Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe La Asamblea Legislativa, con 57 votos a favor, ha ratificado una reforma constitucional que moderniza el sistema electoral salvadoreño. Impulsada por la diputada Ana Figueroa (Nuevas Ideas), la modificación busca fortalecer la democracia, optimizar el gasto público y reflejar la voluntad ciudadana: y que contempla tres ejes meridianamente establecidos: reelección indefinida, extensión del período presidencial y fin de la segunda vuelta.

SE INCLUYEN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
La eliminación de la segunda vuelta electoral, la extensión del mandato presidencial a seis años y la habilitación de la reelección presidencial indefinida. Para armonizar los ciclos electorales, se implementará una medida transitoria que reduce el mandato del Presidente Bukele en dos años, culminando en 2027, permitiendo así elecciones presidenciales, legislativas y municipales simultáneas en esa fecha.

El Presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, defiende las reformas como un fortalecimiento de la democracia, argumentando que se trata de enmiendas a la Constitución de 1983 (modificada en al menos 25 ocasiones a lo largo de su historia, muchas de ellas entre 1992 y 1993, según Castro, sin verdadera consulta popular), respondiendo a la demanda ciudadana y al actual contexto de gobernabilidad.

Se enfatiza que la reelección indefinida permitirá al pueblo “premiar o castigar” la gestión presidencial, mientras que la eliminación de la segunda vuelta y la homologación electoral generarán un ahorro estatal estimado en $50 millones por elección, recursos que podrían destinarse a la construcción de hospitales y escuelas. La diputada Figueroa subraya que las reformas corrigen una estructura electoral que favorecía prácticas corruptas y el despilfarro de fondos públicos por parte de partidos tradicionales, eliminando la financiación estatal de campañas y la fragmentación de los ciclos electorales.

Las enmiendas a los artículos 75 y 152 permiten la reelección presidencial indefinida, equiparando la situación del presidente con la de otros cargos electos. Se elimina la prohibición constitucional de la reelección, concediendo al pueblo el poder de decidir sobre la permanencia de cualquier funcionario, incluyendo el presidente. La extensión del mandato presidencial a seis años (artículo 154) busca mayor estabilidad electoral y reducción de costos. La supresión de la segunda vuelta (artículo 80) agiliza el proceso electoral y optimiza recursos.

Así, la disposición transitoria para la homologación electoral, acortando el mandato presidencial actual, busca una única jornada electoral en 2027, considerada un “termómetro político” para evaluar la gestión del gobierno.

De otro lado, las reformas constitucionales en El Salvador, que permiten la reelección presidencial indefinida, la extensión del período presidencial y la eliminación de la segunda vuelta electoral, tienen implicaciones significativas tanto para la región como para el país.

IMPLICACIONES PARA LA REGIÓN

Preocupación por la democracia.
Estas reformas generan preocupación en la comunidad internacional y regional, ya que se perciben como un retroceso democrático y una concentración de poder en el Ejecutivo. La reelección indefinida, en particular, se considera un riesgo para la alternancia en el poder y puede alentar tendencias autoritarias en otros países de la región.

Desconfianza internacional.
Las reformas podrían generar desconfianza en El Salvador por parte de otros países, organismos internacionales y socios comerciales, lo que podría afectar las relaciones diplomáticas y la cooperación económica.

Modelo a seguir.
Existe el riesgo de que otros gobiernos de la región, tentados por la popularidad del presidente Bukele, sigan un camino similar de reformas constitucionales para perpetuarse en el poder, lo que podría desestabilizar aún más la región.

REPERCUSIONES EN EL SALVADOR

Concentración de poder.
Las reformas consolidan el poder en manos del presidente, debilitando el equilibrio de poderes y la independencia de otras instituciones estatales, como el poder judicial y el órgano electoral.

Riesgo para los derechos humanos.
Existe preocupación de que las reformas puedan abrir la puerta a futuras enmiendas constitucionales que erosionen aún más las protecciones de los derechos humanos en el país.

Debilitamiento de la democracia.
Al permitir la reelección indefinida y eliminar la segunda vuelta, se reduce la competencia política y se corre el riesgo de un régimen autoritario, lo que podría afectar la participación ciudadana y la rendición de cuentas del gobierno.

Ahorro económico.
El gobierno argumenta que la eliminación de la segunda vuelta electoral generará ahorros significativos para el Estado, que podrían destinarse a programas sociales y otras inversiones públicas. Sin embargo, los críticos señalan que estos ahorros no compensan el daño a la democracia y el estado de derecho.

División social.
Las reformas han generado una profunda división en la sociedad salvadoreña, entre quienes apoyan al gobierno y creen que son necesarias para transformar el país, y quienes las consideran un peligro para la democracia y las libertades civiles.

Finalmente, las reformas constitucionales en El Salvador tienen el potencial de generar inestabilidad política en la región y de socavar los principios democráticos y los derechos humanos en el país.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe

English Translation
Bukele Rewrites El Salvador’s Constitution: Indefinite Reelection, Extension of the Presidential Term, and End of the Runoff.

Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe The Legislative Assembly, with 57 votes in favor, has ratified a constitutional reform that modernizes the Salvadoran electoral system. Sponsored by Representative Ana Figueroa (Nuevas Ideas), the amendment seeks to strengthen democracy, optimize public spending, and reflect the will of the citizens. It includes three clearly established pillars: indefinite reelection, extension of the presidential term, and end of the runoff.

SIGNIFICANT CHANGES INCLUDED
The elimination of the runoff election, the extension of the presidential term to six years, and the establishment of indefinite presidential reelection. To harmonize electoral cycles, a transitional measure will be implemented that reduces President Bukele’s term by two years, ending in 2027, thus allowing for simultaneous presidential, legislative, and municipal elections on that date.

The President of the Assembly, Ernesto Castro, defends the reforms as a strengthening of democracy, arguing that they are amendments to the 1983 Constitution (modified at least 25 times throughout its history, many of them between 1992 and 1993, according to Castro, without a true popular consultation), responding to citizen demand and the current governance context.

He emphasizes that indefinite reelection will allow the people to “reward or punish” the presidential administration, while the elimination of the runoff and electoral homologation will generate an estimated state savings of $50 million per election, resources that could be allocated to the construction of hospitals and schools. Representative Figueroa emphasizes that the reforms correct an electoral structure that favored corrupt practices and the waste of public funds by traditional parties, eliminating state financing of campaigns and the fragmentation of electoral cycles.

The amendments to Articles 75 and 152 allow for indefinite presidential reelection, equating the president’s status with that of other elected officials. The constitutional prohibition on reelection is eliminated, granting the people the power to decide on the tenure of any official, including the president. The extension of the presidential term to six years (Article 154) seeks greater electoral stability and reduces costs. The elimination of the runoff election (Article 80) streamlines the electoral process and optimizes resources.

Thus, the transitional provision for electoral homologation, shortening the current presidential term, seeks a single election day in 2027, considered a “political thermometer” to evaluate the government’s performance.

On the other hand, the constitutional reforms in El Salvador, which allow for indefinite presidential reelection, the extension of the presidential term, and the elimination of the runoff election, have significant implications for both the region and the country.

IMPLICATIONS FOR THE REGION

Concern for democracy.
These reforms are causing concern in the international and regional communities, as they are perceived as a democratic setback and a concentration of power in the executive branch. Indefinite reelection, in particular, is considered a risk for alternation in power and could encourage authoritarian tendencies in other countries in the region.

International distrust.
The reforms could generate distrust in El Salvador among other countries, international organizations, and trading partners, which could affect diplomatic relations and economic cooperation.

Role model.
There is a risk that other governments in the region, tempted by President Bukele’s popularity, will follow a similar path of constitutional reforms to perpetuate themselves in power, which could further destabilize the region.

REPERCUSSIONS IN EL SALVADOR

Concentration of power.
The reforms consolidate power in the hands of the president, weakening the balance of power and the independence of other state institutions, such as the judiciary and the electoral body.

Risk to human rights.
There are concerns that the reforms could open the door to future constitutional amendments that would further erode human rights protections in the country.

Weakening of democracy.
Allowing indefinite reelection and eliminating the runoff election reduces political competition and risks authoritarian rule, which could affect citizen participation and government accountability.

Economic savings.
The government argues that eliminating the runoff election will generate significant savings for the state, which could be allocated to social programs and other public investments. However, critics point out that these savings do not compensate for the damage to democracy and the rule of law.

Social division.
The reforms have created a deep divide in Salvadoran society, between those who support the government and believe they are necessary to transform the country, and those who consider them a danger to democracy and civil liberties.

Finally, constitutional reforms in El Salvador have the potential to generate political instability in the region and undermine democratic principles and human rights in the country.

Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe