Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe El caso Dina Boluarte ha generado una profunda controversia en el ámbito constitucional y legal peruano. Se examina la interpretación del artículo 117 de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional, en contraste con las acciones del Ministerio Público. Se plantea la interrogante de si el Ministerio Público, en su función de persecución del delito, ha excedido sus facultades, lo que pone en duda el equilibrio de poderes y el respeto a las garantías constitucionales. Este análisis de la línea editorial de PrensaPerú busca clarificar los límites de la función fiscal y la protección de los derechos fundamentales en el contexto de investigaciones de gran trascendencia política.
ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: ACUSACIÓN AL PRESIDENTE EN FUNCIONES Y LA INTERPRETACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
El artículo 117 de la Constitución Política del Perú ha sido objeto de debate y controversia, especialmente en lo que respecta a la acusación del Presidente de la República en ejercicio. Este artículo establece las causales por las cuales el Presidente puede ser acusado durante su mandato. A continuación, se analiza el contenido del artículo y su interpretación a la luz de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC).
TEXTO DEL ARTÍCULO 117.
El artículo 117 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente:
El Presidente de la República sólo puede ser acusado durante su período por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución; y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y demás organismos del sistema electoral.
INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117.
El texto del artículo 117 delimita claramente las causales por las cuales se puede acusar al Presidente durante su mandato. Estas causales son taxativas y se refieren a acciones que atentan gravemente contra el orden constitucional y el funcionamiento del Estado.
1.- Traición a la Patria.
Este concepto se refiere a actos que comprometen la soberanía e independencia del país, como colaborar con un enemigo extranjero en tiempo de guerra.
2.- Impedir Elecciones.
Se refiere a cualquier acción que obstaculice la realización de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales.
3.- Disolver el Congreso.
La disolución del Congreso solo es permitido bajo las condiciones específicas del artículo 134 de la Constitución. Cualquier disolución fuera de estos casos es motivo de acusación.
4.- Impedir Reunión o Funcionamiento del Congreso o Entidades Electorales.
Se refiere a cualquier acción que impida el normal desarrollo de las actividades del Congreso, del Jurado Nacional de Elecciones o de otros organismos del sistema electoral.
PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el alcance del artículo 117 en diversas ocasiones. Sus veredictos han sido cruciales para delimitar y precisar la interpretación de este artículo.
Carácter Taxativo de las Causales.
El TC ha reafirmado que las causales establecidas en el artículo 117 son taxativas, es decir, solo se puede acusar al Presidente por estas causales específicas y no por otras. Esto garantiza la estabilidad del mandato presidencial y evita acusaciones basadas en interpretaciones extensivas o subjetivas.
Interpretación Restrictiva.
El TC ha abogado por una interpretación restrictiva de las causales, lo que significa que deben ser interpretadas de manera literal y ceñida al texto constitucional. Esto evita que se amplíen las causales de acusación a situaciones no contempladas expresamente en la Constitución.
Equilibrio de Poderes.
El TC ha enfatizado la importancia de mantener un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. La acusación al Presidente es una herramienta que debe ser utilizada con prudencia y solo en los casos en que se configure una de las causales establecidas en el artículo 117.
Debido Proceso.
En cualquier proceso de acusación constitucional, el TC ha subrayado la necesidad de respetar el debido proceso y los derechos fundamentales del Presidente, incluyendo el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
CASO DE DINA BOLUARTE ZEGARRA.
En el caso específico de la Presidenta Dina Boluarte Segarra, cualquier acusación constitucional debe enmarcarse estrictamente dentro de las causales del artículo 117. Dada la interpretación del Tribunal Constitucional, cualquier intento de acusación debe demostrar de manera fehaciente que la Presidenta ha incurrido en alguna de las causales taxativas establecidas en la Constitución.
Meridianamente queda establecido que el artículo 117 de la Constitución Política del Perú es una disposición clave que regula la acusación del Presidente de la República en ejercicio. Su interpretación, especialmente a través de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, garantiza la estabilidad del sistema político y el respeto al equilibrio de poderes. Cualquier intento de acusación constitucional debe basarse en pruebas sólidas y en una interpretación estricta del texto constitucional, asegurando así el debido proceso y los derechos fundamentales del Presidente.
COYUNTURA POLITICA vs ACUSACIÓN DE POSIBLES DELITOS NO CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
La coyuntura actual que ha llevado a la discusión sobre la posible acusación o investigación de la Presidenta Dina Boluarte se origina principalmente por las siguientes razones:
1.- Investigación por el Caso Rolex.
La Presidenta Boluarte está siendo investigada por la posesión de relojes de la marca Rolex y otras joyas de alto valor, cuyo origen no ha sido completamente esclarecido. Este caso ha generado dudas sobre la transparencia y la posible comisión de delitos como enriquecimiento ilícito o declaración falsa de bienes.
2.- Moción de Vacancia.
Debido a las investigaciones en curso, se han presentado mociones de vacancia en el Congreso contra la Presidenta Boluarte. Estas mociones buscan destituir a la Presidenta del cargo, argumentando que su conducta ha afectado la imagen y la credibilidad del país.
3.- Interpretación del artículo 117.
La controversia surge porque, según el artículo 117 de la Constitución, el Presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de los casos permitidos, o impedir el funcionamiento del Congreso o entidades electorales. La posesión de bienes de lujo y las acusaciones de corrupción no están explícitamente contempladas en este artículo.
4.- Debate sobre la Aplicabilidad del artículo 117.
Existe un debate sobre si las acusaciones de corrupción y la posesión de bienes de lujo pueden ser consideradas como una causal implícita de acusación, argumentando que afectan la dignidad del cargo y la estabilidad del país. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha mantenido una interpretación restrictiva del artículo 117, limitando las causales de acusación a las expresamente mencionadas en la Constitución.
5.- Posturas Políticas.
Diversos sectores políticos han aprovechado la situación para cuestionar la legitimidad de la Presidenta Boluarte y promover su destitución. La polarización política y la falta de consenso en el Congreso han exacerbado la controversia y dificultado la búsqueda de una solución legal y política.
Entonces que claro que la situación actual se origina por las investigaciones sobre la posesión de relojes Rolex y otras joyas por parte de la Presidenta Boluarte, lo que ha generado acusaciones de corrupción y cuestionamientos sobre su legitimidad. Esto ha llevado a un debate sobre la aplicabilidad del artículo 117 de la Constitución y a la presentación de mociones de vacancia en el Congreso.
INCOMODIDAD DEL EJECUTIVO ANTE EL ACCIONAR DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EL RECURSO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
La incomodidad del Ejecutivo y el recurso al Tribunal Constitucional (TC) en relación con el artículo 117 se deben a una serie de factores interrelacionados que involucran la actuación del Ministerio Público (MP) y la interpretación constitucional. Aquí te presento mi apreciación sobre esta situación:
1.- Percepción de Exceso en la Actuación del Ministerio Público.
El Ejecutivo podría percibir que el Ministerio Público está excediendo sus funciones al investigar a la Presidenta Boluarte por delitos que, según su interpretación, no están contemplados en el artículo 117 de la Constitución. Esto genera una tensión, ya que el Ejecutivo considera que el MP está actuando fuera de los límites establecidos por la Carta Magna.
2.- Interpretación Restrictiva vs. Interpretación Extensiva del artículo 117.
El Ministerio Público podría estar adoptando una interpretación más extensiva del Artículo 117, argumentando que ciertos actos de corrupción o falta de transparencia podrían ser considerados como una afectación a la dignidad del cargo y, por lo tanto, una causal implícita de acusación. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha mantenido una interpretación restrictiva, limitando las causales de acusación a las expresamente mencionadas en la Constitución.
3.- Protección del Mandato Presidencial.
El Ejecutivo, al recurrir al Tribunal Constitucional, busca proteger el mandato presidencial y evitar que se inicien procesos de acusación basados en interpretaciones que considera forzadas o que no se ajustan al espíritu de la Constitución. Esto se debe a que cualquier proceso de acusación constitucional puede generar inestabilidad política y afectar la gobernabilidad del país.
4.- Temor a la Judicialización de la Política.
Existe un temor a que el Ministerio Público esté siendo utilizado como una herramienta política para desestabilizar al gobierno. El Ejecutivo podría considerar que las investigaciones contra la Presidenta Boluarte tienen un trasfondo político y que se están utilizando para debilitar su posición y promover su destitución.
5.- Búsqueda de Claridad y Seguridad Jurídica.
Al recurrir al Tribunal Constitucional, el Ejecutivo busca obtener una interpretación clara y definitiva del artículo 117 que establezca los límites de la actuación del Ministerio Público y garantice la seguridad jurídica. Esto permitiría evitar interpretaciones ambiguas o subjetivas que puedan dar lugar a abusos o arbitrariedades.
En resumen, la incomodidad del Ejecutivo y el recurso al Tribunal Constitucional se deben a la percepción de que el Ministerio Público está excediendo sus funciones al investigar a la Presidenta Boluarte por delitos que no están contemplados en el artículo 117, a la interpretación restrictiva del TC sobre las causales de acusación y al temor a que se esté utilizando el Ministerio Público como una herramienta política para desestabilizar al gobierno.
FALTA CLARIDAD “JURISPRUDENCIA” EN EL ACTUAR PARA PERSEGUIR EL DELITO DEL ARTICULO 117 DE L CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
Para evitar que el Ministerio Público se extralimite en sus funciones y prevenir la creación de supuestas infracciones legales no contempladas en la Constitución, se deben implementar varias medidas y mecanismos. Aquí te presento un resumen de lo que se podría hacer:
1.- Clarificación y Delimitación de Funciones.
Es fundamental que exista una clarificación precisa y detallada de las funciones del Ministerio Público, estableciendo límites claros y específicos sobre su accionar. Esto implica definir con exactitud qué tipo de investigaciones y acusaciones están dentro de su competencia, evitando interpretaciones extensivas que puedan dar lugar a abusos.
2.- Interpretación Restrictiva del Artículo 117.
El Tribunal Constitucional (TC) debe mantener una interpretación restrictiva del artículo 117 de la Constitución, limitando las causales de acusación al Presidente a las expresamente mencionadas en la Carta Magna. Esto evitaría que se amplíen las causales de acusación a situaciones no contempladas, garantizando la estabilidad del mandato presidencial.
3.- Control y Supervisión Interna y Externa.
Establecer mecanismos de control y supervisión tanto internos como externos sobre la actuación del Ministerio Público. Esto podría incluir la creación de una instancia interna que revise la legalidad y la pertinencia de las investigaciones, así como la participación de la sociedad civil y otros organismos independientes en la supervisión de su labor.
4.- Fortalecimiento de la Independencia y Autonomía.
Si bien es crucial que el Ministerio Público rinda cuentas, también es esencial garantizar su independencia y autonomía para que pueda llevar a cabo sus funciones sin presiones políticas ni injerencias externas. Esto implica proteger a los fiscales de represalias y asegurar que cuenten con los recursos necesarios para realizar su trabajo de manera efectiva.
5.- Debido Proceso y Derechos Fundamentales.
En cualquier investigación o proceso judicial, es fundamental respetar el debido proceso y los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un juicio justo. Esto implica asegurar que las investigaciones se lleven a cabo de manera transparente y que se presenten pruebas sólidas antes de realizar acusaciones.
6.- Revisión Judicial de las Decisiones del Ministerio Público.
Establecer mecanismos para que las decisiones del Ministerio Público puedan ser revisadas por el Poder Judicial, garantizando que se ajusten a la ley y a la Constitución. Esto podría incluir la posibilidad de presentar recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad contra actos del MP que se consideren ilegales o arbitrarios.
7.- Ética y Profesionalismo.
Fomentar una cultura de ética y profesionalismo dentro del Ministerio Público, promoviendo la capacitación continua de los fiscales y la adopción de códigos de conducta que garanticen su imparcialidad y objetividad. Esto implica sancionar cualquier conducta inapropiada o falta de ética por parte de los fiscales.
8.- Participación Ciudadana.
Promover la participación ciudadana en el control y la supervisión del Ministerio Público, fomentando la transparencia y el acceso a la información sobre su gestión. Esto podría incluir la creación de mecanismos de denuncia y queja, así como la realización de audiencias públicas y consultas ciudadanas.
Al implementar estas medidas, se podría fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que el Ministerio Público cumpla su función de perseguir el delito sin extralimitarse en sus funciones ni crear infracciones legales inexistentes, más aún si es que no están contempladas en la ley peruana.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe
English Translation
The Public Prosecutor’s Office and the Constitutional Court: “A power struggle in the Boluarte case: political persecution or justice?”
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe The Dina Boluarte case has generated profound controversy in the Peruvian constitutional and legal sphere. The Constitutional Court’s interpretation of Article 117 of the Constitution is examined, in contrast to the actions of the Public Prosecutor’s Office. The question is raised as to whether the Public Prosecutor’s Office, in its role of prosecuting crimes, has exceeded its powers, calling into question the balance of powers and respect for constitutional guarantees. This analysis of PrensaPerú’s editorial line seeks to clarify the limits of the prosecutorial function and the protection of fundamental rights in the context of investigations of great political significance.
ARTICLE 117 OF THE POLITICAL CONSTITUTION OF PERU: ACCUSATION OF THE ACTING PRESIDENT AND THE INTERPRETATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT.
Article 117 of the Peruvian Political Constitution has been the subject of debate and controversy, especially regarding the impeachment of the sitting President of the Republic. This article establishes the grounds for which the President may be impeached during his term. The following analyzes the content of the article and its interpretation in light of the rulings of the Constitutional Court (TC).
TEXT OF ARTICLE 117
Article 117 of the Peruvian Political Constitution establishes the following:
The President of the Republic may only be impeached during his term for treason; for preventing presidential, parliamentary, regional, or municipal elections; for dissolving Congress, except in the cases provided for in Article 134 of the Constitution; and for preventing its meeting or functioning, or those of the National Elections Board and other bodies of the electoral system.
INTERPRETATION OF ARTICLE 117.
Article 117 clearly defines the grounds for impeaching the President during his term. These grounds are exhaustive and refer to actions that seriously undermine the constitutional order and the functioning of the State.
1.- Treason.
This concept refers to acts that compromise the sovereignty and independence of the country, such as collaborating with a foreign enemy in time of war.
2.- Preventing Elections.
This refers to any action that hinders the holding of presidential, parliamentary, regional, or municipal elections.
3.- Dissolving Congress.
The dissolution of Congress is only permitted under the specific conditions of Article 134 of the Constitution. Any dissolution outside of these cases is grounds for impeachment.
4.- Preventing the Meeting or Functioning of Congress or Electoral Entities.
This refers to any action that impedes the normal conduct of the activities of Congress, the National Elections Board, or other bodies of the electoral system.
PRONOUNCEMENTS OF THE CONSTITUTIONAL COURT.
The Constitutional Court has had the opportunity to rule on the scope of Article 117 on several occasions. Their rulings have been crucial in defining and clarifying the interpretation of this article.
Taxative Nature of the Grounds.
The Constitutional Court has reaffirmed that the grounds established in Article 117 are taxable, meaning that the President may only be impeached on these specific grounds and not on others. This guarantees the stability of the presidential term and prevents accusations based on broad or subjective interpretations.
Restrictive Interpretation.
The Constitutional Court has advocated for a restrictive interpretation of the grounds, meaning that they must be interpreted literally and strictly within the constitutional text. This prevents the grounds for impeachment from being extended to situations not expressly contemplated in the Constitution.
Balance of Powers.
The Constitutional Court has emphasized the importance of maintaining a balance of power between the Executive and Legislative branches. Impeaching the President is a tool that must be used prudently and only in cases where one of the grounds established in Article 117 is present.
Due Process.
In any constitutional impeachment process, the Constitutional Court has underscored the need to respect due process and the fundamental rights of the President, including the right to defense and the presumption of innocence.
CASE OF DINA BOLUARTE ZEGARRA.
In the specific case of President Dina Boluarte Segarra, any constitutional accusation must be strictly framed within the grounds set forth in Article 117. Given the Constitutional Court’s interpretation, any attempt at accusation must conclusively demonstrate that the President has incurred in one of the exhaustive grounds established in the Constitution.
It is clearly established that Article 117 of the Peruvian Political Constitution is a key provision regulating the impeachment of the sitting President of the Republic. Its interpretation, especially through the rulings of the Constitutional Court, guarantees the stability of the political system and respect for the balance of powers. Any attempt at impeachment must be based on solid evidence and a strict interpretation of the constitutional text, thus ensuring due process and the fundamental rights of the President.
POLITICAL SITUATION vs. ACCUSATION OF POSSIBLE CRIMES NOT CONTEMPLATED IN ARTICLE 117 OF THE POLITICAL CONSTITUTION.
The current situation that has led to the discussion about the possible impeachment or investigation of President Dina Boluarte stems mainly from the following reasons:
1.- Investigation into the Rolex Case.
President Boluarte is being investigated for the possession of Rolex watches and other high-value jewelry, the origin of which has not been fully clarified. This case has raised questions about transparency and the potential commission of crimes such as illicit enrichment or false declaration of assets.
2.- Motion for Impeachment.
Due to ongoing investigations, motions for impeachment against President Boluarte have been filed in Congress. These motions seek to remove the President from office, arguing that her conduct has affected the image and credibility of the country.
3.- Interpretation of Article 117.
The controversy arises because, according to Article 117 of the Constitution, the President can only be impeached during his term for treason, preventing elections, dissolving Congress outside of permitted cases, or impeding the functioning of Congress or electoral entities. The possession of luxury goods and accusations of corruption are not explicitly contemplated in this article.
4.- Debate on the Applicability of Article 117.
There is a debate about whether accusations of corruption and the possession of luxury goods can be considered implicit grounds for impeachment, arguing that they affect the dignity of the office and the stability of the country. However, the Constitutional Court has maintained a restrictive interpretation of Article 117, limiting the grounds for impeachment to those expressly mentioned in the Constitution.
5.- Political Positions.
Various political sectors have taken advantage of the situation to question the legitimacy of President Boluarte and promote her impeachment. Political polarization and the lack of consensus in Congress have exacerbated the controversy and made it difficult to find a legal and political solution.
So, it is clear that the current situation stems from the investigations into President Boluarte’s possession of Rolex watches and other jewelry, which has generated accusations of corruption and questions about her legitimacy. This has led to a debate on the applicability of Article 117 of the Constitution and the filing of impeachment motions in Congress.
EXECUTIVE DISCOMFORT WITH THE ACTIONS OF THE PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE AND THE APPEAL TO THE CONSTITUTIONAL COURT.
The Executive’s discomfort and the appeal to the Constitutional Court (CC) regarding Article 117 are due to a series of interrelated factors involving the actions of the Public Prosecutor’s Office (MP) and constitutional interpretation. Here is my assessment of this situation:
1.- Perception of Excessive Action by the Public Prosecutor’s Office.
The Executive Branch may perceive that the Public Prosecutor’s Office is exceeding its functions by investigating President Boluarte for crimes that, according to its interpretation, are not contemplated in Article 117 of the Constitution. This creates tension, as the Executive Branch believes the Public Prosecutor’s Office is acting outside the limits established by the Constitution.
2.- Restrictive Interpretation vs. Broad Interpretation of Article 117.
The Public Prosecutor’s Office may be adopting a more expansive interpretation of Article 117, arguing that certain acts of corruption or lack of transparency could be considered an impact on the dignity of the office and, therefore, an implicit cause for impeachment. However, the Constitutional Court has upheld a restrictive interpretation, limiting the grounds for impeachment to those expressly mentioned in the Constitution.
3.- Protection of the Presidential Mandate.
By appealing to the Constitutional Court, the Executive Branch seeks to protect the presidential mandate and prevent impeachment proceedings based on interpretations it considers forced or inconsistent with the spirit of the Constitution. This is because any impeachment proceedings can generate political instability and affect the country’s governability.
4.- Fear of the Judicialization of Politics.
There is a fear that the Public Prosecutor’s Office is being used as a political tool to destabilize the government. The Executive Branch could consider that the investigations against President Boluarte have a political undertone and are being used to weaken her position and promote her impeachment.
5.- Seeking Clarity and Legal Certainty.
By appealing to the Constitutional Court, the Executive Branch seeks a clear and definitive interpretation of Article 117 that establishes the limits of the Public Prosecutor’s Office’s activities and guarantees legal certainty. This would prevent ambiguous or subjective interpretations that could lead to abuse or arbitrariness.
In short, the Executive Branch’s discomfort and the appeal to the Constitutional Court are due to the perception that the Public Prosecutor’s Office is exceeding its functions by investigating President Boluarte for crimes not covered by Article 117, the Constitutional Court’s restrictive interpretation of the grounds for prosecution, and the fear that the Public Prosecutor’s Office is being used as a political tool to destabilize the government.
There is a lack of clarity regarding the “jurisprudence” in the actions taken to prosecute the crime covered by Article 117 of the Constitution.
To prevent the Public Prosecutor’s Office from exceeding its functions and preventing the creation of alleged legal violations not contemplated in the Constitution, several measures and mechanisms must be implemented. Here is a summary of what could be done:
1.- Clarification and Delimitation of Functions.
It is essential to have a precise and detailed clarification of the functions of the Public Prosecutor’s Office, establishing clear and specific limits on its actions. This implies defining precisely what types of investigations and accusations fall within its jurisdiction, avoiding broad interpretations that could lead to abuse.
2.- Restrictive Interpretation of Article 117.
The Constitutional Court (TC) should maintain a restrictive interpretation of Article 117 of the Constitution, limiting the grounds for impeaching the President to those expressly mentioned in the Constitution. This would prevent the grounds for impeachment from being expanded to situations not contemplated, guaranteeing the stability of the presidential term.
3.- Internal and External Control and Oversight.
Establish both internal and external control and oversight mechanisms over the actions of the Public Prosecutor’s Office. This could include the creation of an internal body to review the legality and relevance of investigations, as well as the participation of civil society and other independent bodies in supervising its work.
4.- Strengthening Independence and Autonomy.
While the accountability of the Public Prosecutor’s Office is crucial, it is also essential to guarantee its independence and autonomy so that it can carry out its functions without political pressure or external interference. This involves protecting prosecutors from retaliation and ensuring that they have the necessary resources to carry out their work effectively.
5.- Due Process and Fundamental Rights.
In any investigation or judicial process, it is essential to respect due process and the fundamental rights of all persons, including the right to defense, the presumption of innocence, and access to a fair trial. This involves ensuring that investigations are conducted transparently and that solid evidence is presented before accusations are made.
6.- Judicial Review of Public Prosecutor’s Office Decisions.
Establish mechanisms so that the decisions of the Public Prosecutor’s Office can be reviewed by the Judiciary, ensuring that they comply with the law and the Constitution. This could include the possibility of filing constitutional appeals or unconstitutionality actions against actions of the Public Prosecutor’s Office that are considered illegal or arbitrary.
7.- Ethics and Professionalism.
Foster a culture of ethics and professionalism within the Public Prosecutor’s Office, promoting ongoing training for prosecutors and the adoption of codes of conduct that guarantee their impartiality and objectivity. This entails sanctioning any inappropriate or unethical conduct on the part of prosecutors.
8.- Citizen Participation.
Promote citizen participation in the control and oversight of the Public Prosecutor’s Office, fostering transparency and access to information about its management. This could include the creation of complaint and grievance mechanisms, as well as the holding of public hearings and citizen consultations.
By implementing these measures, the rule of law could be strengthened and ensure that the Public Prosecutor’s Office fulfills its role of prosecuting crimes without exceeding its functions or creating nonexistent legal violations, especially if they are not contemplated in Peruvian law.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe