Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe El Consejo de Ministros, bajo el liderazgo de la presidenta Keiko Fujimori, ha dado un paso trascendental al aprobar el proyecto de ley que solicita al Congreso de la República delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 120 días calendario. Esta medida, contemplada en el Artículo 104 de la Constitución Política, busca superar la lentitud del debate parlamentario para expedir normas urgentes en ocho áreas estratégicas: seguridad ciudadana, promoción de las micro y pequeñas empresas, fomento del empleo, desarrollo productivo, reforma tributaria, simplificación administrativa, gestión del riesgo de desastres y reorganización del Estado.
La iniciativa no se limita a un solo sector: responde a una visión integral que reconoce que la inseguridad, el estancamiento económico y la debilidad institucional son problemas interconectados que requieren soluciones simultáneas.
SEGURIDAD CIUDADANA: REFORMA INTEGRAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
En materia de orden público, el proyecto plantea un cambio de paradigma: no solo se trata de aumentar la presencia policial, sino de dotar al Estado de herramientas legales que corten las redes de poder del crimen. Se propone clasificar a las bandas criminales como organizaciones terroristas cuando sus acciones busquen subvertir el orden constitucional, lo que activa todo el andamiaje jurídico internacional y nacional contra el terrorismo —con mayores penas, intervención de comunicaciones y bloqueo de activos.
Asimismo, se reglamenta la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de los penales y como apoyo operativo a la Policía Nacional, reconociendo que la dimensión del crimen organizado supera la capacidad de un solo cuerpo de seguridad. Se crea también un registro de libertad vigilada postpenitenciaria para delincuentes de alta peligrosidad y se obliga a las empresas de telecomunicaciones a colaborar en el rastreo y bloqueo de señales ilícitas desde cárceles, con sanciones económicas severas si no cumplen.
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: PREPARACIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA
Ante la amenaza latente del Fenómeno El Niño, las facultades incluyen reformas que permiten actuar antes de que las emergencias colapsen los sistemas. Se faculta al INDECI a entregar ayuda humanitaria directamente durante los primeros 15 días de un desastre, saltando trabas burocráticas que suelen demorar la asistencia a las zonas más alejadas. Se amplía la aplicación de la Ley N.° 29230 para financiar infraestructura de prevención y reconstrucción, se simplifican los procedimientos de inversión en emergencia y se fortalecen los bonos habitacionales para reubicar a familias damnificadas. El objetivo: que la ayuda llegue antes de que la situación se vuelva irreversible.
ECONOMÍA Y REFORMA DEL ESTADO: DESBUROCRATIZAR PARA CRECER
El paquete contempla también medidas para dinamizar la economía: fortalecer a las MYPE, generar empleo, racionalizar el sistema tributario y simplificar los trámites que hoy ahogan la actividad productiva. Paralelamente, se propone una reforma estructural del Ejecutivo para mejorar la coordinación entre ministerios y entidades, eliminando duplicidades y demoras. Como señaló el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta: “Se trata de poner orden no solo en las calles, sino orden en el Estado”. Las 66 normas delegadas buscan ese doble propósito: restaurar la autoridad fuera y adentro del aparato público.
El proyecto será presentado al Congreso este viernes 28 de agosto. Su aprobación o rechazo definirá el ritmo y la dirección del gobierno durante los próximos meses, en un momento en que la ciudadanía exige resultados rápidos y concretos.
DATOS CONCEPTUALES
Delegación de facultades legislativas: Mecanismo constitucional (Art. 104) mediante el cual el Congreso de la República autoriza al Poder Ejecutivo a dictar normas con rango de ley sobre materias específicas y por un plazo determinado. Es una excepción al principio de separación de poderes, justificada por la urgencia o la complejidad de los temas. Las normas que dicta el Ejecutivo pueden ser luego modificadas o derogadas por el Congreso.
Organización terrorista: Grupo estructurado que comete delitos graves con el fin de causar terror en la población o obligar a un gobierno a actuar o abstenerse de actuar. Al clasificar a bandas criminales como tales, se activan instrumentos legales más rigurosos: intervención de comunicaciones, bloqueo de activos, penas más altas y cooperación internacional.
Libertad vigilada postpenitenciaria: Medida de seguridad que se aplica tras el cumplimiento de una pena privativa de libertad, mediante la cual el Estado mantiene seguimiento, control y restricciones sobre una persona considerada de alta peligrosidad, con el fin de prevenir que vuelva a delinquir.
Gestión del riesgo de desastres: Conjunto de políticas, instrumentos y acciones dirigidas a identificar, evaluar, reducir y monitorear los riesgos de desastres, así como a prepararse y responder ante emergencias. No es solo auxilio en la crisis: es trabajar antes para que el daño sea menor.
IOARR de Emergencia: Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición que se ejecutan con procedimientos simplificados en situaciones de crisis. Permiten reparar infraestructura dañada o reforzarla rápidamente, sin los plazos y requisitos de los procesos ordinarios.
Reforma estructural del Estado: Transformación profunda de la organización, funciones y procesos del sector público, orientada a mejorar su eficiencia, coordinación y capacidad de respuesta. Va más allá de cambios de personal: busca modificar la forma en que el Estado funciona internamente y cómo se relaciona con la ciudadanía.
DATOS
1.- La solicitud de facultades legislativas no es un atajo, sino un instrumento que el gobierno considera indispensable para atender emergencias que no pueden esperar el ritmo del debate parlamentario. Sin embargo, su legitimidad depende de que se use estrictamente dentro de los plazos y las materias delegadas, y que el Congreso ejerza el control posterior que la Constitución le asigna.
2.- El enfoque integral del proyecto reconoce que la inseguridad no se resuelve solo con más policía: requiere también justicia ágil, economía dinámica, Estado eficiente y capacidad de respuesta ante desastres. Separar estos temas debilitaría cualquier estrategia. El reto es que las reformas se articulen entre sí y no se anulen.
3.- Delegar es confiar, pero confiar no es renunciar a controlar. El Congreso tiene la responsabilidad de examinar cada ley delegada, escuchar a la sociedad civil y corregir lo que sea necesario. La agilidad del Ejecutivo no puede convertirse en ausencia de contrapesos, porque sin ellos la urgencia puede degenerar en abuso.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
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120 Days to Transform the Nation! The Powers the Executive Is Requesting and Why They Matter Today: 8 Areas, 66 Rules — The Full Package the Executive Seeks to Approve Within a 4‑Month Period.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The Council of Ministers, led by President Keiko Fujimori, has taken a momentous step by approving a bill requesting the Congress of the Republic to delegate legislative powers to the Executive Branch for a period of 120 calendar days. This measure, established in Article 104 of the Political Constitution, seeks to overcome the slowness of parliamentary debate in order to enact urgent legislation across eight strategic areas: citizen security, promotion of micro and small enterprises, job creation, productive development, tax reform, administrative simplification, disaster risk management, and State reorganization.
The initiative is not limited to a single sector: it reflects a comprehensive vision recognizing that insecurity, economic stagnation, and institutional weakness are interconnected problems requiring simultaneous solutions.
CITIZEN SECURITY: COMPREHENSIVE REFORM AGAINST ORGANIZED CRIME
In matters of public order, the bill proposes a paradigm shift: it is not merely about increasing police presence, but equipping the State with legal tools that dismantle criminal power networks. It proposes classifying criminal gangs as terrorist organizations when their actions seek to subvert constitutional order —thereby activating the full national and international legal framework against terrorism, including harsher penalties, communications interception, and asset freezing.
Furthermore, the proposal regulates the exceptional deployment of the Armed Forces in the external security of penitentiaries and as operational support to the National Police, acknowledging that the scale of organized crime exceeds the capacity of a single security force. It also establishes a post‑penitentiary supervised release registry for high‑risk offenders and mandates telecommunications companies to cooperate in tracking and blocking illicit signals originating from prisons, with severe financial penalties for non‑compliance.
DISASTER RISK MANAGEMENT: PREPAREDNESS AND IMMEDIATE RESPONSE
Against the looming threat of El Niño, the delegated powers include reforms enabling action before emergencies overwhelm systems. INDECI is authorized to deliver humanitarian aid directly within the first 15 days of a disaster, bypassing bureaucratic hurdles that typically delay assistance to remote areas. Law No. 29230 is expanded to fund civil defense infrastructure, disaster risk management, and the reconstruction of rural housing for victims, while simplified procedures are introduced for emergency public investments. Housing subsidies are also optimized to provide rapid support to families whose homes have collapsed. The objective: aid must arrive before the situation becomes irreversible.
ECONOMY AND STATE REFORM: CUTTING RED TAPE TO GROW
The package also includes measures to revitalize the economy: strengthening micro‑enterprises, generating employment, rationalizing the tax system, and simplifying procedures that currently stifle productive activity. Concurrently, a structural reform of the Executive Branch is proposed to improve coordination between ministries and agencies, eliminating duplication and delays. As Prime Minister Luis Galarreta stated: “This is about bringing order not only to the streets, but to the State itself.” The 66 delegated norms pursue a dual purpose: restoring authority both externally and within public administration.
The bill will be presented to Congress this Friday, August 28. Its approval or rejection will define the government’s pace and direction in the coming months, at a moment when citizens demand swift, tangible results.
CONCEPTUAL DEFINITIONS
Delegation of Legislative Powers: A constitutional mechanism (Art. 104) whereby Congress authorizes the Executive Branch to issue norms with the force of law on specific subjects and for a limited period. It constitutes an exception to the separation of powers, justified by urgency or technical complexity. Laws issued by the Executive may subsequently be modified or repealed by Congress.
Terrorist Organization: A structured group that commits serious offenses with the purpose of spreading terror among the population or compelling a government to act or refrain from acting. Classifying criminal gangs as such triggers more rigorous legal instruments: communications interception, asset freezing, enhanced penalties, and international cooperation.
Post‑Penitentiary Supervised Release: A security measure applied after completion of a prison sentence, whereby the State maintains monitoring, control, and restrictions over an individual deemed high‑risk, with the objective of preventing reoffending.
Disaster Risk Management: The set of policies, tools, and actions aimed at identifying, assessing, reducing, and monitoring disaster risks, as well as preparing for and responding to emergencies. It is not merely about providing aid during a crisis: it means acting beforehand to minimize harm.
Emergency Public Investment (IOARR): Optimization, Marginal Expansion, Rehabilitation, and Replacement investments executed under simplified procedures during crises. They enable rapid repair or reinforcement of damaged infrastructure without the timelines and requirements applicable to regular processes.
Structural State Reform: A profound transformation of public sector organization, functions, and processes, designed to improve efficiency, coordination, and responsiveness. It goes beyond personnel changes: it seeks to modify how the State operates internally and how it relates to citizens.
CONCLUSIONS
1.- The request for legislative powers is not a shortcut, but an instrument the government deems essential to address emergencies that cannot wait for the normal pace of parliamentary debate. Its legitimacy, however, depends on being used strictly within the delegated subjects and timeframe, and on Congress exercising the oversight authority the Constitution mandates.
2.- The bill’s comprehensive approach recognizes that insecurity cannot be solved by policing alone: it also requires swift justice, a dynamic economy, an efficient State, and disaster preparedness. Addressing these issues in isolation would weaken any strategy. The challenge lies in ensuring reforms reinforce one another rather than working at cross‑purposes.
3.- Delegation is an act of trust —but trust does not mean relinquishing oversight. Congress has a responsibility to review every delegated law, listen to civil society, and make corrections where necessary. Executive agility must never become an absence of checks and balances, because without them, urgency can easily slide into abuse.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe