Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe Como parte de la ejecución de la estrategia de deshacinamiento penitenciario —conjunto de medidas orientadas a reducir el exceso de población carcelaria y mejorar las condiciones de los establecimientos penitenciarios—, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, supervisó en el Penal de Mujeres de Sullana el inicio de la campaña denominada “Justicia móvil – Defensa sin barreras”. Esta iniciativa tiene como finalidad brindar asistencia legal especializada a las internas, con el propósito fundamental de garantizar su derecho de defensa —principio jurídico que establece que toda persona sometida a un proceso tiene la facultad de ser escuchada, presentar pruebas y contar con apoyo técnico para hacer valer sus derechos— y agilizar la resolución de trámites administrativos y judiciales relacionados con su situación jurídica.

Durante su visita de trabajo, el titular del sector verificó la labor que desarrollarán los defensores públicos: profesionales del derecho designados por el Estado para brindar patrocinio legal gratuito a personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para contratar un abogado particular. Entre las acciones que realizarán se encuentran la revisión detallada de los expedientes judiciales y administrativos, la presentación de solicitudes para acceder a beneficios penitenciarios —medidas previstas en la normativa legal que permiten a las personas privadas de la libertad acceder a salidas temporales, libertad condicional o reducción de penas, siempre que cumplan con requisitos específicos—, así como otras gestiones necesarias para el correcto desarrollo de sus procesos.

“La importancia de este trabajo es que nos permite gestionar eficientemente cada uno de los expedientes. No se trata de liberar a las internas sin criterio, se trata de analizar y, de acuerdo a las características de cada caso, si corresponde, elaborar informes técnicos realizados por profesionales especializados —como psicólogos, trabajadores sociales y abogados— que demuestren que se cumplen los requisitos para acceder al egreso penitenciario —la salida del establecimiento penitenciario ya sea de forma definitiva o temporal”, detalló el ministro Jiménez.

La autoridad aclaró que, según el marco legal vigente, la posibilidad de acceder al egreso depende de diversos factores: el tipo de delito cometido, la pena impuesta por la justicia, el comportamiento de la interna durante su permanencia en el establecimiento, su participación en programas de capacitación y resocialización, y los informes emitidos por los equipos técnicos especializados. Remarcó que la aplicación de la estrategia de deshacinamiento no solo busca reducir el número de personas alojadas, sino también lograr un ordenamiento penitenciario: organización adecuada de los espacios, mejora de las condiciones de vida, fortalecimiento de la seguridad interna y optimización de los servicios que se brindan dentro del recinto.

Durante su recorrido por el penal, el ministro también supervisó los talleres de resocialización: actividades educativas, laborales y formativas diseñadas para contribuir a la transformación personal de las personas privadas de la libertad, desarrollar habilidades para su integración a la sociedad y reducir la probabilidad de reincidir en actos delictivos. Además, mantuvo conversaciones directas con las internas para conocer sus situaciones particulares, escuchar sus necesidades y verificar el funcionamiento de los servicios que se ofrecen.

Según la información oficial, el Penal de Mujeres de Sullana presenta una situación crítica: opera con un exceso aproximado de 100 internas por encima de su capacidad de albergue. Esta condición genera desafíos importantes en materia de seguridad, salubridad y atención de necesidades básicas, por lo que resulta indispensable la implementación urgente de medidas que permitan regularizar la población y fortalecer el control y la seguridad del establecimiento.

Asimismo, como parte de su agenda de trabajo, el ministro develó la placa de la Oficina Receptora en la localidad de Chulucanas. Esta infraestructura es el resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), y representa un avance en la descentralización de los servicios públicos: proceso que busca acercar los trámites y servicios estatales a la población que vive en zonas alejadas de los centros urbanos principales. Con su puesta en marcha, se logra una mayor cercanía en la atención a los usuarios, se reducen los costos y los tiempos de traslado, se mejora la calidad de la atención y se fortalece la formalización registral, lo que contribuye al desarrollo económico y social de la región.

DATOS

1.- La campaña “Justicia móvil – Defensa sin barreras” es una herramienta clave dentro de la estrategia de deshacinamiento penitenciario, ya que busca garantizar el derecho de defensa de las internas y agilizar los trámites para analizar su situación jurídica de forma técnica y objetiva.
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2.- El acceso a beneficios penitenciarios y al egreso penitenciario no es una medida arbitraria, sino que se basa en criterios legales y evaluaciones profesionales que toman en cuenta el tipo de delito, el comportamiento, la participación en programas de resocialización y otras características propias de cada caso.
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3.- El exceso de población en el Penal de Mujeres de Sullana es una situación crítica que requiere medidas inmediatas, ya que afecta las condiciones de vida, la seguridad y la atención que se brinda a las personas privadas de la libertad.
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4.- Los programas de resocialización y la labor de los equipos técnicos especializados son fundamentales, no solo para mejorar la situación actual de los establecimientos, sino también para facilitar la integración social de las personas al salir del recinto penitenciario.
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5.- La descentralización de servicios públicos —como la creación de la Oficina Receptora en Chulucanas— es una medida que aporta beneficios directos a la población, al reducir costos, tiempos de espera y dificultades para acceder a trámites administrativos y registrales.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe

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Mobile Justice – Defense Without Barriers: “New service to guarantee rights and expedite prison procedures at the ‘Sullana Women’s Prison’, announces the Ministry of Justice and Human Rights.”

Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe As part of the implementation of the prison overcrowding reduction strategy —a set of measures aimed at reducing the inmate population excess and improving conditions within correctional facilities—, the Minister of Justice and Human Rights, Luis Jiménez Borra, supervised the launch of the campaign entitled “Mobile Justice – Unhindered Defence” at the Women’s Penitentiary of Sullana. This initiative is intended to provide specialized legal assistance to the inmates, with the primary objective of guaranteeing their right to defence —a legal principle establishing that every person involved in a legal process has the right to be heard, present evidence, and receive professional support to uphold their rights— and streamlining the resolution of administrative and judicial procedures related to their legal status.

During his official visit, the head of the sector verified the work that will be carried out by public defenders: legal professionals appointed by the State to provide free legal representation to individuals who do not have sufficient financial resources to hire a private lawyer. Their duties include a detailed review of judicial and administrative files, the submission of applications to access prison benefits —measures provided for by legal regulations that allow persons deprived of liberty to obtain temporary release, parole, or sentence reduction, provided they meet specific requirements—, as well as other actions necessary for the proper progress of their cases.

“The importance of this work lies in the fact that it allows us to manage each file efficiently. This is not about releasing inmates without proper criteria; rather, it is about analysing each individual situation and, when appropriate, preparing technical reports drawn up by specialized professionals —such as psychologists, social workers and lawyers— that confirm that all requirements have been met to qualify for prison release —the departure from the correctional facility, either permanently or temporarily”, explained Minister Jiménez.

The official clarified that, in accordance with current legislation, eligibility for release depends on various factors: the type of crime committed, the sentence imposed by the courts, the inmate’s conduct during her stay in the facility, her participation in training and rehabilitation programmes, and the reports issued by specialized technical teams. He emphasized that the implementation of the overcrowding reduction strategy is not only aimed at reducing the number of people housed, but also at achieving proper organization within the correctional system: adequate allocation of spaces, improvement of living conditions, strengthening of internal security, and optimization of services provided at the facility.

During his tour of the penitentiary, the Minister also supervised rehabilitation workshops: educational, vocational and training activities designed to contribute to the personal development of persons deprived of liberty, build skills for their reintegration into society, and reduce the likelihood of reoffending. In addition, he held direct discussions with the inmates to learn about their specific circumstances, listen to their needs, and verify the operation of the services offered.

According to official information, the Women’s Penitentiary of Sullana is facing a critical situation: it operates with an approximate excess of 100 inmates beyond its accommodation capacity. This condition creates significant challenges regarding security, hygiene, and the provision of basic needs, making it essential to implement urgent measures to regulate the inmate population and strengthen control and security within the facility.

Furthermore, as part of his work agenda, the Minister unveiled the plaque of the Reception Office in the town of Chulucanas. This infrastructure is the result of joint efforts between the Ministry of Justice and Human Rights (MINJUSDH) and the National Superintendency of Public Registers (SUNARP), and represents progress in the decentralization of public services: a process that seeks to bring administrative and government services closer to the population living in areas distant from main urban centres. With its operation, the initiative ensures greater accessibility for users, reduces travel costs and time, improves service quality, and strengthens official registration formalities, all of which contribute to the economic and social development of the region.

DATA

1.- The campaign “Mobile Justice – Unhindered Defence” is a key tool within the prison overcrowding reduction strategy, as it seeks to guarantee the inmates’ right to defence and streamline procedures to analyse their legal situation in a technical and objective manner.

2.- Access to prison benefits and release is not an arbitrary measure, but is based on legal criteria and professional assessments that take into account the type of crime committed, conduct, participation in rehabilitation programmes, and other characteristics specific to each individual case.

3.- The population excess at the Women’s Penitentiary of Sullana is a critical situation that requires immediate action, as it affects living conditions, security, and the quality of care provided to persons deprived of liberty.

4.- Rehabilitation programmes and the work of specialized technical teams are essential, not only to improve current conditions within facilities, but also to facilitate the social reintegration of individuals upon their release.

5.- The decentralization of public services —such as the establishment of the Reception Office in Chulucanas— is a measure that brings direct benefits to the population, by reducing costs, waiting times, and barriers to accessing administrative and registration services.

Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe