Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe El Poder Ejecutivo del Perú ha recibido autorización del Congreso de la República para ejercer la figura de la legislación delegada a través de la Ley N° 32527, con un plazo de vigencia de 60 días calendario. Esta competencia le permite dictar normas en tres ejes estratégicos fundamentales: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional —materias que el Congreso ha reconocido como prioritarias para la gestión del país en el corto plazo.
La norma, que fue publicada en la víspera en el diario oficial El Peruano (órgano de difusión de las disposiciones legales del Estado), habilita al Gobierno a implementar un paquete integral de 48 medidas urgentes diseñadas para abordar retos apremiantes. De estas, 24 se concentran en fortalecer la respuesta estatal frente a la delincuencia, buscando asegurar condiciones más eficaces para la investigación criminal, la persecución penal y el control del sistema penitenciario.
En el ámbito de la seguridad, la delegación le confiere al Ejecutivo la capacidad de modificar normas penales y procesales específicas para combatir con mayor firmeza delitos de alta impacto social, como la extorsión, el sicariato, el secuestro y la minería ilegal —actividades que han generado desconfianza en la población y afectado la estabilidad de regiones estratégicas. Asimismo, se establecen mecanismos para reforzar el principio de autoridad en el ejercicio de la función policial, optimizar el control de armas de fuego y erradicar las telecomunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios (un factor clave en la organización de delitos desde dentro de las cárceles). Todo ello, con el compromiso de respetar los derechos fundamentales de las personas y la libertad de prensa, garantizando que las acciones del Estado no afecten los principios democráticos.
Destaca también una disposición que faculta al Gobierno a establecer un marco normativo para la declaratoria de emergencia del servicio público de transporte. Esta medida busca garantizar la continuidad y seguridad de la prestación de este servicio esencial ante situaciones de grave afectación, restricciones severas o amenazas contra la integridad física de los usuarios —un aspecto relevante en contextos donde la inseguridad ha afectado la movilidad de la población.
En el eje de crecimiento económico responsable, la delegación comprende 17 disposiciones dirigidas a afianzar la sostenibilidad fiscal del Estado, enfrentar el fraude tributario y aduanero (que erosionan los recursos públicos), acelerar la ejecución de infraestructura estratégica (como vías, energías y comunicaciones) y promover la inversión pública y privada mediante el fomento de asociaciones público-privadas (APP). Estas acciones buscan reactivar la economía, generar empleo y mejorar la competitividad del país en el escenario regional e internacional.
Por último, en el ámbito de fortalecimiento institucional —que cuenta con 7 iniciativas— se autoriza la modernización del sistema de planeamiento estratégico del Estado, la creación de dos nuevas entidades reguladoras: la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) (dirigida a mejorar la gestión del sistema penitenciario) y la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (encargada de garantizar el cumplimiento de derechos en el ámbito judicial). Además, se establecen acciones para mejorar la gobernanza en ciencia, tecnología e innovación y aumentar la eficiencia de los organismos reguladores, con el fin de consolidar instituciones más sólidas, transparentes y eficaces.
De esta manera, el Gobierno nacional reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad y dentro del orden constitucional para mitigar la inseguridad ciudadana, reactivar el crecimiento económico y consolidar la institucionalidad del Estado, trazando una ruta ordenada hacia la estabilidad y el desarrollo sostenible del país.
CONCLUSIONES
1.- La Ley N° 32527 otorga al Ejecutivo un mandato legislativo urgente de 60 días para abordar tres retos prioritarios: seguridad, economía y fortalecimiento institucional, demostrando un acuerdo transitorio entre poderes para actuar frente a problemáticas apremiantes.
2.- El paquete de 48 medidas concentra la mitad de sus acciones en la seguridad ciudadana, con cambios normativos para combatir delitos organizados y mejorar el control penitenciario, sin perder el foco en la protección de derechos fundamentales y la libertad de prensa.
3.- En materia económica, las disposiciones buscan fortalecer la hacienda pública, combatir el fraude y acelerar proyectos de infraestructura, con un énfasis en las asociaciones público-privadas como herramienta para atraer inversión.
4.- La creación de nuevas superintendencias (SUNIR y Superintendencia de Defensa Pública) y la modernización del planeamiento estratégico buscan transformar la institucionalidad del Estado, haciendo sus organismos más eficaces y orientados a los derechos de la población.
5.- La iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de actuar dentro de los marcos constitucionales, proponiendo una ruta ordenada hacia la estabilidad y el desarrollo, aunque su éxito dependerá de la velocidad y calidad en la implementación de las medidas durante el plazo otorgado.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
English Translation
Congress authorizes Government to legislate for 60 days on security, the economy, and institutional framework. Law 32527 will allow the implementation of 48 urgent measures.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The Executive Branch of Peru has received authorization from the Congress of the Republic to exercise delegated legislative powers through Law No. 32527, with a validity period of 60 calendar days. This authority allows it to enact regulations in three fundamental strategic areas: citizen security and the fight against organized crime, responsible economic growth, and institutional strengthening—matters that Congress has recognized as priorities for the country’s management in the short term.
The law, published yesterday in the official gazette El Peruano (the official publication of state legal provisions), authorizes the government to implement a comprehensive package of 48 urgent measures designed to address pressing challenges. Of these, 24 focus on strengthening the state’s response to crime, seeking to ensure more effective conditions for criminal investigation, prosecution, and oversight of the prison system.
In the area of security, the delegation grants the Executive Branch the power to modify specific criminal and procedural laws to more effectively combat high-impact crimes such as extortion, contract killings, kidnapping, and illegal mining—activities that have generated distrust among the population and affected the stability of strategic regions. It also establishes mechanisms to strengthen the rule of law in the exercise of police functions, optimize firearms control, and eradicate illegal telecommunications in prisons (a key factor in the organization of crimes from within prisons). All of this is done with a commitment to respecting fundamental human rights and freedom of the press, ensuring that state actions do not undermine democratic principles.
Also noteworthy is a provision that empowers the Government to establish a regulatory framework for declaring a state of emergency in the public transportation service. This measure seeks to guarantee the continuity and safety of this essential service in the face of serious disruptions, severe restrictions, or threats to the physical safety of users—a relevant aspect in contexts where insecurity has affected the mobility of the population.
Regarding responsible economic growth, the delegation includes 17 provisions aimed at strengthening the State’s fiscal sustainability, combating tax and customs fraud (which erodes public resources), accelerating the execution of strategic infrastructure projects (such as roads, energy, and communications), and promoting public and private investment through the development of public-private partnerships (PPPs). These actions seek to reactivate the economy, generate employment, and improve the country’s competitiveness in the regional and international arena.
Finally, in the area of institutional strengthening—which includes seven initiatives—the modernization of the State’s strategic planning system is authorized, as well as the creation of two new regulatory entities: the National Superintendency of Incarceration and Resocialization (SUNIR) (aimed at improving the management of the prison system) and the Superintendency of Public Defense and Access to Justice (responsible for guaranteeing the fulfillment of rights within the judicial system). Furthermore, actions are established to improve governance in science, technology, and innovation and to increase the efficiency of regulatory bodies, with the goal of consolidating stronger, more transparent, and more effective institutions.
In this way, the national government reaffirms its commitment to act responsibly and within the constitutional framework to mitigate citizen insecurity, reactivate economic growth, and strengthen State institutions, charting an orderly course toward stability and sustainable development for the country.
CONCLUSIONS
1.- Law No. 32527 grants the Executive Branch an urgent legislative mandate of 60 days to address three priority challenges: security, the economy, and institutional strengthening, demonstrating a temporary agreement between branches of government to act in the face of pressing problems.
2.- The package of 48 measures focuses half of its actions on citizen security, with regulatory changes to combat organized crime and improve prison oversight, while maintaining a focus on the protection of fundamental rights and freedom of the press.
3.- In economic matters, the provisions seek to strengthen public finances, combat fraud, and accelerate infrastructure projects, with an emphasis on public-private partnerships as a tool to attract investment.
4.- The creation of new superintendencies (SUNIR and the Superintendency of Public Defense) and the modernization of strategic planning aim to transform the State’s institutional framework, making its agencies more efficient and oriented toward the rights of the population.
5.- The initiative reaffirms the Government’s commitment to acting within the constitutional framework, proposing an orderly path toward stability and development, although its success will depend on the speed and quality of the measures’ implementation within the allotted timeframe.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe