Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter:@prensaperupe El pasado 22 de octubre de 2026, el Gobierno del Perú presentó ante la opinión pública un conjunto de medidas de política fiscal que constituyen una de las intervenciones económicas más relevantes de los últimos años en la región. El anuncio, realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cubas, responde a una coyuntura caracterizada por la concurrencia de tres perturbaciones adversas que amenazan la senda de crecimiento de la economía peruana. El propósito del presente documento es examinar de manera integral los fundamentos, el contenido de las medidas, así como también los límites, riesgos y desafíos que esta iniciativa enfrenta, con un enfoque didáctico, equilibrado y constructivo.
I.- EL CONTEXTO: TRES CHOQUES DE OFERTA SIMULTÁNEOS QUE ENFRENTA EL PAÍS
Se denominan choques de oferta aquellas alteraciones súbitas que modifican las condiciones en las que se desenvuelve la producción, el comercio y los servicios de una economía. A diferencia de las fluctuaciones que provienen del gasto o el consumo, estos inciden directamente sobre los costos, la disponibilidad de insumos y la capacidad productiva del sistema económico en su conjunto. En el caso peruano, convergen tres fenómenos simultáneos:
A.- El Fenómeno El Niño: una perturbación climática sin precedentes.
El Fenómeno El Niño Costero 2026 ha sido clasificado como de intensidad extraordinaria, superando los eventos históricos de 1983 y 1998. Se trata de un fenómeno de escala global que altera patrones de lluvia, temperatura y circulación hidrológica. En el ámbito nacional, sus efectos son asimétricos: lluvias extremas en la zona norte y sequía severa en el sur, con impactos directos sobre la agricultura, la pesca, la infraestructura y el abastecimiento de alimentos. Dos temporales pesqueras se han visto afectadas, generando dificultades a miles de familias. Asimismo, el Canal de Panamá ha reducido su capacidad operativa por sequía, elevando costos logísticos mundiales, y los ríos de la selva han disminuido su caudal, afectando el transporte fluvial y la generación eléctrica.
B.- El choque energético: precios de combustibles en alza.
Impulsados por tensiones geopolíticas, los precios internacionales del petróleo han aumentado aproximadamente un 70% en lo que va del año, mientras que el diésel registra un incremento cercano al 120%. Este incremento no es meramente inflacionario: eleva los costos de transporte de carga y pasajeros, encarece la generación termoeléctrica en épocas de escasez hídrica y repercute en los precios de bienes y servicios de manera transversal en toda la economía.
C.- El choque financiero: tasas de interés en ascenso global.
Ante presiones inflacionarias persistentes, los bancos centrales de las principales economías han elevado sus tasas de referencia. Los mercados financieros internacionales han respondido cobrando primas de riesgo más altas a las economías con mayores desequilibrios fiscales, elevando el costo de financiamiento a mediano y largo plazo en todas las monedas. Como economía abierta e integrada a los mercados internacionales, el Perú no permanece aislado de este fenómeno, y las condiciones externas encarecen el crédito para empresas, familias y el propio Estado.
II.- LA PROPUESTA DE RESPUESTA
A.- El espacio fiscal como base de la intervención.
El elemento distintivo de la propuesta peruana radica en que no todas las economías pueden implementar políticas de gasto expansivo ante crisis. Esta posibilidad descansa sobre indicadores que el gobierno ha presentado como sólidos: un déficit fiscal del orden del 1.2% del PBI, ampliándose a 1.6% con el crédito suplementario; una deuda pública cercana al 30% del PBI, muy por debajo del promedio latinoamericano que bordea el 70% del producto. El contraste con el promedio regional —donde el déficit ronda el 5% del PBI y la deuda supera el 70%— pone en perspectiva la posición relativa del país.
Para dar margen a las medidas, el Ejecutivo propuso una modificación temporal de las reglas fiscales, estableciendo un techo de déficit de hasta 2.4% del PBI para 2026 y 2027, con una reducción gradual que retornaría al 1% del PBI al final del presente gobierno. Esta modificación fue aprobada en la Comisión Bicameral del Congreso con amplio respaldo.
B.- Las cuatro áreas de intervención anunciadas.
Las medidas se estructuran en cuatro grandes componentes:
B.1.- Apoyo focalizado a familias vulnerables: Bonos directos a poblaciones del sur afectadas por sequía, del norte afectadas por lluvias, zonas de riesgo de huaycos y un bono transitorio a jubilados de la ONP, por un periodo de tres a cuatro meses.
B.2.- Mantenimiento acelerado de infraestructura: Acciones preventivas en colegios, centros de salud, comisarías y carreteras, delegando su ejecución directa a los responsables de cada instalación, con el doble propósito de preservar el patrimonio público y generar empleo descentralizado.
B.3.- Reactivación y conclusión de obras públicas: Culminación de 250 proyectos con avance mayor al 50%, reactivación de obras paralizadas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, y fortalecimiento de programas de vivienda social y saneamiento.
B.4.- Liquidez para empresas afectadas: Aplazamiento o exoneración de pagos anticipados de impuestos, facilidades para el uso de saldos a favor tributarios y fortalecimiento de garantías crediticias para pequeñas y medianas empresas, con énfasis en los sectores pesquero y manufacturero.
III.- ANÁLISIS CRÍTICO: DESAFÍOS, RIESGOS Y REALISMO DE LA PROPUESTA
A.- Sostenibilidad fiscal: el riesgo de que lo temporal se vuelva permanente.
El planteamiento oficial establece que el aumento del déficit será estrictamente transitorio. Sin embargo, organismos técnicos como el Consejo Fiscal han señalado que la senda de reducción proyectada resulta poco creíble sin medidas estructurales adicionales de ingresos o gasto. La experiencia histórica enseña que los gastos de emergencia, una vez activados, encuentran enorme resistencia política para ser desactivados. Existe el riesgo real de que el techo del 2.4% no sea una medida excepcional, sino el nuevo piso con el que operará el Estado en los próximos años.
El país acumula además tres años consecutivos de incumplimiento de sus reglas fiscales, lo que sugiere una tendencia creciente al gasto que va más allá de cualquier coyuntura específica. Si a esto se suma que una parte importante de los ingresos fiscales depende de los precios internacionales de materias primas —que podrían corregirse a la baja—, el margen de maniobra es más estrecho de lo que se presenta oficialmente.
B.- Ejecución del gasto: el cuello de botella institucional.
El anuncio es ambicioso en cuanto a la rapidez con que los recursos deberían llegar a las zonas y personas afectadas. Sin embargo, la experiencia enseña que el principal obstáculo no es la aprobación presupuestaria, sino la capacidad de ejecución real. La Contraloría General ha documentado que, incluso antes de la emergencia, más del 70% de las intervenciones preventivas ante El Niño no avanzaron más allá de la etapa de formulación, por limitaciones de capacidad operativa, personal calificado y coordinación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
La propuesta de delegar la ejecución a directores de colegios y establecimientos de salud busca agilizar procesos, pero también traslada responsabilidades a personas que no necesariamente cuentan con formación en gestión presupuestaria, lo que podría generar demoras, desorden o incluso desviaciones en el uso de los recursos.
C.- Los supuestos de crecimiento: optimismo frente a incertidumbre externa.
El paquete descansa en una meta ambiciosa: que la economía crezca más en 2027 que en 2026, a pesar de todos los vientos adversos externos. No obstante, los organismos internacionales proyectan que el crecimiento global se mantendrá bajo presión. Si el crecimiento real del país resulta menor a lo estimado, las proyecciones de recaudación se verán afectadas y el déficit podría ampliarse más allá del techo anunciado, sin que exista una fuente clara de financiamiento alternativo a mediano plazo.
D.- El alcance de las medidas: alivio ante fenómenos estructurales de largo plazo.
Las medidas anunciadas son principalmente de alivio y recuperación inmediata. Sin embargo, no resuelven problemas de fondo que el país arrastra desde décadas: la ocupación informal de zonas de riesgo, la insuficiencia de normativas de construcción ante eventos climáticos extremos, y la ausencia de un ordenamiento territorial vinculante. En ese sentido, el paquete es una respuesta necesaria pero incompleta: mitiga los daños del momento, pero no elimina las causas por las que el país se encuentra expuesto con tanta vulnerabilidad ante fenómenos naturales recurrentes.
DATOS CONTEXTUALES
1.- La iniciativa responde a una coyuntura real y compleja: La concurrencia de tres choques simultáneos justifica la necesidad de una intervención fiscal activa. El diagnóstico del gobierno coincide con el análisis técnico de organismos nacionales e internacionales sobre los riesgos que enfrenta la economía.
2.- El margen fiscal es una fortaleza, pero no es ilimitado: La posición relativa del Perú frente a otros países de la región es indudablemente favorable, aunque debe evitarse que la percepción de solidez derive en una relajación permanente de la disciplina fiscal que ha costado décadas construir.
3.- El éxito dependerá más de la ejecución que del diseño: La mayor incertidumbre no radica en la cantidad de recursos aprobados, sino en la velocidad, transparencia y calidad con la que estos lleguen a quienes los necesitan. Fortalecer las capacidades de gestión en los territorios será tan determinante como el presupuesto mismo.
4. Las medidas de corto plazo deben acompañarse de visión de largo plazo: El alivio económico ante la emergencia debe integrarse progresivamente con reformas estructurales que reduzcan la vulnerabilidad del país ante futuros eventos climáticos. Sin esta perspectiva, el país seguirá respondiendo crisis tras crisis sin reducir significativamente sus costos humanos y económicos.
5.- El monitoreo independiente es esencial: Dado que las proyecciones dependen de variables externas que el país no controla, será fundamental evaluar periódicamente los resultados reales frente a lo proyectado, con independencia técnica, para introducir ajustes oportunos si las circunstancias cambian.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
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Countercyclical fiscal policy in Peru in the face of the convergence of the El Niño phenomenon, an energy crisis, and a tightening of global financial conditions: rationale, measures, and a critical analysis of sustainability and implementation.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe On October 22, 2026, the Government of Peru presented to the public a set of fiscal policy measures that constitute one of the most significant economic interventions in recent years in the region. The announcement, made by the Minister of Economy and Finance, Elmer Cubas, responds to a scenario characterized by the concurrence of three adverse disturbances threatening the Peruvian economy’s growth path. The purpose of this document is to comprehensively examine the foundations, content of the measures, as well as the limitations, risks and challenges facing this initiative, using an educational, balanced and constructive approach.
I.- THE CONTEXT: THREE SIMULTANEOUS SUPPLY SHOCKS FACING THE COUNTRY
Supply shocks are defined as sudden changes that alter the conditions under which production, trade and services operate in an economy. Unlike fluctuations stemming from spending or consumption, these shocks directly affect costs, the availability of inputs and the productive capacity of the economic system as a whole. In the Peruvian case, three simultaneous phenomena are converging:
A.- El Niño Phenomenon: an unprecedented climatic disturbance.
The Coastal El Niño Phenomenon 2026 has been classified as extraordinary in intensity, surpassing the historical events of 1983 and 1998. It is a global-scale phenomenon that alters rainfall patterns, temperatures and hydrological circulation. At the national level, its effects are asymmetrical: extreme rainfall in the northern zone and severe drought in the south, with direct impacts on agriculture, fisheries, infrastructure and food supply. Two fishing seasons have been disrupted, creating difficulties for thousands of families. Additionally, the Panama Canal has reduced its operational capacity due to drought, raising global logistics costs, and rivers in the jungle have decreased their flow, affecting river transport and power generation.
B.- The energy shock: rising fuel prices.
Driven by geopolitical tensions, international oil prices have risen by approximately 70% so far this year, while diesel has seen an increase close to 120%. This increase is not merely inflationary: it raises transportation costs for cargo and passengers, makes thermoelectric generation more expensive during periods of water scarcity, and affects the prices of goods and services across the entire economy.
C.- The financial shock: rising global interest rates.
Faced with persistent inflationary pressures, central banks in major economies have raised their reference rates. International financial markets have responded by charging higher risk premiums to economies with greater fiscal imbalances, increasing the medium and long-term cost of financing in all currencies. As an open economy integrated into international markets, Peru does not remain isolated from this phenomenon, and external conditions make credit more expensive for businesses, households and the State itself.
II.- THE PROPOSED RESPONSE
A.- Fiscal space as the foundation for intervention.
The distinctive element of Peru’s proposal lies in the fact that not all economies can implement expansionary spending policies during crises. This possibility rests on indicators presented by the government as solid: a fiscal deficit of around 1.2% of GDP, widening to 1.6% with the supplementary credit; public debt close to 30% of GDP, well below the Latin American average of approximately 70% of output. The contrast with the regional average — where the deficit stands at around 5% of GDP and debt exceeds 70% — puts the country’s relative position into perspective.
To make room for the measures, the Executive proposed a temporary modification of fiscal rules, establishing a deficit ceiling of up to 2.4% of GDP for 2026 and 2027, with a gradual reduction returning to 1% of GDP by the end of the current administration. This change was approved in the Bicameral Committee of Congress with broad support.
B.- The four announced areas of intervention.
The measures are structured into four major components:
B.1.- Targeted support for vulnerable households: Direct bonuses for populations in the south affected by drought, the north affected by heavy rainfall, areas at risk of landslides and river overflows, and a temporary bonus for ONP pensioners, for a period of three to four months.
B.2.- Accelerated infrastructure maintenance: Preventive actions in schools, health centers, police stations and roads, delegating direct execution to those responsible at each facility, with the dual purpose of preserving public assets and generating decentralized employment.
B.3.- Reactivation and completion of public works: Finishing 250 projects that are more than 50% complete, reactivating paralyzed projects through the Tax Works mechanism, and strengthening social housing and sanitation programs.
B.4.- Liquidity for affected businesses: Postponement or exemption of advance tax payments, facilities for using tax credit balances, and strengthening credit guarantees for small and medium-sized enterprises, with emphasis on the fishing and manufacturing sectors.
III.- CRITICAL ANALYSIS: CHALLENGES, RISKS AND REALISM OF THE PROPOSAL
A.- Fiscal sustainability: the risk of the temporary becoming permanent.
Official discourse states that the increase in the deficit will be strictly temporary. However, technical bodies such as the Fiscal Council have indicated that the projected reduction path lacks credibility without additional structural measures on revenues or spending. Historical experience shows that emergency spending, once activated, encounters enormous political resistance to being deactivated. There is a real risk that the 2.4% ceiling will not be an exceptional measure but rather the new baseline for State operations in the coming years.
Furthermore, the country has now met three consecutive years of non-compliance with its fiscal rules, suggesting an upward trend in spending that goes beyond any specific situation. Added to this is the fact that a significant portion of fiscal revenue depends on international commodity prices — which could correct downward — leaving less room for maneuver than officially presented.
B.- Spending execution: the institutional bottleneck.
The announcement is ambitious regarding how quickly resources should reach affected areas and people. However, experience shows that the main obstacle is not budget approval but actual execution capacity. The Office of the Comptroller General has documented that even before the emergency, over 70% of preventive interventions related to El Niño did not progress beyond the formulation stage, due to limitations in operational capacity, skilled personnel and coordination between the national government, regional governments and local governments.
The proposal to delegate execution to school principals and health facility directors seeks to streamline processes, but also transfers responsibilities to individuals who may not necessarily have training in budget management, potentially causing delays, disorganization or even the misapplication of resources.
C.- Growth assumptions: optimism amid external uncertainty.
The package rests on an ambitious goal: for the economy to grow more in 2027 than in 2026, despite all external headwinds. However, international organizations project that global growth will remain under pressure. If the country’s actual growth falls short of projections, revenue estimates will be affected, and the deficit could widen beyond the announced ceiling without a clear source of alternative financing in the medium term.
D.- Scope of the measures: relief in the face of long-term structural phenomena.
The announced measures focus primarily on immediate relief and recovery. Nevertheless, they do not resolve underlying problems that the country has carried for decades: informal settlement in risk zones, insufficient building standards for extreme climate events, and the absence of binding land-use planning. In this sense, the package is a necessary yet incomplete response: it mitigates immediate damage but does not eliminate the reasons why the country remains so vulnerable to recurring natural phenomena.
CONTEXTUAL FINDINGS
1.- The initiative responds to a real and complex situation: The convergence of three simultaneous shocks justifies the need for active fiscal intervention. The government’s diagnosis aligns with technical analysis from national and international bodies regarding the risks facing the economy.
2.- Fiscal space is an asset, but it is not unlimited: Peru’s relative position compared to other countries in the region is undoubtedly favorable. However, the perception of strength must not lead to a permanent relaxation of the fiscal discipline that has taken decades to build.
3.- Success depends more on execution than on design: The greatest uncertainty lies not in the volume of resources approved, but in the speed, transparency and quality with which they reach those in need. Strengthening management capacities at the local level will be as decisive as the budget itself.
4.- Short-term measures must be paired with a long-term vision: Economic relief during an emergency should be progressively integrated with structural reforms that reduce the country’s vulnerability to future climate events. Without this perspective, the country will continue responding to one crisis after another without significantly reducing its human and economic costs.
5.- Independent monitoring is essential: Since projections depend on external variables beyond the country’s control, it will be essential to periodically evaluate actual results against projections, with technical independence, so that timely adjustments can be made should circumstances change.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe