Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe La decisión del Gobierno del Perú de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, anunciada públicamente en días recientes, constituye un hito de singular trascendencia en la historia de la política exterior peruana. Esta medida, adoptada en un contexto de creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán, plantea interrogantes fundamentales sobre los principios rectores que tradicionalmente guiaron la diplomacia peruana: independencia, imparcialidad, no intervención y trato recíproco entre naciones. El presente artículo analiza esta decisión desde una perspectiva académica, imparcial y basada en evidencia, examinando los vínculos reales entre el Perú e Irán, el interés real de terceros países en esta medida, el papel de la representación extranjera, el perfil del Canciller de la República y el rol de la Jefa de Estado en la definición de la política exterior, sin adherirse a posiciones ideológicas sino a la realidad de los hechos y al derecho internacional.
ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DECISIÓN
I.- LOS VÍNCULOS REALES ENTRE EL PERÚ E IRÁN: ¿INTERESES AFECTADOS O INEXISTENTES?
Un análisis objetivo exige comenzar por examinar qué intereses nacionales concretos se ven afectados —positiva o negativamente— por la República de Irán. Según datos oficiales del comercio bilateral y de la Cancillería del Perú, los vínculos entre ambos países son mínimos y marginales:
Comercio bilateral: El intercambio comercial entre el Perú e Irán es prácticamente inexistente. Las exportaciones peruanas hacia Irán son muy reducidas y no representan un rubro significativo de la canasta exportadora nacional. Las importaciones también son bajas, sin tratarse de bienes estratégicos o insumos esenciales que condicionen la economía nacional.
Cooperación y asistencia: No existen programas de cooperación significativos, acuerdos de ciencia y tecnología, ni proyectos conjuntos de infraestructura o desarrollo de relevancia entre ambos Estados.
Comunidad de connacionales: No se registra una colonia peruana significativa en Irán, ni flujos migratorios relevantes en uno u otro sentido. No hay, por tanto, protección de ciudadanos peruanos como factor determinante.
Intereses estratégicos o de seguridad: No hay superposición de intereses geopolíticos, fronteras marítimas o terrestres, ni competencia por recursos que pudiera generar conflictos entre ambos países.
Si los vínculos son tan débiles, cabe preguntarse: ¿Qué interés nacional concreto justifica la ruptura de relaciones diplomáticas? Si no hay comercio, ni connacionales, ni cooperación, ni intereses estratégicos en juego, la medida no responde a una afectación real del Perú, sino a factores externos a la relación bilateral misma.
II.- EL CONTRASTE CON ESTADOS UNIDOS: INTERESES REALES Y TRATO RECÍPROCO
En contraste, los vínculos del Perú con Estados Unidos son profundos, estructurales y decisivos para la economía nacional:
Comercio bilateral: Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales del Perú, destino de una parte muy importante de nuestras exportaciones agrícolas, pesqueras, mineras y manufactureras. Miles de empleos dependen directamente de este intercambio.
Inversión y cooperación: Es el origen de importantes flujos de inversión extranjera y cooperación técnica.
Sin embargo, el trato recíproco presenta serios desequilibrios: El Perú enfrenta barreras arancelarias, cuotas, restricciones fitosanitarias y normas de origen que limitan el acceso de nuestros productos al mercado estadounidense. Sectores enteros de la producción nacional enfrentan obstáculos que no se corresponden con la importancia de la relación comercial. Asimismo, decisiones de política comercial estadounidense han afectado en ocasiones intereses peruanos sin que el país haya respondido con medidas de similar magnitud.
La pregunta que surge con objetividad es la siguiente: Si el criterio para romper relaciones fuera el de “afectación de intereses nacionales”, ¿no serían esos desequilibrios y barreras comerciales mucho más tangibles y dañinos para el Perú que cualquier diferencia con Irán? El hecho de que la medida se haya adoptado contra quien poco afecta y no contra quien tiene un impacto directo en la economía nacional sugiere que la decisión no responde a los intereses del Perú, sino a intereses ajenos a él.
III.- ¿A QUIÉN BENEFICIA REALMENTE LA DECISIÓN? GEOPOLÍTICA, INFLUENCIA Y EL PAPEL DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS
Si el Perú no gana ni pierde materialmente con la ruptura, y tampoco Irán afecta al Perú, surge la pregunta más pertinente de todas: ¿En qué beneficia realmente a Estados Unidos que el Perú tome esta decisión? La respuesta no está en lo económico, sino en lo geopolítico, simbólico y político.
El beneficio geopolítico de Estados Unidos.
Estados Unidos mantiene una política de máxima presión contra Irán. Su estrategia busca aislar a ese país del sistema internacional: que cuantos más países corten relaciones, más difícil le resulta a Irán comerciar, operar bancariamente, proyectar influencia y mantener su legitimidad internacional. Que un país de América Latina —miembro de la Comunidad Andina, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y de Naciones Unidas— se sume a esa lista, no aporta petróleo ni dinero, pero aporta algo más valioso: legitimidad política y efecto de demostración. Si Perú lo hace, otros países de la región podrían verse presionados a seguir el mismo camino. Es una ganancia simbólica que se traduce en poder geopolítico: muestra que su influencia en la región sigue siendo decisiva.
Además, cada país que rompe relaciones envía un mensaje al mundo: “Estados Unidos tiene la capacidad de definir la agenda internacional”. Para la administración del presidente Donald Trump, esto tiene un valor político interno enorme: puede mostrar ante su opinión pública que su política de presión funciona y que países aliados se suman a ella. Más allá de Irán, lo que está en juego es la demostración de influencia en América Latina: si Estados Unidos logra que el Perú tome una decisión que no le beneficia en nada material, sino que beneficia a la política exterior estadounidense, está demostrando que puede establecer la agenda política de un país soberano. Es el ejercicio de la influencia sin coerción, lo que históricamente ha sido la forma más efectiva de dominación geopolítica.
El papel del Embajador de Estados Unidos en el Perú.
Percepción de injerencia: Lo que la opinión pública peruana percibe crecientemente —y con fundamento— es una constante y reiterada intervención del Embajador de Estados Unidos en decisiones que corresponden exclusivamente al Estado peruano. No es una percepción aislada: se ha manifestado en temas de política interna, de seguridad, de comercio y ahora de política exterior. Cuando un representante diplomático de otro país aparece reiteradamente en el centro de decisiones de Estado, se cruza la línea que separa la diplomacia de la injerencia, principio expresamente prohibido por el derecho internacional.
Si como se sospecha ampliamente, el Embajador ha sido determinante en esta medida, no obtiene beneficios económicos para su país, sino beneficios políticos personales e institucionales:
Demostrar eficacia ante su gobierno: Al presidente Trump y al Departamento de Estado lo que más les importa es saber que sus representantes pueden mover la voluntad de los gobiernos anfitriones. Si el Embajador logra que el Perú rompa relaciones con Irán —una decisión que no tiene justificación nacional—, está demostrando que él puede incidir sobre la política peruana. Eso lo posiciona como un funcionario influyente, capaz de “entregar resultados” que otros no logran.
Consolidar su influencia interna: Mostrar que puede determinar decisiones de Estado fortalece su posición frente a todos los actores políticos peruanos. Si el Ejecutivo cede en un tema tan sensible como relaciones diplomáticas, ¿en qué otro tema podría decir que no? Se establece un precedente de obediencia que condiciona toda la gestión de gobierno.
Justificar su rol y su permanencia: Si se cuestiona su presencia o su actuación, la capacidad de incidir en decisiones de esta magnitud lo convierte en un actor indispensable. Quien puede lograr que un país rompa relaciones diplomáticas es alguien que, desde la lógica de Washington, “vale la pena mantener en el cargo”, porque demuestra que es un instrumento funcional a los intereses de Estados Unidos.
Lo más paradójico y grave es que no hay beneficio mutuo: Estados Unidos no gana recursos, el Perú pierde soberanía y capacidad de diálogo con una región del mundo, y el único que gana algo tangible es el intermediario que logra imponer la decisión. Es una victoria de la influencia sobre la soberanía, donde no hay comercio, ni inversión, ni cooperación, solo obediencia.
IV.- EL PERFIL DEL CANCILLER: ¿PROFESIONALISMO O DEPENDENCIA?
El Canciller de la República es la autoridad encargada de asesorar directamente a la Presidenta en materia de política exterior y de dirigir la Cancillería. Su formación, trayectoria y experiencia son determinantes para comprender la orientación que toma la diplomacia nacional.
En este caso, el Canciller designado no pertenece al Servicio Diplomático de carrera. No se registra en su trayectoria una formación diplomática en el Instituto Diplomático del Perú, ni una carrera ascendente dentro de la institución, ni experiencia previa como embajador o funcionario de la Cancillería. Su trayectoria profesional más conocida corresponde a varios años de servicio en la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, donde se desempeñó como empleado local. Si bien cualquier ciudadano puede acceder a cargos públicos, esta circunstancia plantea una pregunta legítima y necesaria: ¿Quiénes son sus referentes institucionales? ¿A quién responde su lealtad profesional? ¿Su visión del mundo es la del interés nacional peruano o la de la potencia donde trabajó durante años?
El problema no es que no sea diplomático de carrera —la Constitución permite que el Canciller sea un civil—, sino que no se aprecia en su trayectoria una formación ni una experiencia propia en política exterior peruana. No se conocen estudios, publicaciones, cargos docentes o diplomáticos que revelen un pensamiento propio sobre los intereses del Perú en el mundo. Esto genera un vacío de legitimidad técnica: ¿Cómo puede orientar a la Jefa de Estado en temas complejos de geopolítica si no ha construido una trayectoria intelectual e institucional propia?
V.- LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR: ¿SABER O DEPENDENCIA?
La Presidenta de la República, según la Constitución, es la Jefa de Estado, Jefa de Gobierno y dirige la política exterior. Esta es una de sus facultades más importantes y excluyentes. Sin embargo, para ejercerla con responsabilidad requiere contar con información completa, análisis plural y criterio propio.
En el caso de la decisión de romper relaciones con Irán, no se ha evidenciado un debate público, un análisis detallado del impacto nacional, ni una explicación de los intereses peruanos en juego. Por el contrario, la medida coincide con la posición de Estados Unidos frente a ese país, lo que refuerza la percepción de que la decisión responde a una agenda externa y no a una evaluación soberana.
Preocupa profundamente la posibilidad de que la Presidenta, sin una trayectoria previa en política exterior y sin un equipo diplomático de carrera que la asesore con independencia, esté tomando decisiones de esta magnitud basándose en la información y el criterio de personas que responden a intereses ajenos al Estado peruano. Si el Canciller no es de carrera y no tiene formación diplomática propia, y si la Jefa de Estado no cuenta con un bagaje en la materia, ¿Quién está decidiendo realmente la política exterior del Perú? ¿Es el interés nacional o son las presiones externas las que están marcando el rumbo del país?
DATOS CONCEPTUALES – DEFINICIONES PRECISAS
Política exterior independiente: Principio fundamental del derecho internacional y de la doctrina diplomática peruana, según el cual el Estado formula y ejecuta sus relaciones internacionales sin subordinar su voluntad ni sus intereses nacionales a decisiones, presiones o directrices de gobiernos extranjeros. Implica la capacidad de evaluar cada caso por sus propios méritos, sin alineamientos automáticos ni alianzas que condicionen la soberanía nacional.
Servicio Diplomático de la República: Cuerpo profesional y técnico del Estado, integrado por funcionarios de carrera formados en el Instituto Diplomático del Perú, con régimen especial, estabilidad y preparación permanente en derecho internacional, relaciones internacionales, protocolo y análisis geopolítico. Su existencia garantiza la continuidad, el profesionalismo y la imparcialidad de la política exterior, más allá de los cambios de gobierno.
Relaciones diplomáticas y vínculos bilaterales: El mantenimiento o ruptura de relaciones diplomáticas constituye uno de los actos más graves de la política exterior. No debe responder a simpatías ideológicas o alineamientos coyunturales, sino a la ponderación de intereses nacionales concretos: intercambio comercial, cooperación, protección de connacionales, intereses estratégicos y respeto mutuo. Su ruptura debe fundarse en causas objetivas, debidamente sustentadas y de interés nacional manifiesto.
No intervención e injerencia: Principio consagrado en el derecho internacional que prohíbe a los Estados inmiscuirse, directa o indirectamente, en los asuntos que son de la competencia exclusiva de otro Estado. La injerencia se manifiesta no solo mediante coerción, sino también mediante influencia decisiva sobre decisiones soberanas, cuando esta responde a intereses ajenos al país que las adopta.
Reciprocidad y trato no discriminatorio: Principio según el cual los Estados deben tratarse con igualdad y sin discriminación arbitraria. Si bien las relaciones no son simétricas en todos los casos, la política exterior debe evaluar con equilibrio los beneficios y perjuicios que cada país genera al Perú, evitando tratos desproporcionados o decisiones que afecten más a los intereses propios que a los del país con el que se rompen vínculos.
Conducción de la política exterior: Según la Constitución Política del Perú, corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior y a la Cancillería ejecutarla bajo su dirección. La titularidad de esta responsabilidad exige que la Jefa de Estado cuente con el conocimiento, la información y el criterio propios para tomar decisiones de tal magnitud, no pudiendo delegar ni transferir su facultad rectora a terceros, sean nacionales o extranjeros.
CONCLUSIONES
1.- La ruptura de relaciones diplomáticas con Irán no encuentra justificación en intereses bilaterales concretos del Perú, dado que el intercambio comercial, la cooperación, la presencia de connacionales y los intereses estratégicos entre ambos países son prácticamente inexistentes. La medida no responde a una afectación real del Perú, lo que sugiere que obedece a alineamientos externos antes que a una decisión soberana y ponderada.
2.- El contraste con las relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos revela una asimetría preocupante: mientras el Perú mantiene vínculos de enorme importancia con ese país, enfrentando barreras arancelarias y desequilibrios que sí afectan directamente a la economía nacional, no se advierte la misma firmeza ni criterio independiente al tratar esos temas. La selectividad con la que se aplican los principios de reciprocidad y defensa de intereses nacionales plantea dudas sobre la autonomía de la política exterior peruana.
3.- No existe un beneficio material directo para Estados Unidos en la ruptura Perú–Irán; el beneficio es geopolítico y simbólico: aísla a Irán del sistema internacional, refuerza la narrativa de que Washington define la agenda global y demuestra influencia decisiva en América Latina sin necesidad de coerción abierta. El valor de la decisión para la administración estadounidense no está en lo económico, sino en lo político: es la demostración de que su influencia puede determinar decisiones soberanas de terceros países.
4.- La percepción pública de intervención del Embajador de Estados Unidos en decisiones de Estado plantea un problema de soberanía. Si la medida responde a su influencia, el beneficio no es para el comercio ni para la seguridad de Estados Unidos, sino político e institucional: demostrar capacidad de incidencia, consolidar influencia interna y establecer precedentes de obediencia que condicionen toda la gestión gubernamental. La injerencia, aunque no sea coercitiva, sigue siendo injerencia cuando determina decisiones que no responden al interés nacional del país que las adopta.
5.- El hecho de que el Canciller de la República no pertenezca al Servicio Diplomático de carrera, ni cuente con una trayectoria académica o institucional reconocida en materia de relaciones internacionales, y que su experiencia más relevante haya sido como empleado de una embajada extranjera, plantea un problema de legitimidad y de independencia técnica. El asesoramiento a la Jefa de Estado en materia de política exterior requiere de conocimientos, experiencia y, sobre todo, de una lealtad exclusiva al interés nacional, sin vínculos que puedan generar conflictos de intereses.
6.- La conducción de la política exterior por parte de la Presidenta de la República exige, como mandato constitucional, el ejercicio de la soberanía con plena independencia. No es aceptable que decisiones de esta magnitud se tomen sin un análisis público, sin un debate nacional y sin que se demuestre que el interés del Perú ha sido el criterio determinante. La Jefa de Estado debe rodearse de asesores independientes, de carrera y con conocimiento profundo de la realidad internacional, para no ser conducida por criterios ajenos al país que dirige.
7.- La política exterior peruana, históricamente respetada por su independencia, su equilibrio y su apego al derecho internacional, corre el riesgo de perder su identidad y su voz propia en el concierto de las naciones. No se trata de tomar partido a favor de ningún país, sino de tomar partido siempre y en primer lugar por el Perú. Un país que no defiende sus propios intereses con equilibrio y criterio independiente deja de ser un actor respetado en el mundo y se convierte en un escenario donde otros deciden por él.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
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Peru’s Foreign Policy: Diplomacy in Decline or Geopolitical Subordination? When the Foreign Minister is not a Career Diplomat, Who Directs Peru’s Foreign Policy? From U.S. Embassy Employee to Minister.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The decision of the Government of Peru to sever diplomatic relations with the Islamic Republic of Iran, publicly announced in recent days, constitutes a milestone of singular significance in the history of Peruvian foreign policy. This measure, adopted amid growing geopolitical tension between the United States and Iran, raises fundamental questions about the guiding principles that have traditionally governed Peruvian diplomacy: independence, impartiality, non-intervention, and reciprocal treatment among nations. The present article analyzes this decision from an academic, impartial, and evidence-based perspective, examining the actual ties between Peru and Iran, the real interest of third countries in this measure, the role of foreign representation, the profile of the Minister of Foreign Affairs, and the Head of State’s role in defining foreign policy, without adhering to ideological positions but rather to the facts and international law.
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE DECISION
I.- THE ACTUAL TIES BETWEEN PERU AND IRAN: AFFECTED OR NON-EXISTENT INTERESTS?
An objective analysis must begin by examining which specific national interests are affected —positively or negatively— by the Islamic Republic of Iran. According to official bilateral trade data and information from the Ministry of Foreign Affairs of Peru, ties between the two countries are minimal and marginal:
Bilateral trade: Trade between Peru and Iran is practically non-existent. Peruvian exports to Iran are very limited and do not represent a significant item in the national export basket. Imports are also low, consisting neither of strategic goods nor essential inputs that could condition the national economy.
Cooperation and assistance: No significant cooperation programs, science and technology agreements, or joint infrastructure or development projects of relevance exist between the two States.
Community of fellow nationals: No significant Peruvian community is recorded in Iran, nor are there relevant migratory flows in either direction. Therefore, the protection of Peruvian citizens is not a determining factor.
Strategic or security interests: There is no overlap of geopolitical interests, maritime or land borders, or competition for resources that could generate conflicts between the two countries.
If ties are so weak, one must ask: What specific national interest justifies the severance of diplomatic relations? If there is no trade, no fellow nationals, no cooperation, and no strategic interests at stake, the measure does not respond to any real harm to Peru, but rather to factors external to the bilateral relationship itself.
II.— CONTRAST WITH THE UNITED STATES: REAL INTERESTS AND RECIPROCAL TREATMENT
In contrast, Peru’s ties with the United States are deep, structural, and decisive for the national economy:
Bilateral trade: The United States is one of Peru’s main trading partners, receiving a very significant share of our agricultural, fisheries, mining, and manufacturing exports. Thousands of jobs depend directly on this exchange.
Investment and cooperation: It is the source of significant foreign investment and technical cooperation flows.
However, reciprocal treatment presents serious imbalances: Peru faces tariff barriers, quotas, phytosanitary restrictions, and rules of origin that limit access for our products to the U.S. market. Entire sectors of national production face obstacles that do not correspond to the importance of the trade relationship. Furthermore, U.S. trade policy decisions have on occasion affected Peruvian interests without the country responding with measures of similar magnitude.
The following question arises objectively: If the criterion for severing relations were “harm to national interests,” would not those imbalances and trade barriers be far more tangible and damaging to Peru than any difference with Iran? The fact that the measure was adopted against a country that barely affects us and not against the one with a direct impact on the national economy suggests that the decision responds not to Peru’s interests, but to interests alien to it.
III.— WHO REALLY BENEFITS FROM THE DECISION? GEOPOLITICS, INFLUENCE, AND THE ROLE OF THE U.S. AMBASSADOR
If Peru neither gains nor loses materially from the severance, and Iran likewise does not affect Peru, the most pertinent question of all arises: How does the United States actually benefit from Peru taking this decision? The answer lies not in economics, but in geopolitics, symbolism, and politics.
The geopolitical benefit to the United States.
The United States maintains a policy of maximum pressure against Iran. Its strategy seeks to isolate that country from the international system: the more nations that cut ties, the more difficult it becomes for Iran to trade, operate financially, project influence, and maintain its international legitimacy. For a Latin American country —member of the Andean Community, the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum, and the United Nations— to join that list brings neither oil nor money, but something more valuable: political legitimacy and demonstration effect. If Peru does so, other countries in the region could be pressured to follow suit. It is a symbolic gain that translates into geopolitical power: it shows that its influence in the region remains decisive.
Moreover, every country that severs relations sends a message to the world: “The United States has the capacity to set the international agenda.” For the administration of President Donald Trump, this carries enormous domestic political value: it can demonstrate before its public opinion that its pressure policy works and that allied countries are joining it. Beyond Iran, what is at stake is the demonstration of influence in Latin America: if the United States succeeds in getting Peru to make a decision that benefits it in no material way, but rather benefits U.S. foreign policy, it is proving it can set the political agenda of a sovereign country. It is the exercise of influence without coercion, which historically has been the most effective form of geopolitical domination.
The role of the United States Ambassador to Peru.
Perception of interference: What Peruvian public opinion increasingly perceives —and with foundation— is constant and repeated interference by the United States Ambassador in decisions that fall exclusively within the competence of the Peruvian State. This is not an isolated perception: it has manifested itself in domestic policy, security, trade, and now foreign policy matters. When a diplomatic representative of a foreign country repeatedly appears at the center of State decisions, the line separating diplomacy from interference is crossed —a principle expressly prohibited under international law.
If, as widely suspected, the Ambassador was decisive in this measure, he obtains no economic benefit for his country, but rather personal and institutional political benefits:
Demonstrating effectiveness before his government: What matters most to President Trump and the State Department is knowing that their representatives can move the will of host governments. If the Ambassador succeeds in getting Peru to sever relations with Iran —a decision lacking national justification— he is demonstrating that he can influence Peruvian policy. This positions him as an influential official, capable of “delivering results” that others cannot.
Consolidating internal influence: Showing he can determine State decisions strengthens his position before all Peruvian political actors. If the Executive yields on so sensitive an issue as diplomatic relations, on what other issue could it say no? A precedent of obedience is established that conditions the entire government’s performance.
Justifying his role and tenure: If his presence or actions are questioned, the capacity to influence decisions of this magnitude renders him an indispensable actor. Someone who can cause a country to sever diplomatic relations is someone who, from Washington’s logic, is “worth keeping in the post,” because he proves to be an instrument functional to the interests of the United States.
The most paradoxical and grave aspect is that there is no mutual benefit: the United States gains no resources, Peru loses sovereignty and dialogue capacity with a region of the world, and the only one to gain anything tangible is the intermediary who manages to impose the decision. It is a victory of influence over sovereignty, where there is no trade, no investment, no cooperation —only obedience.
IV.- THE PROFILE OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS: PROFESSIONALISM OR DEPENDENCE?
The Minister of Foreign Affairs is the authority responsible for advising the President directly on foreign policy matters and for directing the Ministry of Foreign Affairs. Their training, background, and experience are decisive in understanding the orientation adopted by national diplomacy.
In this case, the appointed Minister of Foreign Affairs does not belong to the career Diplomatic Service. No diplomatic training at the Peruvian Diplomatic Institute, ascending career within the institution, or prior experience as ambassador or official of the Ministry of Foreign Affairs is recorded in his background. His best-known professional background corresponds to several years of service at the United States Embassy in Peru, where he worked as a local employee. While any citizen may hold public office, this circumstance raises a legitimate and necessary question: Who are his institutional references? To whom does his professional loyalty belong? Is his worldview shaped by Peruvian national interest or by the foreign power where he worked for years?
The problem is not that he is not a career diplomat —the Constitution permits a civilian to serve as Foreign Minister— but rather that no training or independent experience in Peruvian foreign policy is apparent in his background. No studies, publications, academic positions, or diplomatic postings are known that reveal original thinking about Peru’s interests in the world. This creates a vacuum of technical legitimacy: How can he guide the Head of State on complex geopolitical matters without having built his own intellectual and institutional trajectory?
V.- THE CONDUCT OF FOREIGN POLICY: KNOWLEDGE OR DEPENDENCE?
The President of the Republic, under the Constitution, is Head of State, Head of Government, and directs foreign policy. This is one of her most important and exclusive powers. However, to exercise it responsibly, she requires complete information, plural analysis, and independent judgment.
In the case of the decision to sever relations with Iran, no public debate, detailed analysis of national impact, or explanation of the Peruvian interests at stake has been evident. On the contrary, the measure coincides with the United States’ position toward that country, reinforcing the perception that the decision responds to an external agenda rather than a sovereign assessment.
Deep concern arises over the possibility that the President, lacking a prior background in foreign policy and without a career diplomatic team to advise her independently, is making decisions of this magnitude based on information and judgment from persons responsive to interests alien to the Peruvian State. If the Foreign Minister is not a career official and lacks diplomatic training, and if the Head of State has no background in the field, who is truly deciding Peru’s foreign policy? Is it the national interest, or are external pressures setting the country’s course?
CONCEPTUAL DATA – PRECISE DEFINITIONS
Independent foreign policy: A fundamental principle of international law and Peruvian diplomatic doctrine, according to which the State formulates and conducts its international relations without subordinating its will or national interests to decisions, pressures, or directives from foreign governments. It implies the capacity to evaluate each case on its own merits, without automatic alignments or alliances that condition national sovereignty.
Diplomatic Service of the Republic: The professional and technical body of the State, composed of career officials trained at the Peruvian Diplomatic Institute, with special status, stability, and permanent preparation in international law, international relations, protocol, and geopolitical analysis. Its existence guarantees the continuity, professionalism, and impartiality of foreign policy, beyond changes in government.
Diplomatic relations and bilateral ties: The maintenance or severance of diplomatic relations constitutes one of the most serious acts of foreign policy. It must not respond to ideological sympathies or temporary alignments, but rather to the weighing of concrete national interests: trade, cooperation, protection of fellow nationals, strategic interests, and mutual respect. Severance must be based on objective, duly substantiated causes of manifest national interest.
Non-intervention and interference: A principle enshrined in international law prohibiting States from interfering, directly or indirectly, in matters falling within the exclusive competence of another State. Interference manifests itself not only through coercion, but also through decisive influence over sovereign decisions, when such influence responds to interests alien to the country adopting them.
Reciprocity and non-discriminatory treatment: The principle that States must treat one another equally and without arbitrary discrimination. While relations are not symmetrical in all cases, foreign policy must assess with balance the benefits and harms each country causes Peru, avoiding disproportionate treatment or decisions that affect one’s own interests more than those of the country with which ties are severed.
Conduct of foreign policy: Under the Political Constitution of Peru, it corresponds to the President of the Republic to direct foreign policy and to the Ministry of Foreign Affairs to execute it under her direction. The responsibility for this mandate requires the Head of State to possess the knowledge, information, and independent judgment to make decisions of such magnitude, and she may not delegate or transfer her guiding authority to third parties, whether national or foreign.
CONCLUSIONS
1.- The severance of diplomatic relations with Iran finds no justification in concrete bilateral interests of Peru, since trade, cooperation, the presence of fellow nationals, and strategic interests between the two countries are practically non-existent. The measure does not respond to any real harm to Peru, suggesting that it obeys external alignments rather than a sovereign and considered decision.
2.- The contrast with trade and diplomatic relations with the United States reveals a worrying asymmetry: while Peru maintains ties of enormous importance with that country, facing tariff barriers and imbalances that do directly affect the national economy, the same firmness and independent judgment are not evident when addressing those issues. The selectivity with which principles of reciprocity and defense of national interests are applied raises doubts about the autonomy of Peruvian foreign policy.
3.- There is no direct material benefit to the United States from the Peru–Iran severance; the benefit is geopolitical and symbolic: it isolates Iran from the international system, reinforces the narrative that Washington sets the global agenda, and demonstrates decisive influence in Latin America without the need for overt coercion. The decision’s value to the U.S. administration lies not in economics, but in politics: it is the demonstration that its influence can determine sovereign decisions by third countries.
4.- Public perception of interference by the United States Ambassador in State decisions poses a sovereignty problem. If the measure responds to his influence, the benefit is neither for trade nor for U.S. security, but rather political and institutional: demonstrating capacity for influence, consolidating internal standing, and establishing precedents of obedience that condition the entire government’s performance. Interference, even when not coercive, remains interference when it determines decisions that do not respond to the national interest of the country adopting them.
5.—-The fact that the Minister of Foreign Affairs does not belong to the career Diplomatic Service, lacks a recognized academic or institutional background in international relations, and whose most relevant experience was as an employee of a foreign embassy, raises a problem of legitimacy and technical independence. Advising the Head of State on foreign policy requires knowledge, experience, and above all, exclusive loyalty to the national interest, without ties that could generate conflicts of interest.
6.- The President of the Republic’s conduct of foreign policy demands, as a constitutional mandate, the exercise of sovereignty with full independence. It is unacceptable for decisions of this magnitude to be made without public analysis, national debate, and proof that Peru’s interest has been the determining criterion. The Head of State must surround herself with independent, career advisors who possess deep knowledge of international reality, so as not to be led by criteria alien to the country she governs.
7.- Peruvian foreign policy, historically respected for its independence, balance, and adherence to international law, risks losing its identity and its own voice in the concert of nations. This is not about taking sides for any country, but about always putting Peru first. A country that does not defend its own interests with balance and independent judgment ceases to be a respected actor in the world and becomes a stage where others decide on its behalf.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe