Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe En lugar de un llamado al diálogo, se necesita una política minera integral que aborde las causas de la informalidad, brindando apoyo real a los mineros para su transición a la formalidad, en lugar de simplemente exigir el cumplimiento de una ley que muchos no pueden cumplir. El llamado de la presidenta Boluarte a la formalización minera a través del REINFO suena hueco ante la realidad de la minería en el Perú.

Es necesario disipar prístinamente la confusión que existe en la opinión pública respecto a la minería ilegal en Perú. Si bien la pobreza y la falta de oportunidades laborales son factores que contribuyen a la vulnerabilidad de algunas personas ante la tentación de la minería ilegal, es incorrecto simplificar el problema como una mera cuestión de supervivencia individual. La minería ilegal es un fenómeno mucho más complejo que involucra actores con diferentes niveles de recursos y motivaciones.

Por eso, afirmar que solo la falta de empleo impulsa la minería ilegal es una simplificación excesiva. Si bien la pobreza y la falta de oportunidades pueden empujar a algunos individuos a participar en actividades ilegales, la minería ilegal a gran escala requiere una significativa inversión en equipos, tecnología y logística, lo cual está fuera del alcance de la mayoría de los peruanos en situación de pobreza.

Se tiene que señalar de la existencia de un sector que sí posee recursos económicos y que utiliza mano de obra barata (a menudo en condiciones de explotación) para enriquecerse es precisa y refleja una realidad preocupante. Este sector, que opera al margen de la ley, se beneficia de la falta de regulación y control estatal, y aprovecha la desesperación de personas sin oportunidades para maximizar sus ganancias. Este modelo se basa en la explotación, no en la simple supervivencia.

En resumen, la minería ilegal no es simplemente una cuestión de personas pobres buscando sobrevivir. Es un negocio complejo y lucrativo que involucra diferentes actores, desde individuos desesperados hasta redes criminales organizadas con importantes recursos financieros, y quizás con toda certeza lo integran personas insertadas en el ámbito político público, militar-´policial y hasta eclesiástico.

La pobreza y la falta de oportunidades son factores que contribuyen a la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, pero no explican la totalidad del fenómeno. La falta de regulación, la corrupción y la debilidad institucional son elementos cruciales que permiten la proliferación de esta actividad ilícita y la explotación de la población más vulnerable. Es fundamental abordar el problema desde una perspectiva multifacética, que incluya la creación de oportunidades laborales, la mejora de la regulación y el fortalecimiento del Estado de derecho.

En ese orden de ideas el discurso de la Presidenta Dina Boluarte del día de hoy en Palacio de Gobierno presenta una estrategia comunicativa que busca consolidar la imagen de un gobierno comprometido con la formalización minera y la lucha contra la minería ilegal, pero que sin embargo el discurso está años luz de aterrizar en algo concreto y real, el análisis revela tanto fortalezas momentáneas, siendo más profundas y estructurales las debilidades en su argumentación.

FORTALEZAS
1.- Énfasis en la formalización: El discurso centra su mensaje en la importancia de la formalización minera a través del REINFO, presentándolo como una vía para el desarrollo sostenible de las comunidades mineras. Este enfoque directo busca conectar con el sector minero artesanal, ofreciendo una alternativa a la minería ilegal.

2.- Datos económicos: El uso de datos concretos sobre el desempeño de las exportaciones mineras, especialmente del cobre y el oro, refuerza la narrativa de que la minería formal impulsa la economía nacional. Estos datos aportan credibilidad al mensaje y lo hacen más persuasivo.

3.- Llamado al diálogo: La invitación al diálogo constructivo busca proyectar una imagen de gobierno abierto y dispuesto a la negociación, contrarrestando la percepción de un gobierno autoritario.

4.- Contundencia contra la minería ilegal: La condena firme a la minería ilegal, vinculándola al crimen organizado, busca reforzar la legitimidad de las acciones gubernamentales contra esta actividad.

DEBILIDADES
1.- Falta de soluciones concretas: Si bien se menciona el REINFO, el discurso carece de propuestas concretas para facilitar la transición a la formalidad. No se abordan las dificultades burocráticas o económicas que enfrentan los pequeños mineros para cumplir con los requisitos de formalización. Esto genera una brecha entre la retórica y la realidad.

2.- Tratamiento del problema de los 45,000 inscritos en REINFO: La mención de los 45,000 mineros inscritos en REINFO sin cumplir los requisitos, sin ofrecer soluciones o alternativas, puede ser percibida como una acusación generalizada sin considerar las circunstancias individuales. Falta un plan de acción específico para abordar esta situación.

3.- Ausencia de autocrítica: El discurso no reconoce las posibles fallas del gobierno en la implementación de políticas que faciliten la formalización. Una autocrítica constructiva podría fortalecer la credibilidad del mensaje.

4.- Posible sesgo en la información: Si bien se presentan datos económicos positivos, se omite información sobre el impacto ambiental y social de la minería formal, lo que podría generar una visión incompleta de la realidad.

ALTERNATIVAS PROSPECTIVAS
Para mejorar la eficacia del mensaje que precisamente busque ese consenso y objetivo de formalizar un sector del país, como lo es el de la minería ilegal, se podrían haber considerado varias variables reales de estudios ya realizados, para poder resaltar y proponer alternativas que aterricen en políticas concretas a implementar:

1.- Presentar un plan de acción concreto: Detallar las medidas que el gobierno tomará para facilitar la formalización, incluyendo apoyo financiero, capacitación y simplificación de trámites.

2.- Incluir un análisis de las causas de la informalidad: Reconocer las dificultades que enfrentan los mineros para formalizarse y proponer soluciones específicas a cada problema.

3.- Promover un diálogo inclusivo: Invitar a representantes de las comunidades mineras a participar en la elaboración de políticas relacionadas con la minería.

4.- Presentar una visión integral de la minería: Incluir información sobre el impacto ambiental y social de la minería formal, junto con las medidas que se están tomando para mitigar los riesgos.

De tal forma, es necesario puntualizar que el discurso de la Presidenta Boluarte presenta una narrativa positiva sobre la formalización minera, respaldada por datos económicos. Sin embargo, la falta de propuestas concretas y un análisis más profundo de las problemáticas del sector minero limitan su impacto y credibilidad. La incorporación de las alternativas prospectivas permitiría un mensaje más completo y persuasivo.

MINERÍA ILEGAL EN EL PERÚ
Los mineros ilegales en Perú buscan principalmente oro, aunque también pueden extraer otros metales como cobre, plata y zinc. Su objetivo es la obtención de ganancias económicas, a menudo operando al margen de la ley para evitar regulaciones ambientales, laborales y tributarias. Este anhelo de lucro se ve impulsado por los altos precios internacionales de los metales, lo que aumenta la rentabilidad de la actividad, incluso a pesar de los riesgos asociados.

La búsqueda de oro, en particular, está fuertemente ligada a la devastación ambiental, ya que las prácticas mineras ilegales suelen ser rudimentarias y altamente contaminantes, utilizando mercurio para separar el oro del sedimento y causando daños irreparables a los ecosistemas. Además, la minería ilegal a menudo se asocia con el crimen organizado, la explotación laboral y el tráfico de personas, lo que agrava aún más las consecuencias negativas de esta actividad.

De otro lado, la motivación principal de los mineros ilegales es el beneficio económico rápido y sin restricciones, a pesar de las consecuencias negativas para el medio ambiente, la sociedad y el Estado de derecho. La alta demanda y el precio del oro, en particular, son factores clave que impulsan esta actividad ilícita.

En resumen, el discurso de la Presidenta Boluarte presenta una narrativa positiva sobre la formalización minera, respaldada por datos económicos. Sin embargo, la falta de propuestas concretas y un análisis más profundo de las problemáticas del sector minero limitan su impacto y credibilidad. La incorporación de las alternativas prospectivas permitiría un mensaje más completo y persuasivo.

MINERÍA FORMAL vs MINERÍA ILEGAL.
La minería ilegal en el Perú es un problema complejo que trasciende el simple desprestigio de los mineros informales. Si bien la minería formal ve en la ilegal una competencia desleal, el daño ambiental es una responsabilidad compartida, aunque con diferentes grados de impacto.

La minería formal, a pesar de contar con regulaciones, a menudo no cumple con los estándares ambientales internacionales, generando contaminación y degradación del medio ambiente. La minería ilegal, por su parte, carece de cualquier tipo de control ambiental, exacerbando el problema.

Por lo tanto, afirmar que ambas son igualmente dañinas simplifica una realidad mucho más matizada. La diferencia radica en la escala del daño y en la ausencia total de responsabilidad ambiental en la minería ilegal, lo que la convierte en una amenaza mayor para el ecosistema peruano.

Es necesario abordar el problema desde una perspectiva integral, enfocándose tanto en la regulación y fiscalización de la minería formal como en la erradicación de la minería ilegal y la promoción de alternativas económicas sostenibles para las comunidades involucradas.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe

English Translation
President Boluarte’s call for mining formalization through REINFO rings hollow given the absence of a state mining policy in Peru.

Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe Instead of a call for dialogue, a comprehensive mining policy is needed that addresses the causes of informality, providing real support to miners for their transition to formality, rather than simply demanding compliance with a law that many cannot comply with. President Boluarte’s call for mining formalization through REINFO rings hollow given the reality of mining in Peru.

The confusion that exists in public opinion regarding illegal mining in Peru must be clearly dispelled. While poverty and lack of job opportunities are factors that contribute to the vulnerability of some people to the temptation of illegal mining, it is incorrect to simplify the problem as a mere matter of individual survival. Illegal mining is a much more complex phenomenon that involves actors with different levels of resources and motivations.

Therefore, stating that a lack of employment alone drives illegal mining is an oversimplification. While poverty and lack of opportunity may push some individuals to engage in illegal activities, large-scale illegal mining requires significant investment in equipment, technology, and logistics, which is beyond the reach of most Peruvians living in poverty.

It must be noted that the existence of a sector that does possess economic resources and uses cheap labor (often under exploitative conditions) to enrich itself is accurate and reflects a worrying reality. This sector, which operates outside the law, benefits from the lack of state regulation and control and exploits the desperation of people without opportunities to maximize its profits. This model is based on exploitation, not simple survival.

In short, illegal mining is not simply a matter of poor people seeking to survive. It’s a complex and lucrative business that involves different actors, from desperate individuals to organized criminal networks with significant financial resources, and perhaps most certainly includes people involved in public politics, the military-police, and even the church.

Poverty and lack of opportunities are factors that contribute to the vulnerability of certain populations, but they do not explain the entire phenomenon. Lack of regulation, corruption, and institutional weakness are crucial elements that allow the proliferation of this illicit activity and the exploitation of the most vulnerable populations. It is essential to address the problem from a multifaceted perspective, including the creation of job opportunities, improved regulation, and strengthening the rule of law.

In this vein, President Dina Boluarte’s speech today at the Government Palace presents a communication strategy that seeks to consolidate the image of a government committed to mining formalization and the fight against illegal mining. However, the discourse is light years away from achieving anything concrete and real. The analysis reveals both momentary strengths and deeper, structural weaknesses in her arguments.

STRENGTHS
1.- Emphasis on formalization: The speech focuses its message on the importance of mining formalization through REINFO, presenting it as a path to sustainable development for mining communities. This direct approach seeks to connect with the artisanal mining sector, offering an alternative to illegal mining.

2.- Economic Data: The use of concrete data on the performance of mining exports, especially copper and gold, reinforces the narrative that formal mining drives the national economy. These data lend credibility to the message and make it more persuasive.

3.- Call for Dialogue: The invitation to constructive dialogue seeks to project an image of an open government willing to negotiate, countering the perception of an authoritarian government.

4.- Forcefulness Against Illegal Mining: The firm condemnation of illegal mining, linking it to organized crime, seeks to reinforce the legitimacy of government actions against this activity.

WEAKNESSES
1.- Lack of Concrete Solutions: Although REINFO is mentioned, the discourse lacks concrete proposals to facilitate the transition to formalization. The bureaucratic or economic difficulties that small-scale miners face in complying with formalization requirements are not addressed. This creates a gap between rhetoric and reality.

2.- Addressing the problem of the 45,000 miners registered with REINFO: The mention of the 45,000 miners registered with REINFO without meeting the requirements, without offering solutions or alternatives, can be perceived as a general accusation without considering individual circumstances. A specific action plan to address this situation is lacking.

3.- Lack of self-criticism: The discourse fails to acknowledge the government’s potential shortcomings in implementing policies that facilitate formalization. Constructive self-criticism could strengthen the message’s credibility.

4.- Possible information bias: While positive economic data are presented, information on the environmental and social impact of formal mining is omitted, which could create an incomplete view of reality.

PROSPECTIVE ALTERNATIVES
To improve the effectiveness of the message that seeks precisely this consensus and objective of formalizing a sector of the country, such as illegal mining, several real variables from previously conducted studies could have been considered in order to highlight and propose alternatives that lead to concrete policies to be implemented:

1.- Present a concrete action plan: Detail the measures the government will take to facilitate formalization, including financial support, training, and streamlining procedures.

2.- Include an analysis of the causes of informality: Recognize the difficulties miners face in formalizing their work and propose specific solutions to each problem.

3.- Promote inclusive dialogue: Invite representatives of mining communities to participate in the development of mining-related policies.

4.- Present a comprehensive vision of mining: Include information on the environmental and social impact of formal mining, along with the measures being taken to mitigate risks.

Therefore, it is important to emphasize that President Boluarte’s speech presents a positive narrative about mining formalization, supported by economic data. However, the lack of concrete proposals and a more in-depth analysis of the problems facing the mining sector limit its impact and credibility. Incorporating prospective alternatives would allow for a more comprehensive and persuasive message.

ILLEGAL MINING IN PERU
Illegal miners in Peru primarily seek gold, although they may also extract other metals such as copper, silver, and zinc. Their objective is economic gain, often operating outside the law to avoid environmental, labor, and tax regulations. This desire for profit is driven by high international metal prices, which increases the profitability of the activity, even despite the associated risks.

Gold mining, in particular, is strongly linked to environmental devastation, as illegal mining practices are often rudimentary and highly polluting, using mercury to separate gold from sediment and causing irreparable damage to ecosystems. Furthermore, illegal mining is often associated with organized crime, labor exploitation, and human trafficking, further exacerbating the negative consequences of this activity.

On the other hand, the primary motivation of illegal miners is rapid and unrestricted economic profit, despite the negative consequences for the environment, society, and the rule of law. High demand and the price of gold, in particular, are key factors driving this illicit activity.

In short, President Boluarte’s speech presents a positive narrative about mining formalization, supported by economic data. However, the lack of concrete proposals and a more in-depth analysis of the problems facing the mining sector limit its impact and credibility. Incorporating prospective alternatives would allow for a more comprehensive and persuasive message.

FORMAL MINING vs. ILLEGAL MINING.
Illegal mining in Peru is a complex problem that goes beyond the simple discrediting of informal miners. While formal mining sees illegal mining as unfair competition, environmental damage is a shared responsibility, albeit with different degrees of impact.

Formal mining, despite being regulated, often fails to meet international environmental standards, generating pollution and environmental degradation. Illegal mining, on the other hand, lacks any type of environmental control, exacerbating the problem.

Therefore, claiming that both are equally harmful simplifies a much more nuanced reality. The difference lies in the scale of the damage and the complete absence of environmental accountability in illegal mining, which makes it a greater threat to the Peruvian ecosystem.

The problem must be addressed from a comprehensive perspective, focusing on the regulation and oversight of formal mining, the eradication of illegal mining, and the promotion of sustainable economic alternatives for the communities involved.

Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe