Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe La Presidencia del Consejo de Ministros informa que el Gobierno del presidente de la República, José María Balcázar, ha aprobado la Política General de Gobierno 2026, un instrumento rector de carácter excepcional que orientará la acción del Ejecutivo hasta el 28 de julio.
Se trata de un documento de gestión transitoria, diseñado en respuesta a la coyuntura nacional, que complementa los nueve ejes estratégicos del plan de gobierno publicado previamente (entre ellos paz social, concertación nacional y protección social). Como instrumento rector, su función es establecer lineamientos claros para la toma de decisiones en todas las dependencias del poder ejecutivo, garantizando que las acciones se alineen con objetivos comunes en un plazo limitado. Su carácter “excepcional” se justifica por la necesidad de abordar con celeridad los desafíos urgentes que enfrenta el país, antes del inicio de un nuevo período constitucional.
La política prioriza tres temas fundamentales para el país: la seguridad ciudadana, la continuidad económica y una transición democrática ordenada.
Estos ejes responden a la alta demanda ciudadana por resultados concretos, según el Gobierno. La estrategia se centra en acción inmediata (implementación de medidas con impacto rápido), eficiencia del gasto público (optimización de recursos para evitar desvíos y maximizar beneficios) y coordinación entre niveles de gobierno (alianzas entre nacional, regional y local para evitar duplicidades y fortalecer la ejecución de políticas). El objetivo final es recuperar la estabilidad y asegurar condiciones de gobernabilidad para el próximo ciclo político.
“El país no puede esperar. Esta es una gestión de transición, pero también de decisiones firmes. Nuestro compromiso es devolverle seguridad a la ciudadanía, estabilidad a la economía y garantías plenas al proceso democrático”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros.
Seguridad ciudadana: recuperación del orden interno
El primer eje se enfoca en enfrentar la criminalidad y restablecer el orden interno, a través de la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Este plan incluye operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con énfasis en zonas críticas (donde la incidencia del delito es más alta) y fortalecimiento de la inteligencia operativa (recopilación y análisis de información para prevenir y combatir actividades ilícitas). Además, se implementa un sistema permanente de seguimiento y evaluación con metas cuantificables de reducción del delito, lo que permite medir la efectividad de las acciones.
Asimismo, se impulsará el fortalecimiento del marco legal contra la criminalidad, incluyendo medidas para enfrentar con mayor contundencia la extorsión —un delito que afecta especialmente a pequeños negocios y familias— y una estrategia frontal contra la minería ilegal. Según estimaciones recientes, las exportaciones de oro ilegal en Perú superarían los 12.000 millones de dólares anuales, igualando o incluso superando las exportaciones formales del sector; esta actividad está vinculada a la violencia, la degradación ambiental y la corrupción, afectando directamente la gobernabilidad territorial. El Gobierno también abordará otras economías ilícitas que socavan la seguridad y el desarrollo sostenible.
Continuidad económica: estabilidad y reactivación
El segundo eje busca garantizar la estabilidad macroeconómica y sostener la actividad productiva en todo el territorio. En este sentido, el Ejecutivo fortalece la respuesta a emergencias por lluvias mediante la articulación entre los tres niveles de gobierno y la agilización de mecanismos de financiamiento como el FONDES y el FIDT.
El Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), creado por la Ley N° 30458 y gestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas, financia actividades de reducción de riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Su gestión se rige por decretos supremos que buscan simplificar procedimientos y mejorar la asignación de recursos. Por su parte, el Fondo de Inversión para el Desarrollo Territorial (FIDT) apoya proyectos que impulsan el desarrollo regional y la reducción de desigualdades.
A ello se suman una cartera de proyectos regionales estratégicos, intervenciones productivas para dinamizar economías locales, la puesta en marcha de corredores logísticos multimodales (que integran transporte terrestre, marítimo y aéreo para mejorar la conectividad y competitividad), la implementación de fondos sociales en concesiones, el impulso a la seguridad energética (garantizar el suministro estable de energía eléctrica y combustibles) y acciones para vincular educación y productividad —con especial atención a la capacitación laboral y formación técnica adaptada a la demanda territorial.
Como parte de este eje, el Gobierno promoverá mecanismos para prevenir controversias en materia de inversión pública y Asociaciones Público-Privadas (APP). Según el Decreto Legislativo N° 1362, las APP son contratos de largo plazo entre el Estado y inversionistas privados para desarrollar proyectos de infraestructura y servicios públicos, distribuyendo riesgos y recursos. El objetivo es reducir trabas burocráticas, mejorar la ejecución de proyectos y brindar mayor predictibilidad a las inversiones —fundamental para mantener la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, considerando que la inversión extranjera directa en Perú alcanzó los 6.890 millones de dólares en 2024. La meta es que la estabilidad macroeconómica se traduzca en más empleo y desarrollo regional.
“El crecimiento económico no puede detenerse. Estamos destrabando inversiones, llevando recursos a las regiones y generando condiciones para que la estabilidad se traduzca en empleo y oportunidades”, señaló el jefe del gabinete.
Transición democrática: estabilidad política y elecciones seguras
El tercer eje tiene como objetivo asegurar una transición democrática ordenada, con respeto a las reglas del juego y condiciones adecuadas para unas elecciones sin incidentes.
Para ello, el Gobierno garantizará el financiamiento y el soporte logístico de los organismos electorales del país: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de organizar y ejecutar procesos electorales; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que resuelve controversias electorales; y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que actualiza el padrón electoral. La ONPE, en particular, es un organismo autónomo creado en 1993, cuya función es garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones, diseñar material electoral y coordinar la logística del proceso.
Además, se implementarán medidas para la protección de candidatos y locales de votación, así como el traslado seguro del material electoral en el país y en el extranjero. Paralelamente, el Gobierno promoverá espacios de diálogo político con las fuerzas representadas en el Congreso para asegurar la continuidad de políticas públicas prioritarias, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo regional y la infraestructura productiva.
La Presidencia del Consejo de Ministros reafirma que la Política General de Gobierno 2026 expresa una decisión firme para ordenar el país, sostener la economía y garantizar la democracia. Así, el Gobierno asume con responsabilidad su deber de conducir al Perú con estabilidad, capacidad de respuesta y una acción pública enfocada en resolver los problemas más urgentes de la ciudadanía.
CONCLUSIONES
1.- La Política General de Gobierno 2026 es un instrumento transitorio pero estratégico, diseñado para abordar los desafíos más apremiantes del país en un plazo limitado, complementando los ejes de gobierno a largo plazo y priorizando la seguridad, la economía y la transición democrática.
2.- Las medidas propuestas buscan equilibrar acción inmediata y sostenibilidad; por un lado, se implementan operativos de seguridad y mecanismos de financiamiento ágiles; por otro, se fortalecen marcos legales y se promueven alianzas público-privadas para asegurar la continuidad de los avances.
3.- La coordinación entre niveles de gobierno y organismos es clave para el éxito de la política, ya que permite optimizar recursos, evitar duplicidades y garantizar que las acciones lleguen de manera efectiva a la población, especialmente en regiones vulnerables.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
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Peru Announces its General Government Policy 2026: “José María Balcázar’s government administration prioritizes security, economy and democratic transition.”
Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The Presidency of the Council of Ministers reports that the Government of the President of the Republic, José María Balcázar, has approved the 2026 General Government Policy, a guiding instrument of an exceptional nature that will direct the actions of the Executive Branch until July 28.
This is a transitional management document, designed in response to the national context, which complements the nine strategic axes of the previously published government plan (including social peace, national dialogue, and social protection). As a guiding instrument, its role is to establish clear guidelines for decision-making across all branches of the executive power, ensuring that actions are aligned with common goals within a limited timeframe. Its “exceptional” nature is justified by the need to promptly address the urgent challenges facing the country, prior to the start of a new constitutional term.
The policy prioritizes three fundamental issues for the country: citizen security, economic continuity, and an orderly democratic transition.
These axes respond to the high demand from citizens for concrete results, according to the Government. The strategy focuses on immediate action (implementation of measures with rapid impact), efficiency in public spending (optimization of resources to avoid waste and maximize benefits), and coordination between levels of government (alliances between national, regional, and local authorities to avoid duplication and strengthen policy implementation). The ultimate goal is to restore stability and ensure governance conditions for the next political cycle.
“The country cannot wait. This is a transitional administration, but also one of firm decisions. Our commitment is to return security to citizens, stability to the economy, and full guarantees to the democratic process,” stated the President of the Council of Ministers.
Citizen Security: Restoring Internal Order
The first axis focuses on combating crime and restoring internal order through the implementation of the National Citizen Security Plan. This plan includes joint operations between the National Police and the Armed Forces, with an emphasis on critical areas (where crime rates are highest) and strengthening operational intelligence (collection and analysis of information to prevent and combat illegal activities). In addition, a permanent monitoring and evaluation system will be implemented with quantifiable targets for reducing crime, allowing the effectiveness of actions to be measured.
Likewise, efforts will be made to strengthen the legal framework against crime, including measures to more forcefully address extortion —a crime that particularly affects small businesses and families— and a comprehensive strategy against illegal mining. According to recent estimates, illegal gold exports from Peru exceed USD 12 billion annually, matching or even surpassing formal exports from the sector; this activity is linked to violence, environmental degradation, and corruption, directly affecting territorial governance. The Government will also address other illegal economies that undermine security and sustainable development.
Economic Continuity: Stability and Reactivation
The second axis seeks to guarantee macroeconomic stability and sustain productive activity throughout the country. In this regard, the Executive Branch is strengthening its response to rain-related emergencies through coordination between the three levels of government and the streamlining of financing mechanisms such as FONDES and FIDT.
The Fund for Interventions in the Event of Natural Disasters (FONDES), created by Law No. 30458 and managed by the Ministry of Economy and Finance, funds risk reduction, preparedness, response, rehabilitation, and reconstruction activities. Its management is governed by supreme decrees aimed at simplifying procedures and improving resource allocation. For its part, the Territorial Development Investment Fund (FIDT) supports projects that promote regional development and reduce inequalities.
In addition, there is a portfolio of strategic regional projects, productive interventions to boost local economies, the implementation of multimodal logistics corridors (integrating land, sea, and air transport to improve connectivity and competitiveness), the deployment of social funds in concessions, the promotion of energy security (ensuring a stable supply of electricity and fuels), and actions to link education and productivity —with special attention to workforce training and technical education tailored to territorial demand.
As part of this axis, the Government will promote mechanisms to prevent disputes in public investment and Public-Private Partnerships (PPPs). Under Legislative Decree No. 1362, PPPs are long-term contracts between the State and private investors to develop infrastructure and public service projects, distributing risks and resources. The goal is to reduce bureaucratic barriers, improve project implementation, and provide greater predictability for investments —essential to maintain confidence among national and foreign investors, considering that foreign direct investment in Peru reached USD 6.89 billion in 2024. The aim is for macroeconomic stability to translate into more jobs and regional development.
“Economic growth cannot stop. We are unblocking investments, channeling resources to the regions, and creating conditions for stability to translate into employment and opportunities,” stated the Cabinet Chief.
Democratic Transition: Political Stability and Safe Elections
The third axis aims to ensure an orderly democratic transition, with respect for the rules of the game and appropriate conditions for incident-free elections.
To this end, the Government will guarantee financing and logistical support for the country’s electoral bodies: the National Office of Electoral Processes (ONPE), responsible for organizing and executing electoral processes; the National Jury of Elections (JNE), which resolves electoral disputes; and the National Registry of Identification and Civil Status (RENIEC), which updates the electoral roll. ONPE, in particular, is an autonomous body created in 1993, whose role is to ensure the transparency and legitimacy of elections, design electoral materials, and coordinate process logistics.
In addition, measures will be implemented to protect candidates and polling stations, as well as to safely transport electoral materials within the country and abroad. At the same time, the Government will promote spaces for political dialogue with the forces represented in Congress to ensure the continuity of priority public policies, especially those related to regional development and productive infrastructure.
The Presidency of the Council of Ministers reaffirms that the 2026 General Government Policy expresses a firm commitment to organize the country, sustain the economy, and guarantee democracy. Thus, the Government assumes its responsibility to lead Peru with stability, responsiveness, and public action focused on solving citizens’ most urgent problems.
CONCLUSIONS
1.- The 2026 General Government Policy is a transitional but strategic instrument, designed to address the country’s most pressing challenges within a limited timeframe, complementing long-term government axes and prioritizing security, the economy, and democratic transition.
2.- The proposed measures seek to balance immediate action and sustainability; on one hand, security operations and agile financing mechanisms are being implemented; on the other, legal frameworks are being strengthened and public-private partnerships promoted to ensure continuity of progress.
3.- Coordination between levels of government and institutions is key to the policy’s success, as it allows optimizing resources, avoiding duplication, and ensuring that actions effectively reach the population, especially in vulnerable regions.
Source: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe