Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe El enfrentamiento entre Patricia Benavides (Exfiscal de la Nación) y Delia Espinoza (Actual Fiscal de la Nación), representa una profunda crisis institucional en el Ministerio Público del Perú. Se centra en la disputa por el cargo de Fiscal de la Nación, exacerbando tensiones entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el propio Ministerio Público.
ANALISIS INVESTIGATIVO DE LA SITUACIÓN REAL EN QUE SE VIENEN DANDO ESTAS PUGNAS.
1.- La relación entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) atraviesa un momento de alta tensión, generando incertidumbre sobre la independencia del Poder Judicial y la lucha contra la corrupción. Las discrepancias, que se han agudizado en los últimos meses, giran en torno a la designación y remoción de jueces, así como a la fiscalización de la actuación de los magistrados.
2.- El Ministerio Público, encabezado por la fiscal de la Nación, ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la lentitud en los procesos de selección y nombramiento de jueces, así como por la falta de transparencia en algunas decisiones de la JNJ. Se argumenta que estas demoras obstaculizan la lucha contra la criminalidad y la impunidad, especialmente en casos de corrupción de alto nivel. Además, se ha criticado la aparente falta de rigor en la evaluación de los candidatos, lo que podría afectar la calidad de la justicia impartida.
3.- Por su parte, la JNJ ha defendido la independencia de sus decisiones y ha rechazado las acusaciones de falta de transparencia. Señala que los procesos de selección se rigen por criterios técnicos y objetivos, y que cualquier demora se debe a la complejidad inherente a la evaluación de los candidatos. Asimismo, la JNJ ha destacado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la mejora de la administración de justicia.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Patricia Benavides fue destituida del cargo de Fiscal de la Nación en mayo de 2024. Posteriormente, la JNJ ordenó su reincorporación en junio de 2025. Esta decisión fue rechazada por la Junta de Fiscales Supremos, quienes ratificaron el nombramiento de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación, elegida en octubre de 2024 tras la destitución de Benavides.
DESARROLLO DEL ENFRENTAMIENTO
La orden de reincorporación de Benavides llevó a un enfrentamiento directo. Benavides intentó ingresar a la sede del Ministerio Público para asumir el cargo, pero fue impedida por Espinoza y su equipo. Esto generó una serie de acciones legales:
HABEAS CORPUS PREVENTIVOS: Tanto Benavides como Espinoza presentaron demandas de habeas corpus preventivo para evitar posibles detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP). La justicia aceptó las solicitudes, ordenando a la PNP abstenerse de acciones contra su libertad.
DENUNCIAS LEGALES: Espinoza presentó una denuncia contra Benavides por ingresar a la sede del Ministerio Público sin autorización, acusándola de obstrucción a la justicia. Benavides, a su vez, acusó a Espinoza de desacato a la orden de la JNJ y de otros delitos.
MANIFESTACIONES Y VIGILIAS: Se realizaron manifestaciones y vigilias tanto en apoyo a Benavides como a Espinoza, reflejando la polarización del conflicto.
IMPACTO INSTITUCIONAL
La disputa ha generado una grave crisis institucional, debilitando la imagen del Ministerio Público y generando incertidumbre sobre la independencia del Poder Judicial. La intervención del Defensor del Pueblo ha sido solicitada para mediar y buscar una solución pacífica al conflicto. El debate se centra en la interpretación de la ley y la competencia de la JNJ para ordenar la reincorporación de Benavides, en contra de la decisión de la Junta de Fiscales Supremos. El desenlace del conflicto tendrá importantes consecuencias para el sistema de justicia peruano.
SITUACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO
La situación exige un análisis profundo de las normas que regulan la designación y remoción de jueces, así como una revisión de los mecanismos de control y fiscalización de la actuación de la JNJ. Es fundamental que ambas instituciones prioricen el diálogo y la búsqueda de acuerdos para garantizar la independencia del Poder Judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho. De lo contrario, el pulso entre el Ministerio Público y la JNJ podría tener consecuencias negativas para la gobernabilidad y el desarrollo del país. La sociedad peruana observa con expectativa la evolución de esta crucial confrontación institucional.
PODER EJECUTIVO QUE SE LAVA LAS MANOS Y UN CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE E LA OPORTUNIDAD PARA CONSOLIDAR SU IMPUNIDAD
El enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en Perú ha generado una compleja interacción entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ambos con roles constitucionales definidos, pero con acciones que han exacerbado o intentado mitigar la crisis.
ROL DEL CONGRESO
En las últimas horas ha habido declaraciones y propuestas desde el Congreso de la República del Perú sobre una posible propuesta legislativa para reorganizar el Ministerio Público, incluyendo la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, la situación es compleja y las propuestas no han sido presentadas formalmente como proyectos de ley con un apoyo explícito y unificado.
Sin embargo, creemos que el Congreso, en teoría, debe actuar como fiscalizador de ambos poderes del Estado, asegurando el respeto a la Constitución y las leyes. En la práctica, su respuesta al conflicto ha sido altamente politizada. Se evidencia esto en las investigaciones y acciones emprendidas contra miembros de la JNJ, acusándolos de incumplir la Constitución y de interferir en la independencia judicial. Algunos argumentan que estas acciones buscan cooptar la JNJ, mientras que otros las justifican como necesarias para mantener la transparencia y la rendición de cuentas. La línea divisoria entre el legítimo control político y la injerencia en la independencia judicial se ha vuelto borrosa.
ROL DEL PODER EJECUTIVO
Durante la última conferencia de prensa ofrecida por el vocero del Ejecutivo el premier Gustavo Arana Ysa, el miércoles 18 de junio luego de concluir la sesión del Consejo de Ministros, el director de PrensaPerú Fernando Palomares, le preguntó sobre cual es la posición prístina y meridianamente del Gobierno respecto a este enfrentamiento ocasionado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en contra del Ministerio Público, el titular del premierato, solo atinó a decir que no apoyaban ni lo uno ni lo otro, como diciendo nosotros nos lavamos las manos al respecto.
No obstante, concluimos que el Ejecutivo, teóricamente, debe mantenerse neutral en el conflicto, asegurando el funcionamiento de las instituciones y la aplicación de la ley. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha sido matizada. Inicialmente, se ha mostrado reticente a intervenir directamente, intentando mediar a través del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. Esta estrategia busca evitar la politización del conflicto y preservar la institucionalidad. Sin embargo, la inacción del Ejecutivo también ha sido criticada por algunos sectores, quienes argumentan que se requiere una intervención más enérgica para resolver la crisis y evitar un mayor debilitamiento de la independencia judicial.
CONCLUSIONES SOBRE EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO
En resumen, la respuesta de ambos poderes al conflicto entre el Ministerio Público y la JNJ ha sido compleja y, en muchos casos, contradictoria a sus roles constitucionales. El debate sobre la independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el equilibrio de poderes se ha intensificado, con consecuencias aún inciertas para la gobernabilidad y el Estado de Derecho en Perú.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe
English Translation
PERU: Two women face off against each other over a Public Ministry, the cause of this crisis in Peru, the diminished National Justice Board (JNJ).
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe The confrontation between Patricia Benavides (former Attorney General) and Delia Espinoza (current Attorney General) represents a profound institutional crisis in the Peruvian Public Ministry. It centers on the dispute over the position of Attorney General, exacerbating tensions between the National Justice Board (JNJ) and the Public Ministry itself.
INVESTIGATIVE ANALYSIS OF THE REAL SITUATION IN WHICH THESE DISPUTES ARE OCCURRING.
1.- The relationship between the Public Ministry and the National Justice Board (JNJ) is going through a period of high tension, generating uncertainty about the independence of the judiciary and the fight against corruption. The disagreements, which have worsened in recent months, revolve around the appointment and removal of judges, as well as the oversight of their actions.
2.- The Public Prosecutor’s Office, headed by the Attorney General, has repeatedly expressed concern about the slowness of the judicial selection and appointment processes, as well as the lack of transparency in some of the JNJ’s decisions. It argues that these delays hinder the fight against crime and impunity, especially in cases of high-level corruption. Furthermore, the apparent lack of rigor in the evaluation of candidates has been criticized, which could affect the quality of justice administered.
3.- For its part, the JNJ has defended the independence of its decisions and rejected accusations of a lack of transparency. It states that the selection processes are governed by technical and objective criteria, and that any delays are due to the inherent complexity of evaluating candidates. The JNJ has also emphasized its commitment to fighting corruption and improving the administration of justice.
THE ORIGIN OF THE CONFLICT
Patricia Benavides was removed from the position of Attorney General in May 2024. The JNJ subsequently ordered her reinstatement in June 2025. This decision was rejected by the Board of Supreme Prosecutors, who ratified the appointment of Delia Espinoza as Attorney General, elected in October 2024 after Benavides’ dismissal.
DEVELOPMENT OF THE CONFRONTATION
The order to reinstate Benavides led to a direct confrontation. Benavides attempted to enter the Public Ministry headquarters to take office, but was prevented by Espinoza and his team. This led to a series of legal actions:
PREVENTIVE HABEAS CORPUS: Both Benavides and Espinoza filed petitions for preventive habeas corpus to prevent possible arbitrary detentions by the Peruvian National Police (PNP). The court accepted the requests, ordering the PNP to refrain from taking action against their freedom.
LEGAL COMPLAINTS: Espinoza filed a complaint against Benavides for entering the Public Ministry headquarters without authorization, accusing her of obstruction of justice. Benavides, in turn, accused Espinoza of contempt of the JNJ order and other crimes.
PROTESTS AND VIGILIES: Demonstrations and vigils were held in support of both Benavides and Espinoza, reflecting the polarization of the conflict.
INSTITUTIONAL IMPACT
The dispute has generated a serious institutional crisis, weakening the image of the Public Prosecutor’s Office and generating uncertainty about the independence of the Judiciary. The Ombudsman’s Office has been requested to intervene to mediate and seek a peaceful solution to the conflict. The debate centers on the interpretation of the law and the authority of the JNJ to order Benavides’ reinstatement, contrary to the decision of the Board of Supreme Prosecutors. The outcome of the conflict will have significant consequences for the Peruvian justice system.
RULE OF LAW STATUS
The situation requires a thorough analysis of the rules governing the appointment and removal of judges, as well as a review of the mechanisms for monitoring and supervising the JNJ’s actions. It is essential that both institutions prioritize dialogue and the search for agreements to guarantee the independence of the judiciary and strengthen the rule of law. Otherwise, the standoff between the Public Prosecutor’s Office and the JNJ could have negative consequences for the country’s governability and development. Peruvian society is eagerly awaiting the development of this crucial institutional confrontation.
A WASHING EXECUTIVE BRANCH AND A CONGRESS OF THE REPUBLIC THAT HAS AN OPPORTUNITY TO CONSOLIDATE ITS IMPUNITY
The confrontation between the Public Ministry and the National Justice Board (JNJ) in Peru has generated a complex interaction between Congress and the Executive Branch, both with defined constitutional roles, but with actions that have exacerbated or attempted to mitigate the crisis.
THE ROLE OF CONGRESS
In recent hours, there have been statements and proposals from the Peruvian Congress regarding a possible legislative proposal to reorganize the Public Ministry, including the Attorney General’s Office. However, the situation is complex, and the proposals have not been formally presented as bills with explicit and unified support.
However, we believe that Congress, in theory, should act as an oversight body for both branches of government, ensuring respect for the Constitution and the laws. In practice, its response to the conflict has been highly politicized. This is evident in the investigations and actions taken against members of the JNJ, accusing them of violating the Constitution and interfering with judicial independence. Some argue that these actions seek to co-opt the JNJ, while others justify them as necessary to maintain transparency and accountability. The line between legitimate political control and interference with judicial independence has become blurred.
ROLE OF THE EXECUTIVE BRANCH
During the last press conference held by Executive Branch spokesperson Prime Minister Gustavo Arana Ysa on Wednesday, June 18, after the conclusion of the Council of Ministers session, Fernando Palomares, director of PrensaPerú, asked him about the government’s clear and unequivocal position regarding this confrontation between the National Justice Board (JNJ) and the Public Prosecutor’s Office. The prime minister only managed to say that they did not support either, as if to say, “We wash our hands of the matter.”
However, we conclude that the Executive Branch, theoretically, should remain neutral in the conflict, ensuring the functioning of institutions and the enforcement of the law. However, the Executive Branch’s response has been nuanced. Initially, it has been reluctant to intervene directly, attempting to mediate through the Justice System Reform Council. This strategy seeks to avoid the politicization of the conflict and preserve institutionality. However, the executive branch’s inaction has also been criticized by some sectors, who argue that more forceful intervention is needed to resolve the crisis and prevent a further weakening of judicial independence.
CONCLUSIONS ON THE EXECUTIVE AND LEGISLATIVE BRANCHES
In summary, the response of both branches of government to the conflict between the Public Prosecutor’s Office and the JNJ has been complex and, in many cases, contradictory to their constitutional roles. The debate over judicial independence, the fight against corruption, and the balance of powers has intensified, with still uncertain consequences for governance and the rule of law in Peru.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://prensaperu.pe/ Twitter: @prensaperupe