Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, expuso en entrevista los lineamientos centrales de la gestión, respondiendo con claridad a los cuestionamientos sobre la herencia recibida del Estado, las medidas económicas anunciadas, la situación interna del gabinete, la seguridad ciudadana y las relaciones internacionales. Sus palabras buscan establecer con transparencia qué se ha encontrado, qué se va a hacer y bajo qué principios se trabaja.

Al iniciar su intervención, el titular del gabinete señaló que la administración heredada presenta graves deficiencias: se han registrado gastos por unos 260 millones de soles que no se tradujeron en servicio alguno a la ciudadanía. “Esto no afecta solo las cuentas, sino la educación, la infraestructura y la forma en que funciona el Estado”, afirmó. Por ello, estableció como prioridad revertir este desorden: el orden, explicó, no debe estar únicamente en las calles, sino también en el gasto público y en toda la administración estatal.

Consultado sobre supuestos desacuerdos internos, especialmente con el Ministerio de Economía, el ministro fue contundente: “No ha existido ningún desacuerdo”. Explicó que las demoras en algunos trámites se deben a procedimientos burocráticos que exigen informes y revisiones que pueden tomar de tres a cuatro días, y destacó que, a diferencia de gobiernos anteriores que demoraron entre 45 y más de 90 días en presentar proyectos de facultades legislativas, esta gestión lo hizo al segundo día de iniciado su mandato.

Respecto al aumento de la remuneración mínima vital en 170 soles para llegar a los 1 300 soles, Galarreta indicó que cada ministro tiene autonomía técnica y que la medida se ha planteado con respaldo serio. “Lo que criticamos son los anuncios de campaña sin sustento; lo que proponemos es una medida que mejore los ingresos sin dañar la economía”, señaló.

Sobre la información difundida sobre un posible recorte de feriados, aclaró que se trató de un borrador preliminar que nunca se concretó. “No se eliminan fechas emblemáticas como el 18 y 19 de julio”, indicó. Lo que se evalúa es reordenar aquellos feriados que caen entre semana, para no interrumpir la actividad productiva, sin perder su valor ni su sentido.

Denunció también hallazgos graves en distintas entidades: material educativo, uniformes y equipos tecnológicos que nunca llegaron a sus destinatarios; almacenes con insumos por vencer comprados con recursos de las Fuerzas Armadas por cerca de 49 millones de dólares; y locales destinados a institutos tecnológicos que se usaron para fines distintos. Todo esto, dijo, confirma la necesidad de vigilar y cuidar cada recurso público.

En materia de designaciones, señaló que se prioriza la capacidad y experiencia de las personas por encima de cualquier otra consideración, y que se evalúa a cada funcionario por su trayectoria. Reconoció que hay espacio para mayor participación de la mujer en cargos de decisión, pero reiteró que los nombramientos responden a méritos profesionales.

Frente a la inseguridad ciudadana y hechos de violencia que han conmocionado al país, explicó que las facultades legislativas permitirán actualizar normas para dar respaldo legal a la Policía y las Fuerzas Armadas, permitiéndoles actuar con protección y eficacia contra la delincuencia organizada. “No basta con voluntad; se necesitan herramientas legales que amparen tanto a las autoridades como a la ciudadanía”, afirmó.

Sobre el caso de Betssy Chávez y las relaciones con México, indicó que la decisión de otorgar el salvoconducto respondió al respeto estricto al derecho internacional y a los tratados vigentes. “No hubo presiones ni chantajes, solo altura de miras pensando en la hermandad entre ambas naciones”, expresó, reafirmando la voluntad de fortalecer los lazos comerciales y de integración entre ambos países.

DATOS CONCEPTUALES

Orden administrativo y orden público: El orden público garantiza seguridad y convivencia pacífica; el orden administrativo implica usar los recursos del Estado con transparencia, control y planificación, evitando despilfarro o uso indebido.

Facultades legislativas: Autorización que concede el Congreso al Poder Ejecutivo para dictar normas con rango de ley, por tiempo limitado y sobre materias específicas, permitiendo agilizar decisiones urgentes.

Remuneración Mínima Vital (RMV): Es el monto mínimo legal que debe recibir un trabajador por jornada completa, fijado considerando el costo de vida, la productividad y la situación económica del país.

Optimización de feriados: Medida que busca reubicar días feriados cercanos a días laborables sin eliminar su valor histórico, para equilibrar el descanso ciudadano con la continuidad de la actividad económica.

Control patrimonial: Conjunto de mecanismos de vigilancia que aseguran que los bienes y recursos del Estado se usen solo para los fines de interés público para los cuales fueron adquiridos.

Meritocracia: Principio según el cual las personas son designadas para cargos públicos por su capacidad, conocimientos, experiencia y trayectoria, y no por afinidad política u otras razones ajenas al servicio público.

Derecho internacional y asilo diplomático: Conjunto de normas que rigen las relaciones entre Estados. El asilo diplomático, reconocido por tratados como la Convención de Caracas de 1954, protege a personas perseguidas por motivos políticos.

DATOS

1.- El primer paso para recuperar el Estado es poner orden: tanto en las calles como en el uso del dinero público, pues sin transparencia y control del gasto ninguna otra medida podrá entregar resultados reales a la ciudadanía.

2.- La unidad del gabinete y la rapidez con la que se trabaja demuestran voluntad de acción; cualquier demora responde a trámites normativos y no a divisiones internas del gobierno.

3.- Las medidas económicas que se anuncian buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero siempre con respaldo técnico y responsable, sin comprometer la estabilidad del país.

4.- Reordenar feriados o revisar decisiones anteriores no significa eliminar derechos ni tradiciones, sino planificar con sentido práctico buscando el bienestar general.

5.- Lo encontrado en almacenes, instituciones y obras confirma que el descuido del pasado ha costado mucho al país; por eso es indispensable vigilar y cuidar cada recurso que pertenece a todos los peruanos.

6.- En seguridad ciudadana, se requiere actualizar las leyes para que las instituciones del orden puedan actuar con respaldo y eficacia; y en política exterior, las decisiones se toman respetando siempre el derecho internacional y los intereses permanentes del Perú.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe

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Prime Minister Luis Galarreta (PCM): “Order in the streets and in public spending is the foundation of this administration.” The Cabinet advances united and faster than ever in its early days, upholding respect and the strength of international law in relations with Mexico.

Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The President of the Council of Ministers, Luis Galarreta Velarde, outlined the central guidelines of the administration in an interview, clearly responding to questions regarding the inherited State situation, announced economic measures, the internal situation of the Cabinet, citizen security, and international relations. His statements seek to establish with transparency what has been found, what will be done, and under what principles the administration shall operate.

At the start of his remarks, the Head of the Cabinet noted that the inherited administration presents serious deficiencies: expenditures of approximately 260 million soles have been recorded which did not translate into any service for the citizenry. “This affects not only accounts, but also education, infrastructure, and the very way the State functions,” he stated. Consequently, he established as a priority the need to reverse this disorder: order, he explained, must exist not only in the streets, but also in public spending and throughout State administration.

Asked about alleged internal disagreements, particularly with the Ministry of Economy, the Minister was emphatic: “There have been no disagreements whatsoever.” He explained that delays in certain procedures are due to bureaucratic protocols requiring reports and reviews that may take three to four days, and highlighted that — unlike previous administrations which took between 45 and more than 90 days to present legislative powers bills — this administration did so on the second day of its mandate.

Regarding the increase in the statutory minimum wage by 170 soles to reach 1,300 soles, Galarreta stated that each Minister holds technical autonomy and that the measure has been proposed on solid grounds. “What we criticize are campaign announcements lacking technical basis; what we propose is a measure that improves incomes without harming the economy,” he indicated.

Concerning reports regarding a potential cut in public holidays, he clarified that such information referred to a preliminary draft that was never finalized. “Emblematic dates such as July 18th and 19th will not be removed,” he stated. What is being evaluated is the reordering of those holidays that fall mid-week, so as not to disrupt productive activity, without diminishing their value or meaning.

He also denounced serious findings across various entities: educational materials, uniforms, and technological equipment that never reached their intended recipients; warehouses holding expiring supplies purchased with approximately US$49 million in funds belonging to the Armed Forces; and premises designated for technological institutes that were repurposed for other uses. All of this, he said, confirms the need to oversee and safeguard every public resource.

Regarding appointments, he indicated that priority is given to individuals’ competence and experience above all other considerations, and that each official is evaluated based on their professional record. He acknowledged that there remains room for greater participation of women in decision-making positions, but reaffirmed that appointments are based on professional merit.

Faced with citizen insecurity and acts of violence that have shaken the nation, he explained that legislative powers will enable the updating of laws to provide legal backing to the Police and the Armed Forces, allowing them to act with protection and effectiveness against organized crime. “Good intentions alone are not enough; we need legal tools that protect both authorities and the citizenry,” he affirmed.

Regarding the case of Betssy Chávez and relations with Mexico, he stated that the decision to grant safe-conduct was made in strict compliance with international law and existing treaties. “There was no pressure or blackmail — only statesmanship, mindful of the brotherhood that unites both nations,” he expressed, reaffirming the commitment to strengthen trade and integration ties between the two countries.

CONCEPTUAL DATA

Administrative order and public order: Public order guarantees safety and peaceful coexistence; administrative order implies the use of State resources with transparency, oversight, and planning, thereby preventing waste or improper use.

Legislative powers: Authorization granted by Congress to the Executive Branch to issue regulations having the force of law, for a limited period and on specific subjects, enabling urgent decisions to be expedited.

Statutory Minimum Wage: The minimum legal remuneration payable to a worker for a full working day, established taking into consideration the cost of living, productivity, and the country’s economic conditions.

Optimization of public holidays: A measure aimed at relocating holidays falling close to working days without altering their historical significance, so as to balance citizen rest with the continuity of economic activity.

Asset oversight: A set of monitoring mechanisms ensuring that State property and resources are used exclusively for the public-interest purposes for which they were acquired.

Meritocracy: The principle according to which individuals are appointed to public office based on their competence, knowledge, experience, and professional record — rather than political affiliation or considerations unrelated to public service.

International law and diplomatic asylum: The body of norms governing relations between States. Diplomatic asylum, recognized under treaties such as the 1954 Caracas Convention, protects individuals facing persecution on political grounds.

KEY POINTS

1.- The first step in restoring the State is to establish order: both in the streets and in the management of public funds, for without transparency and fiscal oversight, no other policy can deliver tangible results for the people.

2.- Cabinet unity and the speed at which work proceeds demonstrate a determined resolve to govern; any delays are attributable to regulatory procedures, not internal divisions within the administration.

3.- The economic measures announced seek to improve workers’ quality of life, yet always on the basis of sound technical analysis and responsibility, without compromising the nation’s stability.

4.- Reordering public holidays or reviewing past decisions does not imply removing rights or traditions; rather, it means planning practically with the common good in mind.

5.- What has been discovered in warehouses, institutions, and works confirms that past negligence has cost the nation dearly; hence it is indispensable to oversee and safeguard every resource belonging to all Peruvians.

6.- In matters of citizen security, laws must be updated so that law-enforcement institutions may act with proper authority and effectiveness; and in foreign policy, decisions shall always be made in observance of international law and Peru’s enduring national interests.

Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe