Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe Mediante Decreto Supremo N.° 127-2026-PCM, el Poder Ejecutivo ha oficializado la Política General de Gobierno 2026–2031, documento que establece los lineamientos estratégicos que regirán la gestión pública durante el quinquenio. Bajo el lema «Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados», la propuesta estructura la acción gubernamental en cinco ejes prioritarios, diseñados para articular intervenciones transversales y de largo alcance. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, presentó la iniciativa ante la Cámara de Diputados el 20 de agosto, señalando que se trata de una hoja de ruta orientada a reducir brechas sociales y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
DESARROLLO DE LOS EJES DE LA POLÍTICA
EJE 1 — Seguridad Ciudadana y Orden Interno: La inseguridad se configura como el primer obstáculo para el desarrollo integral. Este eje establece lineamientos para mitigar la violencia criminal, la extorsión y el crimen organizado, optimizar el acceso a la justicia y fortalecer la legitimidad de las instituciones encargadas del orden. Incluye asimismo la recuperación del control territorial en zonas afectadas por economías ilegales, entendiendo que sin seguridad no hay bienestar ni inversión posible.
«Sin seguridad no hay bienestar ni desarrollo»
EL PASADO
La seguridad se trató de forma fragmentada y reactiva, sin política de Estado sostenida. Los delitos crecieron año tras año: solo entre enero y julio de 2026 se denunciaron 2.999 secuestros (≈14 diarios), y la extorsión se convirtió en plaga nacional.
El crimen organizado y las economías ilegales expandieron su control territorial, mientras el sistema penitenciario —con sobrepoblación superior al 200%— operaba como escuela del delito.
La inseguridad tiene un costo económico estimado en US$ 11.800 millones anuales, y el 45% de los peruanos reporta negocios cerrados por delincuencia .
EL PRESENTE
El Estado anuncia un giro: inversión superior a S/ 19 millones para fortalecer la División de Investigación de Extorsiones.
Se incorporarán vehículos, tecnología y sistemas de inteligencia para el monitoreo en tiempo real. Se plantea recuperar el control territorial en zonas dominadas por economías ilegales y fortalecer el control penitenciario.
La percepción de inseguridad sigue superando el 85% a nivel nacional; la extorsión afecta a 4 de cada 10 comercios en Lima.
ACCIONES CONCRETAS Y METAS
Diciembre 2026: Reducción sostenida de extorsiones, homicidios y secuestros; despliegue de unidades especializadas en zonas críticas.
2027–2031: Sistema integrado de inteligencia criminal; modernización penitenciaria; recuperación de zonas de frontera y valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Meta: Reducir la victimización delictiva en más del 30% y devolver la confianza ciudadana en las instituciones del orden interno.
EJE 2 — Resiliencia Territorial y Adaptación al Cambio Climático: Frente a fenómenos como el Fenómeno El Niño, sismos y variabilidad climática, la política propone ordenar el territorio según peligros y potencialidades, mejorar la respuesta ante emergencias y consolidar la adaptación del aparato productivo, las ciudades y los ecosistemas. Se trasciende la gestión reactiva para transitar hacia una cultura de prevención y planificación.
«De la reacción tardía a la prevención permanente»
EL PASADO
Gestión casi exclusivamente reactiva: se gastaba millones en ayuda humanitaria y reconstrucción, pero casi nada en prevención. Solo el 9% de entidades desarrollaba estudios de evaluación de riesgo, y el 76% carecía de escenarios de riesgo .
El Perú es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático: más de 3,500 emergencias anuales, cifra que se multiplicó por 10 en dos décadas. El Niño Costero 2017 generó pérdidas por más de S/ 15.000 millones.
Menos del 31% de gobiernos locales tenía plan de gestión de riesgo aprobado.
EL PRESENTE
Se constituyó la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo ante El Niño, que identificó 536 puntos críticos de limpieza de cauces y descolmatación .
El Cenepred alerta que 11,2 millones de personas están expuestas a inundaciones; 35.500 colegios, 7.300 establecimientos de salud y 3,6 millones de viviendas en riesgo. Hasta 20 millones de personas podrían verse afectadas por el próximo Fenómeno El Niño .
Se lanza el Plan Nacional DRENA+ de drenaje pluvial urbano en Tumbes, Madre de Dios y otras regiones .
ACCIONES CONCRETAS Y METAS
Ordenamiento territorial: Zonificación obligatoria según peligros; prohibición de ocupación de zonas de alto riesgo .
Infraestructura resiliente: Obras de mitigación en 536 puntos críticos; limpieza de cauces y defensas ribereñas .
Adaptación climática: Planes sectoriales y locales de adaptación; seguros paramétricos contra desastres .
Meta 2031: Todos los gobiernos regionales y locales con planes de riesgo vigentes; reducir a la mitad la población expuesta sin protección; duplicar la inversión en prevención.
EJE 3 — Desarrollo Humano Integral y Oportunidades a lo Largo de la Vida: Busca garantizar el ejercicio de derechos desde la gestación hasta la vejez, optimizando la atención sanitaria, la calidad educativa, la inserción laboral, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos. Incluye la erradicación del trabajo infantil y la reducción de brechas que limitan el desarrollo de capacidades humanas.
«Nadie se queda atrás: desde la gestación hasta la vejez»
EL PASADO
Políticas fragmentadas y asistencialistas: salud, educación y protección social funcionaban desarticuladas. La anemia infantil alcanzaba al 40–50% de menores de 3 años en regiones del interior.
Brecha histórica en salud: esperas de más de 6 meses para citas médicas; déficit de más de 15.000 docentes en zonas rurales. El trabajo infantil afectaba a más de medio millón de menores .
Menos del 70% de la población tenía acceso a agua potable continua; zonas rurales con cobertura inferior al 40%.
EL PRESENTE
Se prioriza la reducción de brechas en salud: citas médicas, medicamentos y cirugías oportunas .
Educación: Énfasis en comprensión lectora, razonamiento matemático y competencias digitales. Balance curricular 2026; nuevos materiales educativos en 2027 .
Agua segura: Meta de 40.000 nuevas conexiones en 18 departamentos → 156.000 personas por primera vez con servicio .
Trabajo infantil: Meta de reducirlo en 3 puntos porcentuales al 2031, con enfoque rural .
ACCIONES CONCRETAS Y METAS
Salud materno-infantil y adulto mayor: Fondo de estímulo S/ 75 millones para regiones que reduzcan anemia ; infraestructura y equipamiento geriátrico.
Educación de calidad: Nuevo currículo al 2027; conectividad digital en escuelas; formación técnico-productiva.
Seguridad alimentaria y servicios básicos: Agua potable, alcantarillado y electrificación universal al 2031.
Protección social: Erradicación del trabajo infantil; sistema integrado de cuidados.
EJE 4 — Productividad, Empleo Formal e Integración Territorial: Se orienta a impulsar la competitividad de las micro y pequeñas empresas, garantizar seguridad jurídica para la inversión, reducir brechas de conectividad y potenciar el comercio exterior. El crecimiento económico se concibe no como fin en sí mismo, sino como medio para generar empleo digno y cerrar desigualdades regionales.
«Destrabar la economía para generar empleo digno»
EL PASADO
Crecimiento volátil y dependiente de materias primas: baja productividad estructural. La informalidad laboral superaba el 70%; las MYPES enfrentaban barreras burocráticas y falta de financiamiento.
Brechas de conectividad: más del 30% de centros poblados sin internet. La inversión pública se ejecutaba en menos del 70% del presupuesto asignado.
Inseguridad jurídica: cambios frecuentes en normativa desalentaban la inversión privada.
EL PRESENTE
Se crean cuatro comisiones presidenciales: contra la informalidad laboral, profundización de mercados financieros, aceleración de inversión pública y reducción de evasión tributaria .
MYPES: Simplificación administrativa, acceso a crédito y mercados de exportación.
Infraestructura y conectividad: 612 centros poblados con redes digitales en 2026 ; destrabe de obras de riego paralizadas; impulso a cartera vial y ferroviaria .
Predictibilidad jurídica: 240 proyectos de exploración minera responsable autorizados en 2026 ; reglas claras para inversiones.
ACCIONES CONCRETAS Y METAS
Productividad y formalización: Reducir informalidad laboral al 55%; MYPES con acceso a mercado financiero y cadenas de exportación.
Inversión y competitividad: 6 proyectos de generación eléctrica operando en julio 2027 ; reducción de tiempo y costos para apertura de negocios.
Conectividad e integración: Internet de alta velocidad en zonas rurales; corredores económicos interoceánicos y ferroviales.
Comercio exterior: Diversificación de mercados; valor agregado en exportaciones tradicionales y no tradicionales.
EJE 5 — Gobernabilidad Democrática y Estado de Derecho: Propone afianzar la representatividad, la rendición de cuentas y la coordinación interinstitucional, así como fomentar el diálogo con la sociedad civil y el sector privado. La fortaleza institucional se presenta como requisito indispensable para la estabilidad democrática y la continuidad de las políticas públicas.
«Instituciones fuertes = Confianza ciudadana»
EL PASADO
Alta inestabilidad institucional: 6 presidentes en 10 años; gabinetes con promedio de 6 meses de duración. La confianza en el Congreso rondaba el 10%; en el Poder Judicial, el 12%.
Coordinación intergubernamental casi nula: duplicidad de funciones, demoras en transferencias y conflictos entre niveles de gobierno.
Rendición de cuentas débil y opaca: sistemas de información fragmentados; presupuestos sin vínculo claro con resultados.
EL PRESENTE
Se propone fortalecer la representatividad y rendición de cuentas de todas las entidades públicas .
Mejorar la coordinación interinstitucional para respuesta oportuna a demandas sociales; diálogo efectivo con sociedad civil y sector privado.
Optimización del servicio de seguridad social y transparencia en contrataciones públicas.
ACCIONES CONCRETAS Y METAS
Fortalecimiento democrático: Reforma política para estabilidad gubernamental; sistema de rendición de cuentas ciudadana.
Coordinación Estado–Sociedad: Consejos de diálogo nacional, regional y local con carácter vinculante.
Modernización del Estado: Digitalización de servicios; presupuesto por resultados; carrera pública meritocrática.
Seguridad social universal: Cobertura integral y sostenible; acceso equitativo a prestaciones.
DATOS CONCEPTUALES
Política General de Gobierno: Instrumento rector de planificación de mediano plazo que define los objetivos, prioridades y lineamientos de la acción del Poder Ejecutivo durante un periodo gubernamental. Constituye el marco referencial para la formulación de planes sectoriales, presupuestos y programas públicos.
Eje prioritario: Área estratégica de intervención que agrupa un conjunto de objetivos, lineamientos y acciones articuladas, consideradas fundamentales para el desarrollo nacional y el bienestar de la población.
Seguridad ciudadana: Condición en la que las personas pueden ejercer sus derechos y libertades con pleno respeto a su integridad física y patrimonial, libres de amenazas o violencia. Comprende tanto la prevención del delito como la garantía del orden interno.
Gestión integral del riesgo de desastres: Proceso social y político que comprende la evaluación, prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación ante peligros y desastres, integrando la adaptación al cambio climático y la planificación territorial.
Productividad y competitividad: Capacidad del sistema económico de generar valor agregado de forma sostenible, incrementando la eficiencia en el uso de recursos y mejorando la posición del país en los mercados nacionales e internacionales.
Gobernabilidad democrática: Capacidad del sistema político para garantizar el funcionamiento legítimo de las instituciones, el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo y la representación ciudadana.
CONCLUSIONES
1.- La Política General de Gobierno 2026–2031 representa el marco estratégico más completo formulado en las últimas décadas, al integrar de manera transversal cinco dimensiones —seguridad, resiliencia, desarrollo humano, economía e institucionalidad— que hasta ahora se trataban de forma fragmentada. Su éxito dependerá de la coherencia entre los lineamientos declarados y la asignación presupuestal, así como de la continuidad de las acciones más allá de coyunturas políticas.
2.- La seguridad ciudadana asume un rol central y fundacional, reconociendo que la violencia delictiva constituye un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social. Sin embargo, su efectiva implementación requerirá no solo fortalecer a las fuerzas del orden, sino abordar las causas profundas de la criminalidad mediante políticas sociales y de prevención, tal como sugiere la evidencia comparada internacional.
3.- La incorporación de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático como eje prioritario marca un avance significativo en la planificación pública peruana, país altamente vulnerable a fenómenos naturales. El reto radica en traducir estos lineamientos en instrumentos de planificación territorial reales y vinculantes, evitando que se mantengan solo como enunciados programáticos.
4.- El enfoque de desarrollo humano integral a lo largo del ciclo de vida representa un salto conceptual importante, al abandonar la visión sectorial aislada de salud, educación y trabajo para articularlas en función de las personas y sus necesidades evolutivas. Su concreción exigirá fuerte coordinación intergubernamental y un sistema de seguimiento de resultados que permita medir su impacto real en la calidad de vida de la población.
5.- La gobernabilidad democrática y el fortalecimiento institucional se configuran como el pilar que sostiene toda la política, ya que sin instituciones sólidas, transparentes y capaces de rendir cuentas, los demás ejes corren el riesgo de quedar en meras declaraciones de intenciones. La efectividad de esta política dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar el Estado de derecho y fomentar la confianza entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
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2026–2031 Policy: The Roadmap That Will Restructure the Peruvian State — Five Pillars to Transform Peru: Security, Climate, Development, Economy, and Institutions. Do You Know the Path Laid Out for Peru Over the Next Five Years?
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe By means of Supreme Decree No. 127-2026-PCM, the Executive Branch has officially enacted the General Government Policy 2026–2031, a document that establishes the strategic guidelines governing public management throughout the five‑year term. Under the motto «Ordering the State to recover security, unlock growth, and turn public decisions into results», the proposal structures government action around five priority pillars, designed to articulate cross‑cutting and far‑reaching interventions. The President of the Council of Ministers, Luis Galarreta, presented the initiative before the Chamber of Deputies on August 20, stating that it constitutes a roadmap aimed at bridging social gaps and guaranteeing the effective exercise of fundamental rights.
DEVELOPMENT OF THE POLICY PILLARS
PILLAR 1 — Citizen Security and Internal Order: Insecurity stands as the primary obstacle to comprehensive development. This pillar sets guidelines to mitigate criminal violence, extortion, and organized crime; optimize access to justice; and strengthen the legitimacy of institutions responsible for public order. It also includes the recovery of territorial control in areas affected by illegal economies, on the understanding that without security, neither well‑being nor investment are possible.
«Without security there is no well‑being or development»
THE PAST
Security was addressed in a fragmented and reactive manner, lacking a sustained State policy. Crimes grew year after year: between January and July 2026 alone, 2,999 kidnappings were reported (≈14 daily), and extortion became a nationwide scourge.
Organized crime and illegal economies expanded their territorial control, while the prison system —operating at over 200% overcapacity— functioned as a school for crime.
The economic cost of insecurity is estimated at US$ 11.8 billion annually, and 45% of Peruvians report having businesses closed due to crime.
THE PRESENT
The State announces a shift: investment exceeding S/ 19 million to strengthen the Extortion Investigation Division.
Vehicles, technology, and intelligence systems for real‑time monitoring will be incorporated. The plan envisions recovering territorial control in areas dominated by illegal economies and strengthening prison management.
The perception of insecurity remains above 85% nationwide; extortion affects 4 in 10 businesses in Lima.
CONCRETE ACTIONS AND GOALS
December 2026: Sustained reduction in extortion, homicide, and kidnapping rates; deployment of specialized units in critical zones.
2027–2031: Integrated criminal intelligence system; prison modernization; recovery of border areas and the Apurímac, Ene, and Mantaro River Valley (VRAEM).
Goal: Reduce criminal victimization by more than 30% and restore citizen trust in law enforcement institutions.
PILLAR 2 — Territorial Resilience and Climate Change Adaptation: Faced with phenomena such as El Niño, earthquakes, and climate variability, the policy proposes land‑use planning according to hazards and potential, improving emergency response, and consolidating the adaptation of the productive apparatus, cities, and ecosystems. It moves beyond reactive management toward a culture of prevention and planning.
«From delayed reaction to permanent prevention»
THE PAST
Management was almost exclusively reactive: millions were spent on humanitarian aid and reconstruction, but almost nothing on prevention. Only 9% of entities developed risk assessments, and 76% lacked established risk scenarios.
Peru is one of the world’s most climate‑vulnerable countries: over 3,500 emergencies annually, a figure that multiplied by 10 in two decades. The 2017 Coastal El Niño generated losses exceeding S/ 15 billion.
Fewer than 31% of local governments had an approved risk management plan.
THE PRESENT
The National Commission for Risk Management before El Niño was formed, identifying 536 critical points for riverbed clearing and desilting.
CENEPRED warns that 11.2 million people are exposed to flooding; 35,500 schools, 7,300 health facilities, and 3.6 million homes are at risk. Up to 20 million people could be affected by the next El Niño event.
The National DRENA+ Urban Stormwater Drainage Plan is launched in Tumbes, Madre de Dios, and other regions.
CONCRETE ACTIONS AND GOALS
Territorial Planning: Mandatory zoning according to hazards; prohibition of settlement in high‑risk zones.
Resilient Infrastructure: Mitigation works at 536 critical points; riverbed clearing and river defenses.
Climate Adaptation: Sectoral and local adaptation plans; parametric disaster insurance.
2031 Goal: All regional and local governments with current risk plans; halve the unprotected exposed population; double investment in prevention.
PILLAR 3 — Comprehensive Human Development and Lifelong Opportunities: Seeks to guarantee the exercise of rights from conception to old age, optimizing health care, educational quality, labor insertion, food security, and access to basic services. Includes the elimination of child labor and the reduction of gaps limiting the development of human capabilities.
«No one left behind: from conception to old age»
THE PAST
Fragmented and assistance‑oriented policies: health, education, and social protection operated in isolation. Child anemia reached 40–50% of children under 3 in inland regions.
Persistent health gaps: waits exceeding six months for medical appointments; a shortage of over 15,000 teachers in rural areas. Child labor affected more than half a million minors.
Fewer than 70% of the population had access to continuous drinking water; rural areas with coverage below 40%.
THE PRESENT
Priority is given to closing health gaps: timely medical appointments, medicines, and surgeries.
Education: Emphasis on reading comprehension, mathematical reasoning, and digital skills. 2026 curriculum review; new educational materials in 2027.
Safe Water: Goal of 40,000 new connections across 18 departments → 156,000 people receiving service for the first time.
Child Labor: Goal of a 3 percentage point reduction by 2031, with a rural focus.
CONCRETE ACTIONS AND GOALS
Maternal‑Infant and Elderly Health: S/ 75 million incentive fund for regions that reduce anemia; geriatric infrastructure and equipment.
Quality Education: New curriculum by 2027; digital connectivity in schools; technical‑productive training.
Food Security and Basic Services: Universal drinking water, sewage, and electrification by 2031.
Social Protection: Elimination of child labor; integrated care system.
PILLAR 4 — Productivity, Formal Employment, and Territorial Integration: Aims to boost the competitiveness of micro and small enterprises, guarantee legal certainty for investment, reduce connectivity gaps, and strengthen foreign trade. Economic growth is conceived not as an end in itself, but as a means to generate dignified employment and reduce regional inequalities.
«Unlocking the economy to create dignified employment»
THE PAST
Volatile, commodity‑driven growth: low structural productivity. Labor informality exceeded 70%; MSEs faced bureaucratic barriers and lack of financing.
Connectivity gaps: over 30% of population centers without internet. Public investment was executed at less than 70% of the allocated budget.
Legal uncertainty: frequent regulatory changes discouraged private investment.
THE PRESENT
Four presidential commissions are established: against labor informality, deepening financial markets, accelerating public investment, and reducing tax evasion.
MSEs: Administrative simplification, access to credit, and export markets.
Infrastructure and Connectivity: 612 population centers with digital networks in 2026; unlocking stalled irrigation projects; advancing road and railway portfolios.
Legal Predictability: 240 responsible mining exploration projects authorized in 2026; clear rules for investment.
CONCRETE ACTIONS AND GOALS
Productivity and Formalization: Reduce labor informality to 55%; MSEs with access to financial markets and export chains.
Investment and Competitiveness: 6 power generation projects operational by July 2027; reduced time and cost for business start‑up.
Connectivity and Integration: High‑speed internet in rural areas; interoceanic and rail economic corridors.
Foreign Trade: Market diversification; added value in traditional and non‑traditional exports.
PILLAR 5 — Democratic Governance and the Rule of Law: Proposes strengthening representation, accountability, and inter‑institutional coordination, as well as fostering dialogue with civil society and the private sector. Institutional strength is presented as an essential requirement for democratic stability and the continuity of public policies.
«Strong institutions = Citizen trust»
THE PAST
High institutional instability: 6 presidents in 10 years; cabinets averaging 6 months in office. Trust in Congress stood at around 10%; in the Judiciary, at 12%.
Virtually no intergovernmental coordination: overlapping functions, transfer delays, and conflicts between government levels.
Weak and opaque accountability: fragmented information systems; budgets without clear links to outcomes.
THE PRESENT
Proposal to strengthen the representativeness and accountability of all public entities.
Improve inter‑institutional coordination for timely response to social demands; effective dialogue with civil society and the private sector.
Optimization of social security services and transparency in public procurement.
CONCRETE ACTIONS AND GOALS
Democratic Strengthening: Political reform for governmental stability; citizen accountability system.
State–Society Coordination: National, regional, and local dialogue councils with binding character.
State Modernization: Digitalization of services; results‑based budgeting; merit‑based public career system.
Universal Social Security: Comprehensive and sustainable coverage; equitable access to benefits.
CONCEPTUAL FRAMEWORK
General Government Policy: Mid‑term planning instrument that defines the objectives, priorities, and guidelines for the Executive Branch’s action during a governmental term. Constitutes the reference framework for formulating sectoral plans, budgets, and public programs.
Priority Pillar: Strategic area of intervention grouping a set of objectives, guidelines, and articulated actions considered fundamental for national development and population well‑being.
Citizen Security: Condition in which people may exercise their rights and freedoms with full respect for their physical and patrimonial integrity, free from threats or violence. Encompasses both crime prevention and the guarantee of internal order.
Comprehensive Disaster Risk Management: Social and political process encompassing risk assessment, prevention, mitigation, preparedness, response, and recovery from hazards and disasters, integrating climate change adaptation and territorial planning.
Productivity and Competitiveness: Capacity of the economic system to generate sustainable added value, increasing efficiency in resource use and improving the country’s position in domestic and international markets.
Democratic Governance: Political system’s capacity to ensure the legitimate functioning of institutions, the rule of law, accountability, and the peaceful resolution of conflict through dialogue and citizen representation.
CONCLUSIONS
1.- The General Government Policy 2026–2031 represents the most comprehensive strategic framework formulated in recent decades, integrating five dimensions —security, resilience, human development, economy, and institutional strength— that were previously addressed in isolation. Its success will depend on consistency between stated guidelines and budgetary allocation, as well as on the continuity of actions beyond political cycles.
2.- Citizen security takes on a central and foundational role, recognizing that criminal violence constitutes a structural obstacle to economic and social development. However, effective implementation will require not only strengthening law enforcement, but also addressing the root causes of criminality through articulated social and prevention policies, as suggested by international comparative evidence.
3.- The inclusion of disaster risk management and climate change adaptation as a priority pillar marks a significant advance in Peruvian public planning, in a country highly vulnerable to natural hazards. The challenge lies in translating these guidelines into real and binding territorial planning instruments, preventing them from remaining merely programmatic statements.
4.- The comprehensive human development approach throughout the life cycle represents an important conceptual leap, abandoning the isolated sectoral vision of health, education, and labor to articulate them around people and their evolving needs. Its realization will require strong intergovernmental coordination and a results‑tracking system capable of measuring real impact on the population’s quality of life.
5.- Democratic governance and institutional strengthening are configured as the pillar sustaining the entire policy, since without solid, transparent, and accountable institutions, the remaining pillars risk becoming mere declarations of intent. The effectiveness of this policy will depend largely on the State’s ability to guarantee the rule of law and foster trust between government, civil society, and the private sector.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe