Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter:@prensaperupe El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, ha informado sobre la próxima visita oficial a El Salvador con el propósito de examinar de cerca las estrategias implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en su lucha contra el crimen organizado. La iniciativa incluye el conocimiento directo del subsistema integrado por fiscales, jueces y policías especializados, así como una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido por sus siglas CECOT. Paralelamente, el ministro ha anunciado avances en la política penitenciaria nacional, como la puesta en marcha del subsistema especializado contra la extorsión en Trujillo y el proyecto de construcción de una cárcel modular para personas que no registran delitos de violencia. Sin embargo, el análisis de esta experiencia requiere examinar también las profundas diferencias que distinguen la realidad salvadoreña de la peruana, dimensiones que condicionan directamente lo que puede ser aplicado y lo que no puede trasladarse mecánicamente de un país a otro.
La primera y más evidente distinción radica en la dimensión territorial y humana. El Salvador tiene una extensión aproximada de veintiún mil kilómetros cuadrados, mientras que el Perú supera el millón doscientos mil kilómetros cuadrados, es decir, que el territorio peruano es más de sesenta veces mayor que el salvadoreño. A esto se suma una geografía sumamente compleja, con costa, sierra y selva, donde existen zonas de difícil acceso que funcionan como refugio y ruta de tránsito para actividades ilícitas. Controlar un territorio compacto, relativamente plano y con alta densidad poblacional como el salvadoreño no exige los mismos recursos, despliegue y capacidad de inteligencia que monitorear un país con la diversidad y extensión del Perú. Lo que puede parecer eficiente en un espacio reducido puede resultar logísticamente imposible de replicar en un territorio tan vasto y accidentado.
En segundo lugar, es fundamental comprender las diferencias en la naturaleza de los fenómenos delictivos. El Salvador enfrentó principalmente a dos grandes estructuras criminales centralizadas: la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. En el Perú, el panorama delictivo es mucho más fragmentado, diverso y disperso. Comprende desde bandas dedicadas a la extorsión y el sicariato hasta organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico de personas y delitos informáticos. No existe un enemigo único ni una estructura centralizada que, al ser golpeada, colapse todo el sistema delictivo. Esta fragmentación hace que las soluciones deban ser igualmente variadas, lo que dificulta aplicar un mismo esquema de manera uniforme en todo el territorio nacional. Y lo que es peor aun aunque pocos lo quieren expresar es que estas bandas delictivas que operan en el Perú han penetrado las instituciones encargadas de perseguirlas como: la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial; y gran parte del ecosistema político del país.
Una tercera dimensión, y quizás la más determinante, es el marco jurídico e institucional dentro del cual operan las fuerzas del Estado. En El Salvador, las normas procesales permiten actuar con mayor celeridad y discreción en determinadas intervenciones dirigidas contra el crimen organizado. En cambio, el ordenamiento jurídico peruano establece garantías procesales que, aunque necesarias para el Estado democrático, también imponen límites estrictos a la actuación inmediata de las fuerzas del orden. Es el caso de las diligencias de allanamiento e intervención, donde el marco legal vigente exige garantizar el derecho de defensa desde el inicio mismo de la actuación policial, lo que incluye la presencia del abogado del imputado antes de que se inicie la diligencia. Si el objetivo es realizar una operación sorpresiva y estratégicamente planificada contra una banda criminal, comunicar previamente la intervención a través de su defensa jurídica puede frustrar la operación y poner en riesgo a quienes participan en ella. No se trata de prescindir del debido proceso, sino de reconocer que las reglas del juego no son iguales en ambos países y que pretender los mismos resultados con marcos legales distintos es una falacia de base. En resumen a diferencia de El Salvador con el caso peruano, aquí operan la “Leyes Procrimen” a favor de las lacras sociales con el visto bueno del Gobierno.
A esto se suma que en El Salvador las tres instituciones encargadas de la seguridad: Fuerzas Armadas, Policía Nacional Civil y cuerpos de agentes metropolitanos, cuentan con facultades legales expresas y coordinadas para intervenir de manera conjunta y en el territorio. En el Perú, las competencias están delimitadas de forma diferente: las Fuerzas Armadas tienen roles de defensa externa y apoyo en casos excepcionales, mientras que la seguridad ciudadana recae principalmente en la Policía Nacional. Esta división de funciones no es un defecto del sistema, sino una decisión de diseño institucional que responde a nuestra historia y Constitución, pero que también significa que no contamos con el mismo esquema de intervención conjunta que ha caracterizado al modelo salvadoreño.
Lo que verdaderamente hace valiosa esta visita no es la copia mecánica de lo que se ha hecho en el exterior, sino la identificación de aquellos componentes que sí son adaptables. La especialización de fiscales, jueces y policías es un camino que el Perú ya ha iniciado con el subsistema contra la extorsión en Trujillo y que muestra que se puede avanzar desde nuestras propias instituciones. La construcción de infraestructura penitenciaria adecuada también constituye una medida necesaria, siempre y cuando vaya acompañada de políticas de resocialización reales. En definitiva, el valor de la experiencia salvadoreña no radica en replicar sus fotografías más mediáticas, sino en examinar con rigor qué instrumentos, qué legislación y qué coordinación institucional hicieron posible sus avances, contrastándolos con nuestra propia realidad territorial, social y jurídica. Copiar sin adaptar conduce inevitablemente al fracaso; aprender, seleccionar y construir desde nuestra propia identidad institucional es el camino que conviene transitar.
DATOS CONCEPTUALES
Modelo de seguridad salvadoreño: Conjunto de políticas públicas implementadas desde 2019 por el gobierno de El Salvador, caracterizado por el endurecimiento de penas contra el crimen organizado, la declaración de estados de excepción, la construcción de centros penitenciarios de alta seguridad y el despliegue coordinado de fuerzas militares y policiales. Si bien ha registrado una disminución notable en las tasas de homicidios, su aplicación ha generado debates académicos e internacionales sobre su sostenibilidad, su costo en términos de garantías ciudadanas y su transferibilidad a contextos institucionales distintos.
Fragmentación criminal: Situación en la que las organizaciones delictivas de un país no responden a una o pocas estructuras centrales, sino que se manifiestan a través de múltiples grupos, redes y actividades delictivas diversas y a menudo independientes entre sí. Esta característica, presente en el caso peruano, exige estrategias diferenciadas, capacidades de inteligencia distribuidas y coordinación interinstitucional mucho más compleja que cuando se enfrenta a un adversario concentrado.
Debido proceso: Principio jurídico constitucional según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas durante una investigación o un juicio: a ser informada de los cargos en su contra, a contar con tiempo y medios adecuados para su defensa, a comunicarse libremente con su abogado y a no ser privada arbitrariamente de su libertad. En el Perú, estas garantías están recogidas en el artículo 139 de la Constitución Política y en tratados internacionales de derechos humanos. Su aplicación rigurosa distingue el sistema democrático de sistemas donde las garantías procesales pueden suspenderse temporalmente en zonas o periodos declarados en estado de excepción .
Densidad y control territorial: Relación entre la extensión geográfica de un Estado, su población y su capacidad efectiva de presencia institucional en todo su territorio. Un país con escasa densidad poblacional en vastas zonas de su interior enfrenta el reto adicional de que las organizaciones delictivas pueden establecerse en espacios donde la presencia del Estado es intermitente o nula, lo que dificulta el control continuo que sí es posible implementar en países de territorio reducido y continuo.
Cooperación jurídica internacional: Mecanismo mediante el cual dos o más países intercambian información, solicitan diligencias judiciales y coordinan acciones contra el crimen transnacional. Esta cooperación opera cuando las legislaciones nacionales reconocen reciprocidad en sus procedimientos, lo que hace aún más relevante que cualquier reforma legal interna sea compatible con los compromisos internacionales asumidos por el Perú .
CONCLUSIONES
1.- La visita técnica a El Salvador representa una oportunidad legítima y valiosa para conocer experiencias internacionales, siempre que se realice con una actitud analítica y no de imitación acrítica.
2.- La diferencia territorial y geográfica entre ambos países hace que los modelos de seguridad no sean intercambiables por definición; lo que resulta efectivo en un espacio compacto no necesariamente lo será en un territorio de dimensiones continentales y con la diversidad geográfica del Perú.
3.- La estructura fragmentada del crimen organizado en el Perú exige respuestas igualmente diversificadas, donde la especialización de fiscales y jueces sea acompañada de una inteligencia descentralizada y presencia institucional en las zonas de mayor riesgo.
4.- El marco jurídico no es un obstáculo a superar, sino el escenario dentro del cual debe operar cualquier política de seguridad; fortalecer las capacidades del Estado no significa eliminar garantías, sino dotar a las instituciones de instrumentos procesales ágiles que respeten el debido proceso sin paralizar la acción de justicia.
5.- El verdadero aprendizaje de la experiencia salvadoreña no debe buscarse en el tamaño de sus cárceles ni en la contundencia de sus mensajes, sino en la capacidad de coordinar acciones entre policía, ministerio público y poder judicial, y en la determinación política de sostener las políticas de seguridad más allá de los cambios de gobierno.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
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Understand—Analyze—Adapt! “The visit to El Salvador should serve to identify what is useful and discard what is unfeasible, building a unique security model in accordance with the Constitution and the law, not through mere copying, but by developing realistic solutions.”
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The Minister of Justice and Human Rights, Ernesto Álvarez Miranda, has announced the upcoming official visit to El Salvador, aimed at examining firsthand the strategies implemented by the government of President Nayib Bukele in the fight against organized crime. The initiative includes direct study of the subsystem made up of specialized prosecutors, judges, and police officers, as well as a visit to the Terrorism Confinement Center, known by its acronym CECOT. In parallel, the Minister has reported on advances in national prison policy, such as the launch of the specialized subsystem against extortion in Trujillo and the project to build a modular prison for offenders convicted of non-violent crimes. However, an analysis of this experience must also examine the profound differences that distinguish the Salvadoran reality from that of Peru — dimensions that directly determine what can be adapted and what cannot be mechanically transferred from one country to the other.
The first and most obvious distinction lies in territorial and human scale. El Salvador covers approximately 21,000 square kilometers, while Peru exceeds 1,285,216 square kilometers; in other words, Peruvian territory is more than 60 times larger than that of El Salvador. Added to this is an extremely complex geography encompassing coast, highlands, and jungle regions, where remote areas serve as sanctuaries and transit routes for illegal activities. Governing a compact, relatively flat territory with high population density like El Salvador does not require the same resources, deployment, or intelligence capabilities as monitoring a country of Peru’s vastness and topographical diversity. What appears efficient in a small, concentrated space may prove logistically impossible to replicate across such an extensive and rugged landscape.
Secondly, it is essential to understand differences in the nature of criminal phenomena. El Salvador faced primarily two large, centralized criminal structures: MS-13 and Barrio 18. In Peru, the criminal landscape is far more fragmented, diverse, and dispersed. It ranges from gangs dedicated to extortion and contract killings to organizations involved in drug trafficking, illegal mining, human smuggling, and cybercrime. There is no single adversary or centralized structure whose dismantling would collapse the entire criminal network. This fragmentation requires equally varied solutions, making it difficult to apply a uniform approach across the entire national territory. Perhaps even more concerning though rarely acknowledged openly is that these criminal groups operating in Peru have penetrated the very institutions tasked with combating them: the National Police, the Public Prosecutor’s Office, and the Judiciary, alongside significant segments of the country’s political system.
A third dimension, and perhaps the most decisive, is the legal and institutional framework within which State authorities operate. In El Salvador, procedural rules allow for greater speed and discretion in certain operations targeting organized crime. In contrast, Peru’s legal system establishes procedural safeguards that, while essential to a democratic State, also impose strict limits on the immediate actions of law enforcement. This is evident in search and seizure procedures, where current legal provisions require that the right to defense be guaranteed from the very outset of police action including the presence of the suspect’s attorney before proceedings may begin. If the goal is to carry out a surprise, strategically planned operation against a criminal organization, notifying legal representation in advance can jeopardize the mission and endanger those involved. This is not to suggest disregarding due process, but rather recognizing that the rules of engagement differ fundamentally between the two nations. Assuming identical outcomes under distinct legal frameworks is a fundamental misconception. Put simply, unlike El Salvador, Peru operates under what have come to be called “pro-criminal laws” procedural norms that effectively favor criminal organizations, enacted with the government’s acquiescence.
Furthermore, in El Salvador, the three institutions responsible for security: the Armed Forces, the National Civil Police, and metropolitan task forces, possess explicit legal authority to intervene jointly across the national territory. In Peru, responsibilities are delineated differently: the Armed Forces are constitutionally tasked with external defense and may only support domestic security in exceptional circumstances, while primary responsibility for public safety rests with the National Police. This division of authority is not an institutional flaw but a deliberate design choice rooted in Peru’s history and Constitution. It does mean, however, that Peru does not operate under the same model of unified civil-military intervention that defines the Salvadoran approach.
The true value of this visit lies not in mechanically replicating what has worked elsewhere, but in identifying which components are genuinely adaptable. The specialization of prosecutors, judges, and police officers is a path Peru has already embarked upon with the anti-extortion subsystem in Trujillo, demonstrating that meaningful progress is possible through existing national institutions. Constructing adequate prison infrastructure is also necessary, provided it is paired with genuine rehabilitation and reintegration programs. Ultimately, the significance of the Salvadoran experience lies not in emulating its most visible symbols, but in rigorously examining what legal instruments, legislation, and institutional coordination made those outcomes possible — and comparing them against Peru’s unique territorial, social, and legal realities. Copying without adaptation inevitably leads to failure; learning, selecting, and building upon our own institutional identity is the path worth pursuing.
CONCEPTUAL DEFINITIONS
Salvadoran Security Model: The set of public policies implemented since 2019 by the Government of El Salvador, characterized by harsher sentencing for organized crime, the use of states of exception, the construction of maximum-security prison facilities, and the coordinated deployment of military and police forces. While the country has recorded a marked reduction in homicide rates, its implementation remains the subject of ongoing academic and international debate regarding its long-term sustainability, implications for civil liberties, and applicability to different institutional contexts.
Criminal Fragmentation: A situation in which criminal organizations within a country do not answer to one or a few centralized leaderships, but instead operate through multiple independent groups, networks, and illicit activities. This reality — highly relevant to Peru — demands differentiated strategies, distributed intelligence capabilities, and far more complex inter-institutional coordination than is required when confronting a single, concentrated adversary.
Due Process: A constitutional legal principle guaranteeing every person minimum standards of protection during an investigation or legal proceeding: the right to be informed of charges, adequate time and resources to prepare a defense, unimpeded communication with counsel, and protection against arbitrary detention. In Peru, these rights are enshrined in Article 139 of the Political Constitution and in international human rights treaties ratified by the State. Their rigorous application distinguishes democratic legal systems from those where procedural protections may be suspended temporarily or selectively.
Territorial Density and Control: The relationship between a State’s geographic size, its population distribution, and its capacity to maintain effective institutional presence throughout its jurisdiction. Countries with vast, sparsely populated regions face the additional challenge of criminal groups establishing permanent operations in areas where State presence is intermittent or absent a difficulty far less pronounced in smaller, more compact nations.
International Legal Cooperation: The framework through which nations share information, request judicial assistance, and coordinate cross-border law enforcement operations. Effective cooperation relies on mutual recognition of legal procedures, underscoring the importance of ensuring that domestic legal reforms remain consistent with international treaty obligations ratified by Peru.
CONCLUSIONS
1.- The technical visit to El Salvador represents a legitimate and valuable opportunity to examine international experiences, provided it is conducted with critical analysis rather than uncritical imitation.
2.- The profound territorial and geographic differences between the two countries mean that security models are not interchangeable by default; what proves effective in a compact, small-scale setting will not necessarily succeed across a territory as vast and geographically diverse as Peru.
3.- The fragmented nature of criminal organization in Peru demands equally diversified responses, pairing specialized prosecutors and judges with decentralized intelligence networks and sustained institutional presence in high-risk regions.
4.- The legal framework is not an obstacle to be overcome, but rather the environment within which all security policy must operate; strengthening State capacity does not require dismantling legal protections, but rather equipping institutions with effective procedural tools that uphold due process without paralyzing law enforcement.
5.- The most meaningful lessons from El Salvador extend beyond high-profile prisons or strong public messaging. They lie in understanding how police, prosecutors, and the judiciary successfully coordinated their operations, and in the political commitment required to sustain security policies across changes in administration.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe