is necessary to establish a fair and competitive salary policy, as well as implement incentive systems that recognize and reward good performance.

POSSIBLE SOLUTIONS

1.- Implement anti-corruption measures: Strengthen control and oversight mechanisms, promote transparency and accountability, and punish acts of corruption.

2.- Simplify bureaucratic procedures: Eliminate unnecessary procedures, digitize processes, and improve coordination between entities.

3.- Invest in training and professional development: Offer training and development programs for public sector employees, promote meritocracy, and encourage specialization.

4.- Promote political stability: Strengthen democratic institutions, foster dialogue and consensus-building, and guarantee the continuity of public policies.

5.- Improve working conditions: Increase salaries, offer incentives, and promote a motivating and stimulating work environment.

In summary, salaries in Peru’s public administration are not the same across all regions. Lima, as the capital, tends to have higher salaries due to the higher cost of living, but other regions can offer competitive salaries to attract and retain talent.

EXAMPLES OF SALARY DIFFERENCES

Office of the Comptroller General of the Republic: The Comptroller’s Office offers jobs in all regions of Peru with salaries ranging from S/ 2,500 to S/ 12,500. Positions and salaries vary according to location and required specialization.

Ministry of Women and Vulnerable Populations (MIMP): The MIMP offers job positions in Lima and 19 regions with salaries ranging from S/ 2,500 to S/ 10,000. Salaries vary depending on location, career, and experience.

Mayors: Mayors’ salaries in Peru vary according to the size of the population they represent, from S/ 2,600 to S/ 13,260. The mayor of the Metropolitan Municipality of Lima receives a monthly salary of S/ 15,600.

Regional Managers: The general managers of regional governments have a monthly salary of S/ 14,000.

CONCLUSIONS

1.- Law No. 32507 represents a significant step forward in consolidating meritocracy and transparency in the Peruvian public service, by establishing more rigorous criteria for the appointment and removal of officials and managers at will.

2.- The amendment to the law entails a thorough review of the regulations and organizational manuals of public entities, in order to adapt job profiles to the new requirements established.

3.- The law aligns with the constitutional principles governing the public service, specifically Article 39 of the Political Constitution of Peru, which establishes that public officials and employees are at the service of the Nation.

4.- The authorization granted to SERVIR (National Civil Service Authority) to establish criteria for exceptional circumstances and minimum profiles for the hiring of regional or municipal managers or directors recognizes Peru’s territorial diversity and allows for adapting suitability requirements to the specific needs of each region.

5.- Law No. 32507 is part of the Peruvian State’s efforts to strengthen the fight against corruption and promote transparency in public administration.

Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe

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