Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe Somos los Coordinadores Nacionales y Representantes de las Fiscalías Especializadas y Penales a Nivel Nacional. El Ministerio Público, ante la grave situación presupuestal, informa a la ciudadanía lo siguiente:
La Constitución, en su artículo 159, define nuestros roles y atribuciones, que van desde la promoción de la acción penal en defensa de la legalidad hasta la persecución del delito.
Estas funciones y atribuciones están en serio riesgo debido a la negativa del Ejecutivo a asignarnos el presupuesto solicitado, el cual, además, ha sido debidamente sustentado. El Ministerio Público necesita, para este año, 81 millones de soles para no afectar el trabajo de todos los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a la labor fiscal. Desde la Fiscalía de la Nación, se han realizado ocho demandas para lograr contar con el presupuesto adicional, pero todas han sido denegadas.
Desde el próximo mes de septiembre, están en serio riesgo todas las diligencias fiscales. Se podrían paralizar operativos importantes contra el crimen organizado y la extorsión. Se podrían paralizar los operativos de detección temprana de casos de trata de personas, las investigaciones, el rescate de víctimas, y la atención y protección de las mismas.
Desde las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, se verían afectadas las acciones contra la minería ilegal y el tráfico de animales silvestres. Estaríamos dejando a niños, niñas y adolescentes en estado de desprotección familiar y se perjudicarían las visitas de supervisión a los diferentes centros de atención residencial. Desde la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, no podríamos atender la altísima carga de fraudes informáticos y otros ciberdelitos.
Desde la Fiscalía de Prevención del Delito, las acciones contra la inseguridad ciudadana se verían muy limitadas. Desde las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, no podríamos avanzar en los casos de delitos tan graves como feminicidios y violencia sexual. Desde las Fiscalías de Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos y Extinción de Dominio, las redes de corrupción seguirían creciendo por falta de profesionales y recursos.
Desde la Fiscalía de Derechos Humanos y el equipo de investigación de protestas, no podríamos seguir ubicando e identificando a las víctimas de desapariciones forzadas, y los grupos de personas vulnerables quedarían más expuestas. Por otro lado, no podríamos concluir investigaciones por graves violaciones de derechos humanos ocurridas en las protestas del 2022 y 2023. El Ministerio Público ha demostrado eficiencia en el gasto.
El año pasado se logró una ejecución presupuestal del 97%. A la fecha, se cuenta con una ejecución presupuestal de más del 60%. El Ejecutivo ha declarado que debemos luchar juntos contra la minería ilegal y contra el crimen, que no es momento de enfrentarnos entre instituciones, y estamos totalmente de acuerdo con ellos.
Nuestro éxito es el resultado del trabajo conjunto que hacemos con otras instituciones. Pero no podemos exigir a los fiscales que trabajen sin las mínimas condiciones. Solicitamos atender el pedido presupuestal del Ministerio Público a fin de garantizar que exista justicia para todas las personas.
La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe
English Translation
Prosecutor’s Office in Emergency: The Executive Branch led by Dina Boluarte ignores budget demands.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe We are the National Coordinators and Representatives of the Specialized and Criminal Prosecutors’ Offices at the National Level. The Public Prosecutor’s Office, in light of the serious budget situation, informs the public of the following:
Article 159 of the Constitution defines our roles and powers, which range from promoting criminal action in defense of legality to the prosecution of crimes.
These functions and powers are seriously jeopardized due to the Executive Branch’s refusal to allocate us the requested budget, which, moreover, has been duly substantiated. The Public Prosecutor’s Office needs 81 million soles this year to maintain the work of all fiscal subsystems and support areas for prosecutorial work. The Attorney General’s Office has filed eight requests to obtain the additional budget, but all have been denied.
Starting next September, all prosecutorial proceedings are at serious risk. Important operations against organized crime and extortion could be paralyzed. Operations for the early detection of human trafficking cases, investigations, the rescue of victims, and their care and protection could be paralyzed.
The Specialized Environmental Prosecutor’s Offices would be affected by actions against illegal mining and wildlife trafficking. We would be leaving children and adolescents in a state of lack of family protection, and supervisory visits to various residential care centers would be hindered. The Cybercrime Prosecutor’s Office would be unable to address the extremely high burden of cyber fraud and other cybercrimes.
The Crime Prevention Prosecutor’s Office would be severely limited in its efforts to combat citizen insecurity. The Specialized Prosecutor’s Offices for Violence against Women and Family Members would be unable to make progress in cases of such serious crimes as femicide and sexual violence. From the Public Prosecutor’s Offices for Corruption of Officials, Money Laundering, and Asset Forfeiture, corruption networks continue to grow due to a lack of professionals and resources.
The Human Rights Prosecutor’s Office and the protest investigation team would be unable to continue locating and identifying victims of enforced disappearances, and vulnerable groups would be further exposed. Furthermore, we would be unable to conclude investigations into serious human rights violations that occurred during the 2022 and 2023 protests. The Public Prosecutor’s Office has demonstrated efficient spending.
Last year, the budget execution rate was 97%. To date, the budget execution rate has exceeded 60%. The Executive Branch has stated that we must fight illegal mining and crime together, that this is not the time for institutional confrontation, and we fully agree with them.
Our success is the result of the joint work we do with other institutions. But we cannot require prosecutors to work without the minimum conditions. We request that the Public Prosecutor’s Office’s budget request be met in order to guarantee justice for all.
Justice is not an expense; it’s an essential investment to strengthen our democracy.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe