Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe El presidente José Jerí anunció el 6 de diciembre de 2025 la declaración de estado de emergencia en las provincias de Sullana y Piura, con evaluación para extenderla a Talara, en respuesta a la ola de violencia que azota la región norteña. El mandatario argumentó que se replicará el modelo aplicado en Lima, Callao, La Libertad y zonas fronterizas –basado en mayor articulación policial, inteligencia y restricción de procedimientos– para mitigar la sensación de inseguridad y reducir progresivamente los índices criminales. Sin embargo, la experiencia pasada y el análisis de los factores estructurales que alimentan la delincuencia plantean dudas sobre si estas medidas temporales logran acabar con la raíz del problema que azota al Perú.
CONTEXTO: LA OLA DE VIOLENCIA EN PIURA Y EL ANUNCIO GUBERNAMENTAL
La región de Piura ha registrado en los últimos seis meses un aumento de 45% en crímenes violentos –entre robos a mano armada, extorsiones y homicidios– según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La situación es especialmente crítica en Sullana, donde los delincuentes operan en bandas organizadas que controlan zonas urbanas y rurales, y en Talara, afectada por el tráfico de drogas y la delincuencia vinculada a la actividad petrolera.
Durante su visita a Piura –octava parada de su gira nacional–, el presidente Jerí visitó el centro de monitoreo de cámaras de Castilla, supervisó obras de infraestructura y entregó equipamiento a la policía (armamento, ambulancia, implementos de salvataje). En declaraciones a la prensa, aseguró que el estado de emergencia será “un arma más” para las fuerzas del orden, que contará con el apoyo de la sociedad civil al proporcionar información. El modelo replicado incluye la restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de circulación y la protección de datos personales, con la justificación de agilizar intervenciones policiales.
EL MODELO DE ESTADOS DE EMERGENCIA EN PERÚ: RESULTADOS PASADOS Y LIMITACIONES
Los estados de emergencia aplicados en Lima y Callao desde marzo de 2025 y en La Libertad desde julio de 2025 han generado resultados mixtos. Según la PNP, se registraron reducciones de hasta 30% en robos a mano armada en los primeros dos meses de aplicación en Lima, pero estos índices volvieron a aumentar en los siguientes meses. En La Libertad, la medida permitió detener a 230 miembros de bandas organizadas, pero no ha logrado disminuir la extorsión a pequeños empresarios ni el tráfico de drogas en zonas rurales.
Los expertos en seguridad ciudadana, como la académica del Centro de Estudios para la Seguridad y la Democracia (CESDEM) María Elena Casas, señalan que los estados de emergencia son medidas temporales y paliativas que no abordan los factores estructurales de la delincuencia: pobreza extrema (que afecta a 38% de la población de Piura, según el INEI), desempleo juvenil (42% en la región), falta de acceso a educación y salud, y debilidad de la justicia penal. “La policía puede detener delincuentes, pero si no hay oportunidades para los jóvenes ni un sistema judicial que sancione efectivamente, otros tomarán su lugar”, afirmó Casas en una entrevista reciente.
Además, las restricciones de derechos constitucionales han generado críticas por parte de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha alertado sobre casos de abusos policiales y violaciones a la dignidad humana en zonas bajo estado de emergencia. En Lima, se registraron 17 denuncias de tortura y maltrato por parte de efectivos policiales entre marzo y noviembre de 2025, según la Defensoría del Pueblo.
¿QUÉ FACTORES ESTRUCTURALES ALIMENTAN LA DELICUENCIA EN PIURA?
Para entender si los estados de emergencia acaban con la raíz del problema, es fundamental analizar los contextos que permiten la proliferación de la violencia en Piura:
Pobreza y desigualdad: La región es una de las más pobres del país, con 62% de la población en situación de vulnerabilidad económica. Los barrios marginales de Sullana y Piura son escenarios de falta de servicios básicos, lo que facilita la recrución de jóvenes por bandas organizadas.
Desempleo juvenil: Los jóvenes de 18 a 29 años representan el 70% de los detenidos por delincuencia en la región, según la PNP. La falta de oportunidades laborales y la baja calidad de la educación hacen que la delincuencia sea una alternativa “viable” para muchos.
Tráfico de drogas: Piura es un corredor estratégico para el tráfico de cocaína desde Colombia y Ecuador hacia el norte de Perú y el extranjero. Las bandas organizadas se financian con este comercio, lo que les permite adquirir armamento y expandir su influencia.
Debilidad de la justicia: El sistema judicial en Piura tiene un índice de resolución de casos criminales de solo 25%, según el Consejo Nacional de la Magistratura. La impunidad anima a los delincuentes a seguir con sus actividades.
LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL MÁS ALLÁ DE LOS ESTADOS DE EMERGENCIA
Durante su gira por Piura, el presidente Jerí anunció obras de infraestructura y la entrega de equipamiento a la policía, pero no ha presentado un plan integral para abordar los factores estructurales. El Gobierno ha asignado 2.500 millones de soles para seguridad ciudadana en 2026, pero solo el 15% de ese presupuesto está destinado a programas de prevención y reinserción social. Los expertos señalan que es necesario aumentar la inversión en educación, capacitación laboral y programas de integración juvenil para generar alternativas a la delincuencia.
La sociedad civil en Piura ha manifestado su apoyo a las medidas policiales, pero también ha pedido que el Gobierno se enfoque en la prevención. La Asociación de Pequeños Empresarios de Sullana (APES) ha solicitado la creación de un fondo para apoyar emprendimientos juveniles y la mejora de los servicios de justicia en la región.
CONCLUSIONES
1.- Los estados de emergencia en Piura, Sullana y Talara pueden generar reducciones temporales en la delincuencia y mejorar la sensación de seguridad ciudadana, pero no acaban con la raíz del problema.
2.- La experiencia pasada en otras regiones muestra que los índices criminales vuelven a aumentar una vez que se levanta la medida, debido a la persistencia de factores estructurales como la pobreza y el desempleo juvenil.
3.- Las restricciones de derechos constitucionales asociadas a los estados de emergencia representan un riesgo para la democracia y han generado casos de abusos policiales, lo que requiere un monitoreo estricto por parte de organismos independientes.
4.- El plan gubernamental actual se centra en medidas policiales y infraestructurales, pero carece de un enfoque integral de prevención que incluya inversión en educación, capacitación laboral y reinserción social.
5.- Para resolver la violencia en Piura y en el país, es necesario combinar medidas de seguridad con políticas que aborden las causas profundas de la delincuencia, con la participación de la sociedad civil y el sector privado.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
English Translation
States of Emergency in Piura, Sullana, and Talara: An Effective Weapon Against Crime or a Mask for a Problem Without a Root?
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe President José Jerí announced on December 6, 2025, the declaration of a state of emergency in the provinces of Sullana and Piura, with an evaluation to extend it to Talara, in response to the wave of violence plaguing the northern region. The president argued that the model applied in Lima, Callao, La Libertad, and border areas—based on greater police coordination, intelligence, and restricted procedures—would be replicated to mitigate the feeling of insecurity and progressively reduce crime rates. However, past experience and an analysis of the structural factors that fuel crime raise doubts about whether these temporary measures will manage to eliminate the root of the problem that plagues Peru.
CONTEXT: THE WAVE OF VIOLENCE IN PIURA AND THE GOVERNMENT ANNOUNCEMENT
The Piura region has registered a 45% increase in violent crimes—including armed robberies, extortion, and homicides—over the past six months, according to data from the National Institute of Statistics and Informatics (INEI). The situation is especially critical in Sullana, where criminals operate in organized gangs that control urban and rural areas, and in Talara, which is affected by drug trafficking and crime linked to the oil industry.
During his visit to Piura—the eighth stop on his national tour—President Jerí visited the Castilla camera monitoring center, inspected infrastructure projects, and delivered equipment to the police (weapons, an ambulance, and rescue gear). In statements to the press, he affirmed that the state of emergency will be “another weapon” for law enforcement, which will have the support of civil society through the provision of information. The replicated model includes the restriction of constitutional rights such as the inviolability of the home, freedom of movement, and the protection of personal data, justified by the need to expedite police interventions.
THE MODEL OF STATES OF EMERGENCY IN PERU: PAST RESULTS AND LIMITATIONS
The states of emergency implemented in Lima and Callao since March 2025 and in La Libertad since July 2025 have yielded mixed results. According to the Peruvian National Police (PNP), armed robberies decreased by up to 30% in the first two months of implementation in Lima, but these rates rose again in subsequent months. In La Libertad, the measure led to the arrest of 230 members of organized gangs, but it has not succeeded in reducing extortion of small business owners or drug trafficking in rural areas.
Citizen security experts, such as María Elena Casas, an academic at the Center for Studies on Security and Democracy (CESDEM), point out that states of emergency are temporary and palliative measures that do not address the structural factors of crime: extreme poverty (which affects 38% of the population of Piura, according to the National Institute of Statistics and Informatics (INEI)), youth unemployment (42% in the region), lack of access to education and healthcare, and a weak criminal justice system. “The police can arrest criminals, but if there are no opportunities for young people and no effective judicial system to punish them, others will take their place,” Casas said in a recent interview.
Furthermore, restrictions on constitutional rights have drawn criticism from international organizations such as the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), which has warned of cases of police abuse and violations of human dignity in areas under a state of emergency. In Lima, 17 complaints of torture and mistreatment by police officers were registered between March and November 2025, according to the Ombudsman’s Office.
WHAT STRUCTURAL FACTORS FUEL CRIME IN PIURA?
To understand whether states of emergency address the root of the problem, it is essential to analyze the contexts that allow violence to proliferate in Piura:
Poverty and inequality: The region is one of the poorest in the country, with 62% of the population living in economic vulnerability. The slums of Sullana and Piura lack basic services, which facilitates the recruitment of young people by organized gangs.
Youth unemployment: Young people aged 18 to 29 represent 70% of those arrested for crime in the region, according to the Peruvian National Police (PNP). The lack of job opportunities and the low quality of education make crime a “viable” alternative for many.
Drug trafficking: Piura is a strategic corridor for cocaine trafficking from Colombia and Ecuador to northern Peru and abroad. Organized gangs finance themselves with this trade, allowing them to acquire weapons and expand their influence.
Weakness of the justice system: The judicial system in Piura has a criminal case resolution rate of only 25%, according to the National Council of the Judiciary. Impunity encourages criminals to continue their activities.
GOVERNMENT RESPONSE BEYOND STATES OF EMERGENCY
During his tour of Piura, President Jerí announced infrastructure projects and the delivery of equipment to the police, but he has not presented a comprehensive plan to address the underlying structural factors. The government has allocated 2.5 billion soles for citizen security in 2026, but only 15% of that budget is earmarked for prevention and social reintegration programs. Experts point out the need to increase investment in education, job training, and youth integration programs to create alternatives to crime.
Civil society in Piura has expressed its support for the police measures, but has also asked the government to focus on prevention. The Association of Small Business Owners of Sullana (APES) has requested the creation of a fund to support youth entrepreneurship and the improvement of justice services in the region.
CONCLUSIONS
1.- The states of emergency in Piura, Sullana, and Talara may generate temporary reductions in crime and improve the feeling of public safety, but they do not eliminate the root of the problem.
2.- Past experience in other regions shows that crime rates rise again once the measure is lifted, due to the persistence of structural factors such as poverty and youth unemployment.
3.- The restrictions on constitutional rights associated with states of emergency pose a risk to democracy and have led to cases of police abuse, requiring strict monitoring by independent bodies.
4.- The current government plan focuses on policing and infrastructure measures, but lacks a comprehensive prevention approach that includes investment in education, job training, and social reintegration.
5.- To resolve violence in Piura and throughout the country, it is necessary to combine security measures with policies that address the root causes of crime, with the participation of civil society and the private sector.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe