Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe La inseguridad ciudadana, identificada como uno de los desafíos más apremiantes a nivel nacional, erosiona la armonía social, obstaculiza el progreso económico y debilita la credibilidad en las instituciones. La escalada de violencia en los actos delictivos, evidenciada por un aumento del 34% en la tasa de homicidios entre 2023 y 2024, según datos proporcionados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), intensifica la percepción de inseguridad y la sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos.
Las economías ilícitas, que abarcan la minería ilegal, el tráfico de drogas, la extorsión, la trata de personas, la tala ilegal y el tráfico de terrenos, entre otras actividades delictivas, constituyen el principal motor de la actual crisis de inseguridad y el consiguiente aumento de la violencia. Estas economías mueven aproximadamente cien mil millones de soles, ejercen control sobre vastos territorios, corrompen a funcionarios públicos y reclutan individuos para sus procesos productivos y de comercialización, alimentándose continuamente de la corrupción que garantiza su persistencia y, por ende, socavando los cimientos de la democracia. Se trata de organizaciones criminales, tanto nacionales como internacionales, que operan dentro del territorio peruano.
El crimen organizado representa uno de los mayores peligros que enfrenta la nación. Es imperativo que el gobierno asuma el liderazgo en la lucha frontal contra este flagelo. Frenar el aumento de la violencia y los homicidios, la quiebra de pequeños negocios a causa de extorsiones, la devastación de nuestro medio ambiente, así como el hostigamiento y asesinato de periodistas y defensores de sus territorios, debe ser una prioridad en la agenda nacional. En vísperas de las elecciones generales, el Acuerdo Nacional propone una serie de temas cruciales que deben ser considerados en la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Estos temas deberían integrarse en el debate electoral, con el objetivo de fomentar un voto informado y evitar que las economías ilegales avancen e infiltren la política nacional.
I. REFORMA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ Y DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD Y DE JUSTICIA PENAL
a) Reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) orientada principalmente reforzar la carrera policial estructurando líneas de carrera especializadas, promoviendo la vocación de servicio y los valores, y la eficacia en la acción preventiva y represiva.
CORTO PLazo:
Procesos de selección estándar, simultáneos y con una evaluación centralizada en todo el país, a través de exámenes transparentes con mayor rigor académico, pruebas psicofísicas avanzadas y empleando el polígrafo como herramienta complementaria.
Ascenso por acción distinguida, reglamentado y supervisado por un comité ético.
Dedicación exclusiva del policía con jornadas de 8 horas eliminando el régimen 24×24.
Comandante General de la PNP nombrado por dos años y con permanencia de un año adicional como máximo, por el logro de metas y resultados objetivos, a solicitud del Presidente de la República. Podrá ser relevado sólo por falta grave.
Régimen administrativo disciplinario que asegure la probidad del policía. Los efectivos que se encuentren bajo investigación por presunta comisión de faltas graves o delitos serán suspendidos provisionalmente de sus funciones hasta la finalización del proceso sumario correspondiente, garantizando el respeto al debido proceso y su derecho a la defensa.
Protección legal efectiva al policía que es demandado, denunciado o procesado administrativamente para impedir que cumpla sus funciones.
Publicación periódica de informes de rendición de cuentas.
MEDINO PLAZO:
Plan de carrera meritocrático. Establecer una línea de carrera objetiva, transparente, técnica y especializada, que promueva la capacitación continua y el logro de objetivos concretos.
Estructurar líneas de carrera especializadas para la policía nacional orientadas a:
Prevenir la delincuencia, prestar ayuda y proteger a las personas, resguardar la seguridad del patrimonio público y privado, garantizar el cumplimiento de las leyes, mantener y restablecer el orden interno, investigar las faltas, y vigilar y controlar las fronteras.
La inteligencia e investigación de la delincuencia común y el crimen organizado, que persiga e investigue la comisión de delitos desde la etapa preliminar, identifique a los responsables y recabe los elementos de prueba para la persecución penal.
Propuesta académica y pedagógica de calidad a nivel nacional con énfasis en valores cívicos y éticos:
Formación académica y prácticas especializadas.
Plana docente con acreditación académica y experiencia operativa que contribuya a cerrar las brechas entre la enseñanza teórica y las exigencias prácticas de la función policial.
Desconcentración de la actividad policial y la gestión de recursos con enfoque territorial, en base a data cualitativa y cuantitativa.
Consolidación de la vigilancia y control de las fronteras y del territorio marino.
LARGO PLAZO:
Distribución estratégica de las comisarías, en base a data cualitativa y cuantitativa, así como construcción de comisarías modulares para costa, sierra y selva.
b) Acción articulada entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Superintendencia de Banca y Seguros, Defensoría del Pueblo y Gobiernos Regionales y Locales con una estrategia común y con enfoque territorial
CORTO PLAZO:
Fortalecer la formulación, actualización, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales.
Articular la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 y la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado 2019-2030, y con las demás políticas nacionales1 a fin de garantizar coherencia en los objetivos y lineamientos establecidos por el sector público, contando con efectiva participación ciudadana.
Garantizar la interoperabilidad entre las instituciones directamente involucradas en la lucha contra el crimen organizado, coordinada por el Poder Ejecutivo.
Implementar la interoperabilidad de las bases de datos de instituciones públicas con el fin de luchar contra el crimen organizado, salvaguardando los derechos vinculados a la intimidad y privacidad de las personas.
Incorporar a representantes de organizaciones de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).
Contar con protocolos claros de coordinación entre la policía, los fiscales y los jueces.
Lograr un equilibrio entre la protección de derechos (por ejemplo, secreto de las comunicaciones y secreto bancario) y la necesidad de acciones inmediatas para luchar contra el crimen organizado.
Fortalecer la articulación entre los gobiernos regionales y locales con la policía nacional.
Ampliar la línea de denuncias de extorsiones.
Promover el uso de grilletes electrónicos seguros.
Establecer criterios adecuados de clasificación de los internos por tipo de delito y nivel de riesgo.
Asegurar el bloqueo de celulares e internet en los penales a fin de impedir el accionar delictivo de los internos.
MEDIANO PLAZO:
Fortalecer los programas de resocialización de los internos.
Incrementar el personal de seguridad en los establecimientos penitenciarios teniendo en cuenta la tecnología para reducir la proporción personal-interno.
Evaluar la creación de una carrera profesional penitenciaria.
Implementación tecnológica: tecnología de última generación en puertos y carreteras; y Centros de Coordinación, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) de alta tecnología1.
Fiscalizar a las empresas dedicadas a la importación y venta de armas, municiones e insumos empleados para la elaboración de explosivos que se comercializan a nivel nacional.
Identificar la procedencia del armamento y municiones empleados en la comisión de crímenes para detectar casos de tráfico ilegal.
Presupuesto adecuado; asignación de recursos a los gobiernos regionales y locales, dentro de un esquema de presupuesto por resultados; y uso de Asociaciones Público-Privadas y de Obras por Impuesto referidos a estos fines.
LARGO PLAZO:
Implementar un sistema integrado de lavado de activos, liderado por la UIF.
Desmantelar las estructuras que sostienen las cadenas de valor ilegales: control de los insumos químicos relacionados a la minería ilegal y al tráfico ilícito de drogas, protección policial a la SUNAT, freno de la exportación de oro ilegal, cierre de las rutas del narcotráfico, destrucción de dragas, entre otros.
Ampliar la capacidad carcelaria actual y construir nuevas cárceles con pabellones de máxima seguridad y alta tecnología.
c) Reforma del sistema de administración de justicia penal a cargo de una Comisión de Alto Nivel conformada por las entidades involucradas.
CORTO PLAZO:
Revisar y modificar, de manera integral, el Código Penal.
MEDIANO PLAZO:
Garantizar un número suficiente de jueces y fiscales, que ejerzan sus funciones con plena independencia.
Fortalecer la especialización de fiscales y jueces en materia de lucha contra el crimen organizado.
Fortalecer el control interno para garantizar la probidad en las entidades públicas.
Asegurar protección efectiva a fiscales y jueces encargados de acusar y juzgar a integrantes del crimen organizado.
Reducir el número de fiscales y jueces supernumerarios y provisionales y realizar una selección anual de candidatos para la designación de fiscales provisionales y jueces supernumerarios.
Garantizar el funcionamiento adecuado de los centros de flagrancia que cuenten con laboratorios de criminalística, medicina legal y carceletas, a fin de que puedan administrar justicia en corto tiempo para hechos delictivos de menor complejidad, descongestionando así el sistema judicial.
Expediente electrónico penal.
Apoyar la acción de la Comunidad Andina orientada a fortalecer la cooperación operativa, técnica, legislativa y estratégica entre Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú para prevenir, detectar y combatir las distintas formas de criminalidad organizada que afectan a la subregión andina.
Fomentar la cooperación internacional entre los países de la región.
II. REVISIÓN NORMATIVA
Estudio y modificación de la legislación vigente sobre el combate a la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, la extorsión y la trata de personas, para hacer más efectiva la labor de la Policía, del Ministerio Público y del Poder Judicial en la lucha contra estos flagelos, prestando especial atención al tipo penal del delito de organización criminal, a los plazos de los procesos de colaboración eficaz, de suspensión de la prescripción de la acción penal y de las interceptaciones telefónicas1, así como a la ley de extinción de dominio2.
III. PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
Fortalecer la formación en valores de los estudiantes de todo nivel en coordinación con las familias:
Aumentar una hora al curso de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica y propiciar espacios de formación cívica con el objetivo de: promover el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos; fomentar el respeto por la ley, la diversidad, la democracia y el bien común; reforzar el sentido de identidad nacional, compromiso cívico y participación social; y afianzar la formación en valores y responsabilidad social.
Revalorar espacios de formación ética y espiritual, sin perjuicio del respeto irrestricto a la libertad de conciencia, a fin de contribuir a: fortalecer principios éticos universales como la solidaridad, la justicia, la responsabilidad y el respeto por la dignidad humana; construir una convivencia pacífica y solidaria, desde una dimensión moral y espiritual; y consolidar la formación cívica con una visión humanista y trascendente del ser humano, promoviendo la formación de ciudadanos comprometidos con su comunidad y país.
Prevenir la delincuencia mediante urbanismo (recuperación de espacios públicos, iluminación, entre otros).
Trabajar con la población en situación de riesgo, principalmente adolescentes (ejemplo del Proyecto piloto del MINJUS en Villa El Salvador1).
Promover la participación del sector privado, la academia, la sociedad civil organizada y los partidos políticos en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad ciudadana.
Invocación a los partidos políticos, al Gobierno, al Ministerio Público y demás Poderes del Estado para que coordinen, adopten y ejecuten medidas propuestas desde la sociedad civil.
Campañas de prevención, educación y protección.
CONCLUSIONES:
1.- La inseguridad ciudadana es un problema multifactorial: No solo afecta la seguridad física, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y el desarrollo económico del país.
2.- Las economías ilícitas son el motor de la inseguridad: La minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas financian y sostienen el crimen organizado, generando violencia y corrupción.
3.- Se requiere una reforma integral del sistema de seguridad y justicia: Esto incluye la modernización de la Policía Nacional, la coordinación entre los poderes del Estado y la revisión del Código Penal.
4.- La prevención y la participación social son fundamentales: Fortalecer la formación en valores, recuperar espacios públicos y promover la participación ciudadana son claves para combatir la delincuencia.
5.- Es necesaria una acción coordinada y sostenida: La lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado requiere un compromiso a largo plazo de todos los actores sociales y políticos.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
English Translation
National Agreement: “Citizen participation to prevent crime, police reform, informed voting, and the fight against corruption.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe Citizen insecurity, identified as one of the most pressing challenges nationwide, erodes social harmony, hinders economic progress, and weakens the credibility of institutions. The escalation of violence in criminal acts, evidenced by a 34% increase in the homicide rate between 2023 and 2024, according to data provided by the National Computerized Death System (SINADEF), intensifies the perception of insecurity and the feeling of vulnerability among citizens.
Illicit economies, which include illegal mining, drug trafficking, extortion, human trafficking, illegal logging, and land trafficking, among other criminal activities, constitute the main driver of the current security crisis and the resulting increase in violence. These economies move approximately one hundred billion soles, exercise control over vast territories, corrupt public officials, and recruit individuals for their production and marketing processes, continually feeding off the corruption that guarantees their persistence and, consequently, undermining the foundations of democracy. These are criminal organizations, both national and international, that operate within Peruvian territory.
Organized crime represents one of the greatest dangers facing the nation. It is imperative that the government assume leadership in the frontal fight against this scourge. Halting the rise in violence and homicides, the bankruptcy of small businesses due to extortion, the devastation of our environment, as well as the harassment and murder of journalists and defenders of their territories, must be a priority on the national agenda. On the eve of the general elections, the National Agreement proposes a series of crucial issues that must be considered in the fight against citizen insecurity and organized crime. These issues should be integrated into the electoral debate, with the aim of promoting informed voting and preventing illegal economies from advancing and infiltrating national politics.
I. REFORM OF THE PERUVIAN NATIONAL POLICE AND THE SECURITY AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS
a) Reform of the Peruvian National Police (PNP), primarily aimed at strengthening the police career path by structuring specialized career lines, promoting a vocation for service and values, and promoting effective preventive and repressive action.
SHORT TERM:
Standard, simultaneous selection processes with centralized evaluation throughout the country, through transparent exams with greater academic rigor, advanced psychophysical tests, and the use of the polygraph as a complementary tool.
Promotion based on distinguished performance, regulated and supervised by an ethics committee.
Full-time police officers with 8-hour shifts, eliminating the 24/24 regime.
The General Commander of the PNP is appointed for two years and may remain in office for a maximum of one additional year, for achieving objective goals and results, at the request of the President of the Republic. He may be relieved only for serious misconduct.
An administrative disciplinary regime that ensures police integrity. Officers under investigation for alleged serious misconduct or crimes will be provisionally suspended from their duties until the conclusion of the corresponding summary proceedings, guaranteeing respect for due process and their right to defense.
Effective legal protection for police officers who are sued, reported, or administratively prosecuted to prevent them from performing their duties.
Periodic publication of accountability reports.
MEDIUM-TERM:
Meritocratic career plan. Establish an objective, transparent, technical, and specialized career path that promotes ongoing training and the achievement of specific objectives.
Structure specialized career paths for the national police force aimed at:
Preventing crime, assisting and protecting people, safeguarding the security of public and private assets, ensuring compliance with the law, maintaining and restoring internal order, investigating offenses, and monitoring and controlling borders.
Intelligence and investigation of common and organized crime, pursuing and investigating the commission of crimes from the preliminary stage, identifying those responsible, and gathering evidence for criminal prosecution.
Nationally recognized academic and pedagogical proposal with an emphasis on civic and ethical values:
Academic training and specialized internships.
Faculty with academic credentials and operational experience that contributes to closing the gaps between theoretical teaching and the practical demands of the police function.
Decentralization of police activity and resource management with a territorial focus, based on qualitative and quantitative data.
Consolidation of border and maritime surveillance and control.
LONG-TERM:
Strategic distribution of police stations, based on qualitative and quantitative data, as well as the construction of modular police stations for the coast, mountains, and jungle.
b) Coordinated action between the Executive Branch, Legislative Branch, Judicial Branch, Public Prosecutor’s Office, Superintendency of Banking and Insurance, Ombudsman’s Office, and Regional and Local Governments with a common strategy and a territorial focus.
SHORT-TERM:
Strengthen the formulation, updating, implementation, monitoring, and evaluation of national policies.
Coordinate the National Multisectoral Policy on Citizen Security to 2030 and the National Multisectoral Policy on the Fight Against Organized Crime 2019-2030, as well as other national policies1 to ensure consistency in the objectives and guidelines established by the public sector, with effective citizen participation.
Ensure interoperability between institutions directly involved in the fight against organized crime, coordinated by the Executive Branch.
Implement interoperability of public institutions’ databases to combat organized crime, safeguarding individuals’ rights to privacy.
Incorporate representatives of civil society organizations into the National Citizen Security Council (CONASEC).
Establish clear coordination protocols between the police, prosecutors, and judges.
Achieve a balance between the protection of rights (e.g., confidentiality of communications and banking secrecy) and the need for immediate action to combat organized crime.
Strengthen coordination between regional and local governments and the national police.
Expand the extortion reporting line.
Promote the use of secure electronic shackles.
Establish appropriate criteria for classifying inmates by type of crime and risk level.
Ensure cell phone and internet access are blocked in prisons to prevent inmates from engaging in criminal activity.
MEDIUM TERM:
Strengthen inmate rehabilitation programs.
Increase security personnel in penitentiary facilities, taking into account technology to reduce the staff-to-inmate ratio.
Evaluate the creation of a professional prison career.
Technological implementation: state-of-the-art technology in ports and highways; and high-tech Coordination, Control, Communications, Computing, and Intelligence (C5i) Centers.
Monitor companies dedicated to the import and sale of weapons, ammunition, and supplies used for the production of explosives sold nationwide.
Identify the origin of weapons and ammunition used in crimes to detect cases of illegal trafficking.
Adequate budgeting; allocation of resources to regional and local governments within a results-based budgeting framework; and use of Public-Private Partnerships and Tax-Based Works for these purposes.
LONG TERM:
Implement an integrated anti-money laundering system, led by the UIF (Financial Intelligence Unit).
Dismantle the structures that support illegal value chains: control of chemical inputs related to illegal mining and drug trafficking, provide police protection for SUNAT (National Tax Administration Service), curb the export of illegal gold, close drug trafficking routes, and destroy dredgers, among others.
Expand current prison capacity and build new prisons with high-security, high-tech facilities.
c) Reform the criminal justice system, led by a High-Level Commission comprised of the involved entities.
SHORT TERM:
Comprehensively review and modify the Penal Code.
MEDIUM TERM:
Guarantee a sufficient number of judges and prosecutors who exercise their functions with full independence.
Strengthen the specialization of prosecutors and judges in the fight against organized crime.
Strengthen internal control to ensure integrity in public entities.
Ensure effective protection for prosecutors and judges responsible for prosecuting and trying organized crime figures.
Reduce the number of temporary and supernumerary prosecutors and judges and conduct an annual selection of candidates for the appointment of temporary prosecutors and supernumerary judges.
Ensure the proper functioning of crime prevention centers equipped with forensic laboratories, forensic medicine, and jail cells, so that they can administer justice quickly for less complex crimes, thus relieving the judicial system.
Electronic criminal file.
Support the Andean Community’s efforts to strengthen operational, technical, legislative, and strategic cooperation among Ecuador, Bolivia, Colombia, and Peru to prevent, detect, and combat the various forms of organized crime affecting the Andean subregion.
Promote international cooperation among the countries of the region.
II. REGULATORY REVIEW
Study and amendment of current legislation on combating illegal mining, drug trafficking, extortion, and human trafficking to make the work of the Police, the Public Prosecutor’s Office, and the Judiciary more effective in combating these scourges, paying special attention to the criminal offense of organized crime, the time limits for effective collaboration proceedings, the suspension of the statute of limitations on criminal proceedings, and wiretapping,1 as well as the asset forfeiture law.2
III. PREVENTION AND SOCIAL PARTICIPATION
Strengthen the values education of students at all levels in coordination with families:
Increase the Personal, Citizenship, and Civic Development course by one hour and provide civic education spaces with the following objectives: promoting knowledge and exercising citizens’ rights and duties; fostering respect for the law, diversity, democracy, and the common good; reinforcing a sense of national identity, civic commitment, and social participation; and strengthening education in values and social responsibility.
Revalue spaces for ethical and spiritual education, without prejudice to unrestricted respect for freedom of conscience, in order to contribute to: strengthening universal ethical principles such as solidarity, justice, responsibility, and respect for human dignity; building peaceful and supportive coexistence from a moral and spiritual perspective; and consolidating civic education with a humanistic and transcendent vision of the human being, promoting the development of citizens committed to their community and country.
Prevent crime through urban planning (rehabilitation of public spaces, lighting, etc.).
Work with at-risk populations, primarily adolescents (example: the MINJUS pilot project in Villa El Salvador1).
Promote the participation of the private sector, academia, organized civil society, and political parties in the fight against organized crime and citizen insecurity.
Call on political parties, the government, the Public Prosecutor’s Office, and other branches of government to coordinate, adopt, and implement measures proposed by civil society.
Prevention, education, and protection campaigns.
CONCLUSIONS:
1.- Citizen insecurity is a multifactorial problem: It not only affects physical security but also erodes trust in institutions and the country’s economic development.
2.- Illicit economies are the driving force of insecurity: Illegal mining, drug trafficking, and other illicit activities finance and sustain organized crime, generating violence and corruption.
3.- A comprehensive reform of the security and justice system is required: This includes the modernization of the National Police, coordination between the branches of government, and a review of the Criminal Code.
4.- Prevention and social participation are essential: Strengthening values education, reclaiming public spaces, and promoting citizen participation are key to combating crime.
5.- Coordinated and sustained action is necessary: The fight against citizen insecurity and organized crime requires a long-term commitment from all social and political actors.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe