Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter:@prensaperupe La presentación de los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar en el Perú representa un punto de inflexión en la forma en que el sistema educativo nacional aborda la convivencia dentro de las aulas. El objetivo declarado por las autoridades es restablecer la autoridad de los docentes, clasificar las faltas en tres niveles claros y establecer medidas proporcionales que van desde la amonestación hasta la separación definitiva del estudiante. Sin embargo, toda transformación educativa requiere ser examinada a la luz de los enfoques pedagógicos contemporáneos y los estándares internacionales en materia de derechos de la infancia.
EDUCACIÓN PÚBLICA
El diagnóstico que motiva esta reforma señala una debilidad en la capacidad de intervención de los docentes durante los últimos años. Según las propias autoridades del Ministerio de Educación, se habría producido un debilitamiento del principio de autoridad en las instituciones educativas, donde los maestros llegaron a sentirse limitados incluso para corregir conductas evidentemente inapropiadas. Esta percepción coincide con inquietudes expresadas por diversos actores del sistema educativo respecto a situaciones en las que el principio de protección al estudiante se habría malinterpretado como una imposibilidad de establecer límites claros, generando un desequilibrio que afecta tanto el proceso de enseñanza como el clima escolar en su conjunto .
Al contrastar estos lineamientos con los enfoques pedagógicos internacionales contemporáneos, encontramos tanto puntos de convergencia como áreas que requieren mayor reflexión. En el plano internacional, organismos como la UNESCO y UNICEF han venido impulsando modelos de convivencia escolar que combinan el establecimiento de normas claras con la participación activa de los estudiantes en la construcción de acuerdos, el desarrollo de competencias socioemocionales y la resolución pacífica de conflictos . Los modelos más documentados en la actualidad, como el enfoque de disciplina positiva, señalan que el objetivo de una sanción educativa debe ser la formación en la responsabilidad y la reparación del daño, más que la obediencia por temor a una consecuencia desvinculada del aprendizaje .
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú, establece que la educación debe orientarse al desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, así como al respeto de los derechos humanos y de los padres. Cualquier normativa disciplinaria debe garantizar que las medidas adoptadas sean educativas, proporcionales y aplicadas respetando la dignidad del estudiante. En este sentido, el retorno de la expulsión definitiva como medida posible plantea un debate central: si bien es cierto que la estabilidad de la mayoría no debe verse afectada por las conductas de unos pocos, los enfoques pedagógicos internacionales señalan que la exclusión definitiva debe ser siempre el último recurso y debe ir acompañada de mecanismos efectivos de continuidad educativa que no dejen al estudiante fuera del sistema .
El nuevo marco establece también mecanismos alternativos como escuelas de reingreso, aulas de apoyo y acompañamiento psicológico, que constituyen una respuesta necesaria si funcionan adecuadamente. El desafío principal radica en la capacidad operativa del Estado para sostener estas instancias de reinserción con calidad, pues sin recursos suficientes corren el riesgo de convertirse en depósitos donde se margen a quienes no se ajustan a la norma, en lugar de espacios genuinos de recuperación formativa.
Otro aspecto relevante es la revalorización de la autoridad docente. Los enfoques pedagógicos contemporáneos no cuestionan la necesidad de que el docente cuente con respeto y autoridad, sino que distinguen entre autoridad basada en el poder de mando y autoridad basada en la confianza y el reconocimiento. La primera se impone desde afuera; la segunda se construye día a día en el aula mediante relaciones justas, coherentes y predecibles. Restituir herramientas al docente es necesario, pero insuficiente si no va acompañado de fortalecimiento profesional, apoyo psicopedagógico en las instituciones y una mayor presencia del Estado en los centros educativos que enfrentan mayores problemas de violencia y vulnerabilidad social .
La convivencia escolar no se mejora únicamente sancionando con mayor firmeza las conductas inaceptables, sino atendiendo también las causas que las producen. La investigación educativa internacional coincide en que los problemas de conducta en las escuelas suelen estar asociados a factores que van más allá del ámbito escolar inmediato, como la violencia en el entorno familiar, la exclusión social, la falta de apoyo emocional y las dificultades de aprendizaje no atendidas . Un enfoque integral requiere que las medidas disciplinarias vayan acompañadas de políticas públicas que fortalezcan el acompañamiento psicológico, la tutoría, la participación de las familias y la articulación con redes de protección social.
ALCANCE EN LA EDUCACIÓN PRIVADA Y LA UNIDAD DE SISTEMA EDUCATIVO
Los lineamientos establecen que las instituciones educativas privadas conservan margen de autonomía para definir sus normas internas de convivencia y presentación personal, siempre dentro del marco de los principios generales de la normativa nacional. Sin embargo, esta distinción plantea una inquietud central: si el respeto, la disciplina formativa y los valores que sostienen una sociedad deben ser principios comunes, ¿es conveniente que existan dos regímenes paralelos que no necesariamente convergen en sus exigencias ni en sus enfoques? Cuando la educación se concibe como un servicio esencial de interés público, la cohesión del sistema requiere que los propósitos formativos fundamentales sean compartidos, más allá de la gestión pública o privada.
Una preocupación recurrente en los debates sobre el sistema educativo es el riesgo de que la prestación privada deje de priorizar la función social de la educación para volverse principalmente una actividad comercial. Cuando el acceso a ciertas calidades educativas se rige por la capacidad de pago, se debilita el principio de igualdad de oportunidades y se fragmenta la formación ciudadana: lo que para unos es derecho universal, para otros puede percibirse como un bien de consumo al que se accede bajo reglas distintas. Organismos internacionales como la UNESCO señalan que si bien la participación del sector privado puede contribuir a ampliar la cobertura educativa, debe ejercerse bajo una regulación pública clara que garantice que la finalidad educativa prevalezca sobre cualquier consideración mercantil, y que los derechos de los estudiantes sean iguales en todos los centros, sin distinción de régimen.
Que cada institución tenga su propio proyecto educativo es legítimo, pero no significa que pueda prescindir de estándares básicos comunes de convivencia, derechos y responsabilidades. La cohesión de una nación se construye también en las aulas; si los niños y jóvenes crecen bajo sistemas de valores diferentes según el colegio al que asisten, se debilita el propósito de la educación como espacio común de formación ciudadana.
Finalmente, la distinción entre régimen público y privado no debe convertirse en una separación de objetivos formativos. Autonomía no equivale a ausencia de estándares comunes. El verdadero fortalecimiento de la educación peruana requiere que los principios de convivencia, respeto a la autoridad legítima, formación en valores y protección integral del estudiantado sean aplicables en todo el sistema, con los matices que cada proyecto educativo amerite, pero sin excepciones que debiliten el propósito nacional de formar ciudadanos con los mismos derechos, responsabilidades y principios. Una educación que se divide según quién la gestiona o quién la paga no une a la sociedad: la fragmenta.
DEFINICIONES CONCEPTUALES
Disciplina positiva: es un enfoque educativo que busca enseñar autorregulación y responsabilidad mediante límites claros y consecuencias lógicas, evitando el castigo humillante y priorizando la comprensión del impacto de las acciones sobre los demás . No significa ausencia de normas, sino normas que se explican, se comparten y se aplican con criterios formativos.
Convivencia escolar democrática: se refiere al conjunto de relaciones e interacciones que ocurren dentro de la comunidad educativa, construidas sobre la base del diálogo, la participación, el respeto a la diversidad y la resolución pacífica de conflictos . Implica que las normas no son impuestas unilateralmente, sino construidas con la participación de los distintos actores del centro educativo.
Proporcionalidad en las sanciones: es un principio según el cual la medida adoptada debe guardar relación con la gravedad de la conducta, la edad del estudiante, su historial y el contexto en que ocurrieron los hechos. Una sanción es proporcional cuando es necesaria, adecuada y la menos restrictiva posible para lograr su propósito educativo.
CONCLUSIONES INNOVADORAS
Primero, la restauración de la autoridad docente no debe confundirse con un retorno a modelos autoritarios. El desafío consiste en construir una autoridad legítima, donde el docente sea respetado porque es justo, competente y respetuoso, no solo porque tiene la facultad de sancionar. Ambas dimensiones son necesarias, pero solo la segunda produce climas escolares sostenibles y verdaderamente formativos.
Segundo, las expulsiones definitivas son medidas que deben aplicarse con extrema cautela. Si bien protegen el derecho de la mayoría a estudiar en paz, también suponen un riesgo de marginación educativa. La existencia de escuelas de reingreso y espacios alternativos es insuficiente si no cuentan con recursos, personal especializado y seguimiento efectivo. El éxito de los lineamientos dependerá más de la calidad de estas alternativas que de la contundencia de las sanciones.
Tercero, la disciplina escolar no puede abordarse de manera aislada. Los problemas de conducta son síntomas que a menudo revelan problemas más profundos fuera del aula. Sin coordinación entre el sector educación, salud, protección social y justicia, las normas disciplinarias funcionarán como un parche sobre una herida que requiere tratamiento integral.
Cuarto, es necesario distinguir entre protección al estudiante y ausencia de límites. La confusión entre ambos principios durante años generó una falsa disyuntiva: o se respeta al estudiante o se establecen reglas firmes. Los enfoques pedagógicos contemporáneos demuestran que se puede y se debe hacer ambas cosas simultáneamente. De hecho, la mejor protección para un estudiante es un entorno con reglas claras, justas y predecibles.
Quinto, la verdadera convivencia no se logra mediante un mejor reglamento, sino mediante mejores relaciones humanas dentro de la escuela. Las normas son el piso mínimo, pero la educación para la convivencia requiere tiempo, diálogo, espacios de participación y formación continua en competencias socioemocionales. Ningún lineamiento sustituye lo que ocurre cotidianamente entre las personas que comparten un espacio educativo.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
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Teacher authority and student rights! Peruvian public education introduces new school discipline guidelines. Balancing the pressing need for order with the challenges of a measure that must also be educational.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The presentation of the new Guidelines for School Discipline Management in Peru represents a turning point in how the national education system approaches coexistence within classrooms. The stated objective of the authorities is to restore the authority of teachers, classify infractions into three clear levels, and establish proportional measures ranging from a formal warning to the permanent separation of the student. However, any educational transformation must be examined in the light of contemporary pedagogical approaches and international standards regarding the rights of the child.
PUBLIC EDUCATION
The diagnosis motivating this reform points to a weakness in teachers’ capacity to intervene during recent years. According to the Ministry of Education authorities themselves, there has been an erosion of the principle of authority in educational institutions, where teachers came to feel limited even in correcting clearly inappropriate behavior. This perception coincides with concerns expressed by various stakeholders in the education system regarding situations where the principle of student protection may have been misinterpreted as an inability to establish clear boundaries, generating an imbalance that affects both the teaching process and the overall school climate.
When contrasting these guidelines with contemporary international pedagogical approaches, we find both points of convergence and areas requiring further reflection. Internationally, organizations such as UNESCO and UNICEF have been promoting school coexistence models that combine the establishment of clear rules with the active participation of students in building agreements, the development of socio-emotional skills, and the peaceful resolution of conflicts. The most well-documented models today, such as the positive discipline approach, indicate that the purpose of educational sanctions should be the formation of responsibility and the reparation of harm, rather than obedience born of fear of a consequence disconnected from learning.
The Convention on the Rights of the Child, ratified by Peru, establishes that education should be directed to the development of the child’s personality, talents, mental and physical abilities to their fullest potential, as well as respect for human rights and parents. Any disciplinary regulation must guarantee that the measures adopted are educational, proportional, and applied with respect for the student’s dignity. In this regard, the return of permanent expulsion as a possible measure raises a central debate: while it is true that the stability of the majority should not be affected by the behavior of a few, international pedagogical approaches indicate that permanent exclusion should always be the last resort and must be accompanied by effective mechanisms for educational continuity that do not leave the student outside the system.
The new framework also establishes alternative mechanisms such as re-entry schools, support classrooms, and psychological accompaniment, which constitute a necessary response if they function appropriately. The main challenge lies in the State’s operational capacity to sustain these reinsertion spaces with quality, for without sufficient resources they risk becoming depositories where those who do not conform to the norm are marginalized, rather than genuine spaces for educational recovery.
Another relevant aspect is the revaluation of teaching authority. Contemporary pedagogical approaches do not question the need for teachers to be respected and authoritative, but rather distinguish between authority based on the power to command and authority based on trust and recognition. The former is imposed from the outside; the latter is built day by day in the classroom through fair, consistent, and predictable relationships. Restoring tools to teachers is necessary, but insufficient if not accompanied by professional strengthening, psycho-pedagogical support within institutions, and a greater State presence in educational centers facing greater problems of violence and social vulnerability.
School coexistence is not improved solely by punishing unacceptable behavior more firmly, but also by addressing the causes that produce it. International educational research coincides in that behavioral problems in schools are usually associated with factors that extend beyond the immediate school environment, such as family violence, social exclusion, lack of emotional support, and unaddressed learning difficulties. A comprehensive approach requires that disciplinary measures be accompanied by public policies that strengthen psychological support, tutoring, family participation, and coordination with social protection networks.
SCOPE IN PRIVATE EDUCATION AND THE UNITY OF THE EDUCATIONAL SYSTEM
The guidelines establish that private educational institutions retain autonomy to define their internal rules of coexistence and personal appearance, always within the framework of the general principles of national regulations. However, this distinction raises a central concern: if respect, formative discipline, and the values that sustain a society are to be universal principles, is it advisable that two parallel regimes exist that do not necessarily converge in their requirements or approaches? When education is understood as an essential service of public interest, the cohesion of the system requires that fundamental formative purposes be shared across both public and private management.
A recurring concern in debates about the education system is the risk that private provision may cease to prioritize the social function of education and become primarily a commercial activity. When access to certain educational standards is governed by ability to pay, the principle of equal opportunity is weakened and citizenship training becomes fragmented: what for some is a universal right, may be perceived by others as a consumer good accessed under different rules. International organizations such as UNESCO note that while private sector participation can contribute to expanding educational coverage, it must operate under clear public regulation ensuring that the educational purpose prevails over commercial considerations, and that student rights are equal in all centers regardless of management regime.
It is legitimate that each institution has its own educational project, but this does not mean it can dispense with common basic standards of coexistence, rights, and responsibilities. The cohesion of a nation is built also in the classroom; if children and young people grow up under different value systems depending on the school they attend, the purpose of education as a shared space for citizenship formation is weakened.
Ultimately, the distinction between public and private regimes should not become a separation of formative objectives. Autonomy does not mean the absence of common standards. The true strengthening of Peruvian education requires that principles of coexistence, respect for legitimate authority, values education, and comprehensive student protection apply throughout the entire system, with the nuances each educational project warrants, but without exceptions that weaken the national purpose of forming citizens with equal rights, responsibilities, and principles. An education divided by who manages or pays for it does not unite society—it fragments it.
CONCEPTUAL DEFINITIONES
Positive Discipline: is an educational approach that seeks to teach self-regulation and responsibility through clear boundaries and logical consequences, avoiding humiliating punishment and prioritizing understanding of how actions impact others. It does not mean the absence of rules, but rather rules that are explained, shared, and applied with formative criteria.
Democratic School Coexistence: refers to the set of relationships and interactions occurring within the educational community, built on dialogue, participation, respect for diversity, and the peaceful resolution of conflicts. It implies that rules are not imposed unilaterally, but constructed with the participation of all actors in the educational center.
Proportionality of Sanctions: is a principle according to which the measure taken must bear a reasonable relationship to the seriousness of the behavior, the student’s age, their record, and the context in which the events occurred. A sanction is proportional when it is necessary, appropriate, and the least restrictive option capable of achieving its educational purpose.
KEY CONCLUSIONS
First, the restoration of teaching authority must not be confused with a return to authoritarian models. The challenge consists in building legitimate authority, where the teacher is respected because they are fair, competent, and respectful—not merely because they have the power to sanction. Both dimensions are necessary, but only the latter produces sustainable, genuinely formative school climates.
Second, permanent expulsions are measures that must be applied with extreme caution. While they protect the majority’s right to learn in peace, they also carry significant risks of educational marginalization. The existence of re-entry schools and alternative spaces is insufficient without adequate resources, specialized personnel, and effective follow-up. The success of these guidelines will depend less on the severity of sanctions and more on the quality of these alternatives.
Third, school discipline cannot be addressed in isolation. Behavioral problems are symptoms that often reveal deeper issues outside the classroom. Without coordination between education, health, social protection, and justice sectors, disciplinary norms function as a bandage over a wound requiring comprehensive treatment.
Fourth, it is essential to distinguish between student protection and the absence of boundaries. Confusion between these principles has created a false dilemma: either we respect students or we establish firm rules. Contemporary pedagogical approaches demonstrate that both can and should be done simultaneously. Indeed, the best protection for any student is an environment with clear, fair, and predictable boundaries.
Fifth, genuine coexistence is not achieved through better regulations, but through better human relationships within schools. Rules establish the minimum baseline, but education in coexistence requires time, dialogue, participatory spaces, and ongoing training in socio-emotional skills. No guideline can replace what happens daily among people who share an educational space.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe