Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe La decisión de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi de convocar próximamente al Foro del Acuerdo Nacional —anunciada durante la reunión que sostuvo esta mañana en Palacio de Gobierno con los representantes de ese espacio de concertación— se produce en un momento de creciente incertidumbre política y social en el país. El anuncio, que en apariencia responde a la voluntad de construir consensos alrededor de una agenda mínima de gobierno para el quinquenio 2026–2031, ocurre cuando la percepción ciudadana sobre la gestión del Ejecutivo muestra señales de descontento transversal: en Lima, en las regiones y en el interior del país, se extiende la sensación de que el gobierno carece de un rumbo definido, que no existe una hoja de ruta clara y que la administración del Estado responde más a la coyuntura diaria que a una planificación estratégica de largo plazo.

El Acuerdo Nacional, que reúne a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales, sectores religiosos, profesionales y frentes regionales, fue concebido como un espacio de diálogo y concertación para definir políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno. Sin embargo, su convocatoria en este contexto específico plantea una pregunta inevitable: ¿se busca realmente construir consensos, o se recurre a este mecanismo porque el Ejecutivo no ha logrado —hasta ahora— articularlos por sí mismo, ni con las bancadas del Congreso ni con la ciudadanía?

La falta de interlocución fluida entre el Poder Ejecutivo y las fuerzas políticas representadas en el Legislativo, sumada a la ausencia de canales permanentes de diálogo con la sociedad civil, ha dejado un vacío que el Acuerdo Nacional intentaría llenar, pero que no debería sustituir. La gobernanza democrática exige que el gobierno dialogue directamente con los actores sociales y políticos, sin esperar a que un espacio externo actúe de puente o amortiguador. Cuando el propio gobierno debe recurrir a una instancia de concertación para encontrar rumbo, es porque la brújula interna de la administración no está funcionando.

A esta situación se suman señales que erosionan la credibilidad del Ejecutivo: denuncias sobre presuntas contrataciones de familiares de funcionarios y representantes políticos en instituciones del Estado —como la contratación de madre e hija por parte de un ministro, o la designación de la esposa del presidente del Consejo de Ministros en el Congreso de la República— son ejemplos que, aunque se presenten como actos aislados, alimentan la percepción de que el Estado se administra con criterios de cercanía y lealtad política, no de mérito y transparencia. En este escenario, convocar al diálogo sin haber resuelto primero las prácticas que generan desconfianza puede ser percibido no como apertura, sino como una estrategia para calmar las aguas sin cambiar la estructura que las agita.

La propuesta de construir una «agenda mínima» a partir de los puntos coincidentes de los planes de gobierno de las distintas agrupaciones políticas es, en teoría, un ejercicio democrático valioso. Pero la concertación no se decreta: se construye con credibilidad, con hechos y con disposición real a escuchar. Si el gobierno llega al Acuerdo Nacional sin haber demostrado capacidad de diálogo en su propio entorno, la convocatoria corre el riesgo de convertirse en un acto protocolar que no resuelve lo de fondo: la necesidad de que el Ejecutivo tenga un proyecto de país, lo comunique con claridad y lo ejecute con independencia y transparencia.

El país enfrenta problemas urgentes —inseguridad ciudadana, cambio climático, infraestructura, corrupción, desigualdad regional— que no pueden esperar a que se consensúen. El diálogo es necesario, pero no sustituye la acción. El Acuerdo Nacional puede ser un complemento valioso, nunca el sustituto de un gobierno que debe liderar, decidir y rendir cuentas.

DATOS CONCEPTUALES

Acuerdo Nacional: Espacio de concertación política y social del Perú, conformado por representantes del Estado, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, gremios empresariales, sindicatos, iglesias y gobiernos regionales y locales. Su propósito es definir y consensuar políticas de Estado de largo plazo, que se mantengan vigentes más allá de los cambios de gobierno. No es un órgano de gobierno ni reemplaza a los poderes del Estado: es un mecanismo de diálogo y propuesta.
​
Concertación: Proceso mediante el cual distintos actores sociales y políticos con intereses o visiones diferentes dialogan, negocian y acuerdan metas o políticas compartidas. Requiere disposición a escuchar, capacidad de ceder en algunos puntos y voluntad de cumplir lo acordado. No es imposición ni consenso artificial: es construcción colectiva.
​
Gobernanza: Forma en que se ejerce la autoridad y se gestionan los asuntos públicos. Incluye los procesos de toma de decisiones, los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos participan en la definición de políticas y la rendición de cuentas de los gobernantes. Una buena gobernanza es transparente, participativa, predecible y responsable.
​
Agenda mínima de concertación: Conjunto de temas y políticas sobre los que las distintas fuerzas políticas y sociales encuentran puntos de coincidencia, independientemente de sus diferencias ideológicas. Representa lo básico que un país puede acordar para avanzar, aunque no todo el mundo esté de acuerdo en todo. Es el piso común, no el techo.
​
Conflicto de intereses: Situación en la que un funcionario público tiene intereses personales, familiares o políticos que podrían influir en sus decisiones oficiales. Las contrataciones de familiares o personas cercanas por parte de autoridades del Estado generan un conflicto de intereses aparente o real, erosionando la confianza pública y la meritocracia.
​
Legitimidad de gobierno: Aceptación por parte de la ciudadanía de que las autoridades tienen el derecho y la capacidad de gobernar. Se construye con elecciones libres, pero se mantiene con transparencia, equidad, resultados y comportamiento ético. Sin legitimidad, incluso las decisiones correctas son cuestionadas.

CONCLUSIONES

1.- La convocatoria al Acuerdo Nacional puede ser un instrumento válido de diálogo, pero no debe confundirse con liderazgo de gobierno. El Ejecutivo tiene la obligación constitucional de proponer, dirigir y ejecutar las políticas públicas. Recurrir a instancias externas porque no se logra articular consensos al interior del sistema político puede revelar una debilidad de gestión que el diálogo por sí solo no resuelve.
​
2.- La sensación de que el país «va a la deriva» no se disipa con reuniones: se resuelve con un plan de gobierno comunicado con claridad, metas definidas y acciones visibles. La ciudadanía no necesita solo saber con quién habla la presidenta, sino qué piensa hacer, cuándo y cómo lo va a lograr. La incertidumbre se combate con información, no con protocolos.
​
3.- El diálogo con la sociedad civil y los partidos políticos debe ser permanente y descentralizado, no convocado solo cuando las presiones sociales aumentan. Si el gobierno solo busca el acuerdo cuando las tempestades amenazan, la convocatoria pierde credibilidad y se interpreta como una maniobra de contención política, no como voluntad democrática.
​
4.- Las prácticas que alimentan la desconfianza —contrataciones de familiares, designaciones por cercanía, falta de transparencia— son el mayor obstáculo para cualquier acuerdo. No es posible pedirle al país que confíe en una agenda común si desde el propio gobierno se percibe que el Estado se administra como patrimonio privado. La ética precede a la concertación.
​
5.- El Acuerdo Nacional puede consensuar metas, pero no puede gobernar. Los problemas urgentes del Perú —inseguridad, desigualdad, infraestructura, emergencia climática— requieren decisiones inmediatas que no pueden quedar sujetas a la demora del consenso. El gobierno debe actuar mientras dialoga, no esperar a consensuar para actuar.
​
6.- La verdadera concertación comienza por escuchar a quienes no piensan igual. Si el Acuerdo Nacional se convoca solo para validar lo que el gobierno ya decidió, el espacio pierde su razón de ser. El reto no es convocar a la mesa, sino estar dispuesto a que lo que salga de esa mesa modifique el rumbo del gobierno.

Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe

Translate
A National Agreement! A forum for consensus-building or a political lifeline? It is convened only when distrust in the country mounts. Aimless dialogue? It happens when the government needs others to chart the path forward.

Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe President Keiko Fujimori Higuchi’s decision to shortly convene the National Agreement Forum —announced during a meeting held this morning at the Government Palace with representatives of this consensus-building space— comes at a time of growing political and social uncertainty across the country. The announcement, which ostensibly responds to the aim of building consensus around a minimum governance agenda for the 2026–2031 term, takes place as public perception regarding the Executive’s management shows widespread signs of discontent: in Lima, across the regions, and throughout the country’s interior, the view is spreading that the government lacks a defined course, that no clear roadmap exists, and that State administration responds more to daily circumstances than to long-term strategic planning.

The National Agreement, which brings together political parties, civil society organizations, business associations, religious sectors, professional bodies, and regional fronts, was conceived as a space for dialogue and consensus to define State policies that transcend successive administrations. However, convening it in this specific context raises an unavoidable question: is the true aim to build consensus, or is this mechanism being resorted to because the Executive has so far been unable to forge consensus on its own —either with congressional caucuses or with the citizenry?

The absence of fluid communication between the Executive Branch and the political forces represented in the Legislature, together with the lack of permanent dialogue channels with civil society, has left a vacuum that the National Agreement would attempt to fill —but which it should not replace. Democratic governance requires the government to engage directly with social and political actors, rather than waiting for an external body to act as a bridge or shock absorber. When a government itself must turn to a consensus-building body just to find its bearings, it is a sign that the administration’s internal compass is not functioning.

Compounding this situation are developments eroding the Executive’s credibility: allegations concerning the alleged hiring of relatives of public officials and political representatives within State institutions —such as a minister contracting both a mother and her daughter, or the appointment of the President of the Council of Ministers’ wife to the Congress of the Republic— are examples that, even if presented as isolated cases, reinforce the perception that the State is being run on grounds of personal connection and political loyalty rather than merit and transparency. In this scenario, calling for dialogue without first addressing the practices that generate mistrust may be seen not as openness, but as a strategy to calm unrest without changing the very structure causing it.

The proposal to build a “minimum agenda” based on points of convergence across the government plans of the various political groups is, in theory, a valuable democratic exercise. But consensus cannot be decreed: it is built on credibility, on action, and on a genuine willingness to listen. If the government approaches the National Agreement without having demonstrated an ability to engage in dialogue within its own ranks, the gathering risks becoming merely a ceremonial event that fails to address the core issue: the need for the Executive to have a national project, communicate it clearly, and implement it with independence and transparency.

The country faces urgent challenges —citizen insecurity, climate change, infrastructure gaps, corruption, regional inequality— that cannot wait for consensus to be reached. Dialogue is necessary, but it is no substitute for action. The National Agreement may serve as a valuable complement, yet it can never replace a government’s fundamental duty: to lead, to make decisions, and to be held accountable.

CONCEPTUAL FRAMEWORK

National Agreement: Peru’s political and social consensus-building platform, comprising representatives of the State, political parties, civil society organizations, business federations, labor unions, religious denominations, and regional and local governments. Its purpose is to define and agree upon long-term State policies that remain in force beyond changes in administration. It is not a governing body nor does it replace the branches of State: it is a mechanism for dialogue and policy formulation.

Consensus-building: A process through which diverse social and political actors with differing interests and visions engage in dialogue, negotiation, and agreement on shared goals and policies. It requires a willingness to listen, the capacity to compromise, and a commitment to uphold what has been agreed upon. It is not about imposition or manufactured agreement: it is about collective construction.

Governance: The manner in which authority is exercised and public affairs are managed. It encompasses decision-making processes, the mechanisms through which citizens participate in shaping policy, and the accountability of those in power. Good governance is transparent, inclusive, predictable, and responsible.

Minimum Consensus Agenda: The set of priorities and policies on which various political and social forces find common ground, notwithstanding ideological differences. It represents the baseline set of agreements that allow a country to move forward, even when not everyone agrees on everything. It is the shared foundation, not the ceiling.

Conflict of Interest: A situation in which a public official’s personal, family, or political interests could appear to influence their official decisions. Hiring or appointing relatives or close associates generates an actual or perceived conflict of interest, undermining public trust and the principle of merit-based selection.

Governmental Legitimacy: The public’s acceptance that authorities hold the right and the capacity to govern. While established through free elections, it is sustained over time through transparency, fairness, tangible results, and ethical conduct. Without legitimacy, even sound decisions are called into question.

CONCLUSIONS

1.- Convening the National Agreement may be a valid instrument of dialogue, but it must not be confused with governmental leadership. The Executive bears the constitutional obligation to propose, guide, and implement public policy. Turning to external bodies because consensus cannot be forged within the political system itself may reveal a governance weakness that dialogue alone cannot fix.

2.- The sense that the country is “drifting” is not resolved through meetings: it is resolved through a clearly communicated government plan, defined objectives, and visible action. Citizens do not only need to know who the President meets with —they need to know what she intends to do, when, and how. Uncertainty is addressed through clarity, not ceremony.

3.- Dialogue with civil society and political parties must be ongoing and decentralized, not convened only when social pressures mount. If the government only seeks agreement when storms are on the horizon, the call loses credibility and is interpreted as a political containment strategy rather than a genuine democratic commitment.

4.- The practices that erode trust —nepotistic hiring, appointments based on allegiance rather than merit, and a lack of transparency— are the single greatest obstacle to any agreement. The country cannot be asked to trust in a shared agenda if the State is perceived as being run like a private enterprise. Ethical conduct precedes consensus.

5.- The National Agreement can establish shared goals, but it cannot govern. Peru’s most pressing challenges —insecurity, inequality, infrastructure gaps, the climate emergency— demand immediate decisions that cannot be delayed indefinitely while consensus is built. The government must act while it engages in dialogue, rather than waiting for agreement before acting.

6.- True consensus begins by listening to those who disagree. If the National Agreement is convened only to validate decisions already made, the forum loses its fundamental purpose. The challenge is not just to gather everyone around the table —it is to be willing to let what emerges change the government’s course.

Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe