Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe En las últimas semanas, el tema de las ‘granjas de bots’ ha cobrado una relevancia inusitada en las salas de prensa de todo el continente sudamericano. Se habla de cientos de miles de cuentas que, aparentemente de personas reales, operan coordinadas para influir en campañas políticas, elevar artificialmente la popularidad de candidatos o destruir la imagen de opositores. Pero, ¿Qué hay detrás? ¿Cómo es posible que existan si para abrir una cuenta se requiere verificación? ¿Es esto un delito? ¿Hay responsabilidad de las plataformas digitales cuando permiten que esto ocurra mientras sancionan con severidad a usuarios individuales? El presente artículo investiga a fondo este fenómeno, su funcionamiento técnico, su impacto democrático, la doble vara de medir de las empresas tecnológicas y el marco jurídico que avanza a paso lento frente a una realidad que corre a velocidad digital.
DATOS CONCEPTUALES
Bot: Abreviatura de robot. Programa informático diseñado para ejecutar tareas de forma automática, repetitiva y masiva sin intervención humana directa. Puede seguir, dar “me gusta”, comentar, compartir o publicar contenido a una escala imposible para una persona.
Granja de bots: Infraestructura tecnológica —física o en la nube— desde la cual se controla, gestiona y opera simultáneamente miles o decenas de miles de cuentas automatizadas, simulando comportamientos de personas reales para generar impacto en redes sociales.
Astroturfing: Práctica de simular un movimiento o apoyo social espontáneo y masivo cuando en realidad es orquestado centralmente. El término proviene de la marca de césped sintético AstroTurf: “simular que hay pasto real con pasto falso”.
Actividad inauténtica coordinada: Es inauténtica porque no representa la opinión de personas reales, y coordinada porque actúa de manera sincronizada para forzar tendencias, crear la ilusión de consenso o desinformar.
Proxy residencial: Tecnología que permite asignar a cada cuenta una dirección IP distinta, simulando que cada bot se conecta desde un domicilio real diferente. Es una de las herramientas clave para burlar los sistemas de detección.
Deepfake: Contenido audiovisual generado o alterado con inteligencia artificial para simular la apariencia, voz o conducta de una persona real, utilizado frecuentemente en campañas de desinformación.
EL FENÓMENO: ¿CÓMO ES POSIBLE SI EXISTEN VERIFICACIONES?
La pregunta que todos se hacen es lógica: si para abrir una cuenta en Facebook, X/Twitter, Instagram o TikTok se requiere un correo electrónico, un número de teléfono y en muchos casos una verificación, ¿Cómo pueden existir miles de cuentas falsas? La respuesta está en que los sistemas de registro tienen fisuras conocidas y métodos para eludirlos, muchos de los cuales son de conocimiento público entre los operadores de estas redes.
¿CÓMO SE CREAN Y OPERAN ESTAS CUENTAS?
1.- Verificación por números virtuales: Existen servicios en línea que proporcionan números de teléfono temporales o virtuales que reciben el código de verificación por SMS sin necesidad de una tarjeta SIM física asociada a una persona real.
2.- Compras masivas de cuentas ya verificadas: En el mercado negro digital se venden cuentas antiguas, creadas con identidades reales robadas o compradas, que ya han superado todos los filtros de verificación y parecen legítimas.
3.- Tecnología para simular dispositivos distintos: Mediante navegadores especializados y sistemas de virtualización, cada cuenta se hace pasar por un dispositivo diferente —un iPhone en Lima, un Android en Buenos Aires, una PC en Santiago— con una huella digital distinta, de modo que los algoritmos de detección no los agrupan.
4.- Redes de proxies residenciales: Cada cuenta navega con una dirección IP diferente, lo que hace que parezcan ubicaciones físicas distintas. Es como si miles de personas estuvieran opinando desde sus casas, cuando en realidad todo se controla desde uno o varios servidores centrales.
5. “Engorde” de cuentas: Las cuentas nuevas no se usan de inmediato. Primero se les pone foto, nombre, se les hace seguir a personas reales, comentar sobre deportes, entretenimiento, temas cotidianos, durante semanas o meses, para que parezcan cuentas reales antes de ser utilizadas con fines políticos.
LA DOBLE VARA DE MEDIR: LA RESPONSABILIDAD ÉTICA Y OPERATIVA DE LAS PLATAFORMAS
I.- LA PARADOJA EVIDENTE: A UNOS SE LES BORRA, A OTROS SE LES TOLERA
Es la pregunta que salta a la vista de cualquier usuario honesto y que no puede callarse: ¿Por qué una persona real pierde su cuenta de inmediato por un comentario, una imagen o una publicación que la plataforma considera inapropiado, mientras miles o decenas de miles de cuentas falsas operando de manera coordinada y masiva para manipular la opinión pública permanecen activas durante semanas, meses o incluso años?
No es una percepción subjetiva. Es una realidad comprobada. Las plataformas aplican sistemas de moderación que, en muchos casos, eliminan, suspenden o restringen cuentas individuales —personas reales— con una rapidez y una severidad ejemplares. Un solo comentario, una imagen, una expresión que el algoritmo califica como contraria a las normas comunitarias puede significar la pérdida permanente de la cuenta, sin posibilidad real de apelación o con procesos opacos y lentos.
Sin embargo, cuando se trata de granjas de bots —miles de cuentas falsas creadas, coordinadas y operadas de manera sincronizada para fabricar tendencias, simular apoyos y distorsionar la realidad política—, la respuesta de las plataformas resulta sistemáticamente insuficiente, tardía o, en muchos casos, inexistente. Esto no puede explicarse solo por la complejidad técnica: es una doble vara de medir que revela una decisión de prioridades, no una imposibilidad tecnológica.
II.- ¿POR QUÉ OCURRE ESTO? CONFLICTO DE INTERESES Y RESPONSABILIDAD MORAL
1.- El valor comercial de las cuentas, sean reales o falsas: Cada cuenta, cada interacción, cada “me gusta” o compartido —aunque sea falso— genera tráfico, datos y, en última instancia, ingresos publicitarios. Las plataformas tienen un interés económico directo en mantener el volumen de actividad elevado. Eliminar masivamente decenas de miles de cuentas puede reducir las métricas de interacción que son la base de su valoración financiera. Esto no es una acusación de complicidad deliberada, pero sí un conflicto de intereses manifiesto que condiciona sus prioridades de moderación.
2.- La moderación individual es más fácil y menos costosa: El algoritmo puede detectar una palabra, una imagen o un enlace con relativa facilidad. Pero detectar una red coordinada de miles de cuentas que imitan comportamientos humanos, usan direcciones IP distintas y se “preparan” durante semanas antes de actuar, requiere análisis de patrones complejos, mayor inversión y voluntad política empresarial. Es más sencillo y económico suspender a una persona por un comentario que desmantelar una red de miles de cuentas que además generan actividad comercial.
3.- Falta de transparencia y rendición de cuentas: Las plataformas informan sobre el número de cuentas falsas eliminadas —Meta afirmó haber eliminado más de 4.300 millones de cuentas falsas solo en 2024—, pero no revelan con claridad qué porcentaje detectan, qué porcentaje les escapa y por qué redes coordinadas masivas siguen operando. Sin transparencia, no hay rendición de cuentas posible.
III.- ¿ES SANCIONABLE ÉTICAMENTE AUNQUE NO SEA DELITO? SÍ, ROTUNDAMENTE
Aunque el derecho penal del Perú y de muchos países aún no tipifique expresamente el uso de granjas de bots como delito, esto no significa que sea moralmente aceptable ni éticamente inocuo. La ética no espera a que el legislador escriba una norma para señalar lo que atenta contra la verdad, la confianza pública y la democracia.
1.- Es moralmente reprobable porque fabrica una realidad que no existe, engañando a millones de personas que creen estar observando una opinión pública genuina.
2.- Es éticamente condenable porque usurpa el espacio público de debate, desplazando la voz de ciudadanos reales por la voz sintética de algoritmos al servicio de intereses particulares.
3.- Es socialmente perjudicial porque erosiona la confianza en todo sistema democrático: si nadie puede distinguir qué es opinión real y qué es operación digital, la libertad de expresión se convierte en una farsa.
IV.- LA RESPONSABILIDAD QUE NO SE PUEDE ELUDIR
Las plataformas no pueden invocar la complejidad técnica para eximirse de responsabilidad. Si tienen la capacidad de identificar y eliminar cuentas individuales con rapidez, tienen también la capacidad de diseñar sistemas que detecten actividad coordinada masiva. Lo que ocurre es que no siempre es su prioridad, o no les resulta conveniente económicamente, o ambas cosas a la vez.
La sociedad y los Estados tienen el derecho y el deber de exigir:
1.- Mayor transparencia sobre cómo detectan y eliminan cuentas falsas.
2.- Responsabilidad compartida: si las plataformas se benefician de la actividad que generan las cuentas, sean reales o falsas, deben también asumir la responsabilidad de evitar que se utilicen para dañar la democracia.
3.- Legislación clara que establezca obligaciones concretas y sanciones proporcionales para las plataformas que no cumplan con una debida diligencia en la detección y eliminación de estas redes.
En resumen: No es una limitación técnica absoluta. Es, en gran medida, una elección de prioridades. Y esa elección tiene consecuencias morales, sociales y políticas que no pueden eludirse. La ley del embudo —ancha para unos, estrecha para otros— no puede regir el espacio público digital, porque el espacio público, aunque esté gestionado por empresas privadas, pertenece a toda la ciudadanía.
¿ES DELITO? EL MARCO JURÍDICO EN EL PERÚ Y SUDAMÉRICA
Esta es la pregunta central: ¿Es delito usar granjas de bots para influir en una elección o en la opinión pública? La respuesta, en la mayoría de países, es compleja: hoy en día, en gran medida, se encuentra en una zona gris o aún no está tipificado expresamente, aunque ello está cambiando con rapidez.
EN EL PERÚ:
Actualmente no existe en el Código Penal un delito específico que sancione el uso de bots o granjas de bots como tal. Sin embargo, diversos proyectos de ley han sido presentados en el Congreso pasado (2021-2026):
1.- Proyecto de Ley N.º 13404 (noviembre 2025), del congresista Pasión Dávila: propone penas de 4 a 8 años de prisión, pudiendo llegar hasta 10 años en agravante, para quienes creen, operen, contraten o financien cuentas falsas o sistemas automatizados durante procesos electorales. Busca incorporar los artículos 359-D, 359-E y 359-F al Código Penal, dentro de los Delitos contra la Voluntad Popular.
2.- Proyectos N.º 13058 y 13059, de la congresista Esmeralda Limachi: proponen prohibir el uso de cuentas falsas en campañas electorales con multas de hasta 30 UIT y, en caso de reincidencia, exclusión del proceso electoral.
3.- Otros proyectos buscan sancionar la desinformación generada con inteligencia artificial y los deepfakes electorales.
4.- A la fecha, ninguno de estos proyectos es ley. Es decir, hoy, quien opera una granja de bots en el Perú para influir en una elección no estaría cometiendo un delito expresamente contemplado, salvo que se configure otra figura delictiva asociada (usurpación de identidad, fraude, difamación, acoso digital, etc.).
EN SUDAMÉRICA Y EL MUNDO:
1.- Argentina: No existe aún normativa específica. Como señala el experto Juan Marenco: “es legal, porque no hay ley que lo prohíba”, aunque se reconoce que atenta contra la esencia de la democracia.
2.- Bolivia: Se han detectado y denunciado granjas de bots vinculadas a la política, pero sin un marco legal claro que las sancione expresamente.
3.- Unión Europea: La Ley de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento de IA establecen obligaciones estrictas para las plataformas de mayor alcance de detectar y eliminar cuentas falsas y actividad coordinada inauténtica.
4.- Estados Unidos: No existe legislación federal específica; la regulación choca con la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda.
¿POR QUÉ DEBERÍA LEGISLARSE?
El uso de granjas de bots para manipular la opinión pública y los procesos electorales atenta contra el principio de soberanía popular: la decisión ciudadana deja de ser libre y se convierte en una construcción artificial. Como señalan expertos, la libertad de expresión no ampara la suplantación de identidades ni la manipulación masiva y clandestina del debate público.
CONCLUSIONES
1.- Las granjas de bots son una realidad operativa y técnica posible, no una leyenda urbana. Existen mecanismos —números virtuales, proxies, navegadores anti-detección, compra de cuentas— que permiten crear y controlar miles de cuentas que parecen personas reales, sorteando los filtros de verificación de las plataformas.
2.- Existe una doble vara de medir moralmente inaceptable. Las plataformas suspenden con rapidez y severidad a usuarios individuales por comentarios o imágenes, mientras permiten que redes coordinadas masivas de cuentas falsas operen durante meses para manipular la opinión pública. No es solo una limitación técnica: es una elección de prioridades.
3.- La responsabilidad de las plataformas es ineludible. Si tienen la capacidad de detectar y eliminar cuentas individuales, también pueden perfeccionar sistemas para detectar actividad coordinada masiva. Su falta de acción no es inocua: beneficia sus métricas y sus ingresos publicitarios, mientras daña la democracia.
4.- En el Perú y gran parte de Sudamérica, el uso de bots políticos aún no es un delito tipificado expresamente, aunque se encuentra en proceso de legislación. Existen proyectos de ley que proponen penas de hasta 10 años de prisión, pero aún no han sido aprobados, dejando un vacío legal que se aprovecha para intervenir en procesos democráticos.
5.- El fenómeno no es exclusivo de una región o país. Se ha documentado en Argentina, Bolivia, México, Estados Unidos, Europa y Asia. Es un problema global que requiere respuestas legales también globales, porque las plataformas digitales operan sin fronteras.
6.-Es urgente legislar con prudencia y claridad. El Perú y los países de la región deben contar con normas que tipifiquen estas conductas con precisión, establezcan sanciones proporcionales para operadores y plataformas, obliguen a mayor transparencia, y creen mecanismos de detección independiente, evitando que la ley se convierta en instrumento de censura selectiva.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
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“Bot Farms”: Thousands of Voices That Do Not Exist — How Bot Farms Manufacture Public Opinion. Why Are You Deleted While Thousands Are Tolerated? The Double Standard of Platforms and Social Media We Accept.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe Over recent weeks, the issue of bot farms has gained extraordinary relevance in newsrooms across the entire South American continent. There is talk of hundreds of thousands of accounts, seemingly belonging to real people, operating in a coordinated manner to influence political campaigns, artificially boost candidates’ popularity, or undermine the image of opponents. But what lies behind this? How is it possible for them to exist if opening an account requires verification? Is this a crime? Are digital platforms responsible when they allow this to happen while severely punishing individual users? This article thoroughly investigates the phenomenon, its technical operation, its democratic impact, the double standard applied by technology companies, and the legal framework that advances slowly against a reality moving at digital speed.
CONCEPTUAL DATA
Bot: Short for robot. A computer program designed to perform tasks automatically, repetitively, and on a massive scale, without direct human intervention. It can follow, “like,” comment, share, or publish content at a scale impossible for a human being.
Bot farm: Technological infrastructure — physical or cloud-based — from which thousands or tens of thousands of automated accounts are controlled, managed, and operated simultaneously, simulating real human behavior to generate impact on social media.
Astroturfing: The practice of simulating a spontaneous, massive social movement or show of support when it is actually centrally orchestrated. The term comes from the artificial grass brand AstroTurf: “simulating real grass with fake grass.”
Coordinated inauthentic activity: It is inauthentic because it does not represent the opinions of real people, and coordinated because it acts synchronously to force trends, create the illusion of consensus, or spread disinformation.
Residential proxy: Technology that allows assigning a different IP address to each account, simulating that each bot connects from a different real home address. It is one of the key tools used to evade detection systems.
Deepfake: Audiovisual content generated or altered using artificial intelligence to simulate the appearance, voice, or behavior of a real person, frequently used in disinformation campaigns.
THE PHENOMENON: HOW IS IT POSSIBLE IF VERIFICATION EXISTS?
The question everyone asks is logical: if opening an account on Facebook, X/Twitter, Instagram, or TikTok requires an email address, a phone number, and in many cases verification, how can thousands of fake accounts exist? The answer lies in the fact that registration systems have known loopholes and methods to bypass them, many of which are publicly known among operators of these networks.
HOW ARE THESE ACCOUNTS CREATED AND OPERATED?
1.- Verification via virtual numbers: Online services provide temporary or virtual phone numbers that receive verification codes by SMS without requiring a physical SIM card linked to a real person.
2.- Mass purchases of already verified accounts: Old accounts, created with stolen or purchased real identities, are sold on the digital black market. These have already passed all verification filters and appear legitimate.
3.- Technology to simulate different devices: Through specialized browsers and virtualization systems, each account pretends to be a different device — an iPhone in Lima, an Android in Buenos Aires, a PC in Santiago — with a distinct digital footprint, so that detection algorithms do not group them together.
4.- Residential proxy networks: Each account browses with a different IP address, making it appear to be in different physical locations. It is as if thousands of people were commenting from their homes, when in reality everything is controlled from one or several central servers.
5.- “Fattening” accounts: New accounts are not used immediately. First, they are given a photo, a name, made to follow real people, comment on sports, entertainment, everyday topics, for weeks or months, so they appear as real accounts before being used for political purposes.
THE DOUBLE STANDARD: THE ETHICAL AND OPERATIONAL RESPONSIBILITY OF PLATFORMS
I. THE EVIDENT PARADOX: SOME ARE DELETED, OTHERS ARE TOLERATED
It is the question that leaps out at any honest user and cannot be silenced: Why does a real person lose their account immediately because of a comment, image, or post that the platform considers inappropriate, while thousands or tens of thousands of fake accounts — operating in a coordinated and massive manner to manipulate public opinion — remain active for weeks, months, or even years?
This is not a subjective perception. It is a proven reality. Platforms apply moderation systems that, in many cases, delete, suspend, or restrict individual accounts — real people — with exemplary speed and severity. A single comment, image, or expression that the algorithm classifies as contrary to community standards may result in permanent account loss, without real appeal processes or through opaque and slow ones.
However, when it comes to bot farms — thousands of fake accounts created, coordinated, and operated synchronously to manufacture trends, simulate support, and distort political reality — the platforms’ response is systematically insufficient, delayed, or in many cases nonexistent. This cannot be explained by technical complexity alone: it is a double standard that reveals a matter of priorities, not technological impossibility.
II. WHY DOES THIS HAPPEN? CONFLICT OF INTEREST AND MORAL RESPONSIBILITY
1. The commercial value of accounts, real or fake: Every account, every interaction, every “like” or share — even if fake — generates traffic, data, and ultimately advertising revenue. Platforms have a direct economic interest in keeping activity volume high. Mass deleting tens of thousands of accounts could reduce interaction metrics that are the foundation of their financial valuation. This is not an accusation of deliberate complicity, but it is a clear conflict of interest that shapes their moderation priorities.
2. Individual moderation is easier and cheaper: Algorithms can detect a word, image, or link relatively easily. But detecting a coordinated network of thousands of accounts imitating human behavior, using different IP addresses, and “preparing” for weeks before acting requires complex pattern analysis, greater investment, and corporate political will. It is simpler and cheaper to suspend one person for a comment than to dismantle a network of thousands of accounts that also generate commercial activity.
3. Lack of transparency and accountability: Platforms report the number of fake accounts removed — Meta claimed to have deleted more than 4.3 billion fake accounts in 2024 alone — but they do not clearly disclose what percentage they detect, what percentage escapes them, and why massive coordinated networks continue to operate. Without transparency, there can be no accountability.
III. IS IT ETHICALLY PUNISHABLE EVEN IF NOT ILLEGAL? YES, ABSOLUTELY
Even if criminal law in Peru and many countries does not yet expressly classify the use of bot farms as a crime, that does not make it morally acceptable or ethically harmless. Ethics does not wait for legislators to write a rule to identify what harms truth, public trust, and democracy.
1. It is morally reprehensible because it manufactures a reality that does not exist, deceiving millions of people who believe they are observing genuine public opinion.
2. It is ethically condemnable because it usurps the public space of debate, displacing the voice of real citizens with the synthetic voice of algorithms serving particular interests.
3. It is socially harmful because it erodes trust in the entire democratic system: if no one can distinguish real opinion from digital operations, freedom of expression becomes a farce.
IV. THE RESPONSIBILITY THAT CANNOT BE AVOIDED
Platforms cannot invoke technical complexity to exempt themselves from responsibility. If they have the capacity to identify and delete individual accounts quickly, they also have the capacity to design systems that detect massive coordinated activity. What happens is that it is not always their priority, or it is not economically convenient for them, or both.
Society and States have the right and duty to demand:
1. Greater transparency about how they detect and remove fake accounts.
2. Shared responsibility: if platforms benefit from the activity generated by accounts — real or fake — they must also assume responsibility for preventing them from being used to harm democracy.
3. Clear legislation establishing specific obligations and proportional sanctions for platforms that fail to exercise due diligence in detecting and removing these networks.
In summary: This is not an absolute technical limitation. It is, to a large extent, a choice of priorities. And that choice has moral, social, and political consequences that cannot be avoided. The law of the funnel — wide for some, narrow for others — cannot govern the digital public space, because the public space, even if managed by private companies, belongs to all citizens.
IS IT A CRIME? THE LEGAL FRAMEWORK IN PERU AND SOUTH AMERICA
This is the central question: Is it a crime to use bot farms to influence an election or public opinion? The answer, in most countries, is complex: today, to a large extent, it remains in a gray area or has not yet been expressly codified, although this is changing rapidly.
IN PERU:
There is currently no specific crime in the Penal Code that sanctions the use of bots or bot farms as such. However, several bills were presented in the previous Congress (2021–2026):
1.- Bill No. 13404 (November 2025), by Congressman Pasión Dávila: proposes prison sentences of 4 to 8 years, which could reach up to 10 years in aggravated cases, for those who create, operate, contract, or finance fake accounts or automated systems during electoral processes. It seeks to incorporate Articles 359-D, 359-E, and 359-F into the Penal Code, within Crimes against Popular Will.
2.- Bills Nos. 13058 and 13059, by Congresswoman Esmeralda Limachi: propose prohibiting the use of fake accounts in electoral campaigns with fines of up to 30 UIT and, in case of recidivism, exclusion from the electoral process.
3.- Other projects seek to sanction disinformation generated with artificial intelligence and electoral deepfakes.
4.- To date, none of these projects have become law. That is, today, anyone operating a bot farm in Peru to influence an election would not be committing an expressly contemplated crime, unless another associated offense is committed (identity theft, fraud, defamation, digital harassment, etc.).
IN SOUTH AMERICA AND THE WORLD:
1.- Argentina: No specific regulation yet. As expert Juan Marenco notes: “it is legal, because there is no law prohibiting it,” although it is recognized that it strikes at the very essence of democracy.
2.- Bolivia: Bot farms linked to politics have been detected and denounced, but without a clear legal framework expressly sanctioning them.
3.- European Union: The Digital Services Act (DSA) and the AI Regulation establish strict obligations for the largest platforms to detect and remove fake accounts and coordinated inauthentic activity.
4.- United States: No specific federal legislation exists; regulation clashes with the freedom of expression protections of the First Amendment.
WHY SHOULD IT BE LEGISLATED?
The use of bot farms to manipulate public opinion and electoral processes violates the principle of popular sovereignty: the citizen’s decision ceases to be free and becomes an artificial construct. As experts point out, freedom of expression does not protect identity theft or the massive, clandestine manipulation of public debate.
CONCLUSIONS
1.- Bot farms are a technically feasible and operational reality, not an urban legend. Mechanisms exist — virtual numbers, proxies, anti-detection browsers, account purchases — that allow the creation and control of thousands of accounts appearing to be real people, bypassing platform verification filters.
2.- There is a morally unacceptable double standard. Platforms suspend individual users quickly and severely for comments or images, while allowing massive coordinated networks of fake accounts to operate for months to manipulate public opinion. This is not merely a technical limitation: it is a matter of priorities.
3.- Platforms’ responsibility is inescapable. If they have the capacity to detect and remove individual accounts, they can also refine systems to detect massive coordinated activity. Their inaction is not harmless: it benefits their metrics and advertising revenue while harming democracy.
4.- In Peru and much of South America, the political use of bots is not yet an expressly codified crime, though legislation is in process. Bills proposing sentences of up to 10 years exist but have not yet been approved, leaving a legal vacuum that is exploited to interfere in democratic processes.
5.- The phenomenon is not exclusive to one region or country. It has been documented in Argentina, Bolivia, Mexico, the United States, Europe, and Asia. It is a global problem requiring global legal responses, since digital platforms operate without borders.
6.- It is urgent to legislate with prudence and clarity. Peru and the countries of the region must have laws that classify these conducts with precision, establish proportional sanctions for operators and platforms, demand greater transparency, and create independent detection mechanisms — preventing the law from becoming an instrument of selective censorship.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe