Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe El país observa con creciente inquietud cómo avanza la administración que recién asumió el 28 de julio. Apenas han transcurrido semanas desde la toma de mando, pero ya se acumulan episodios que revelan falta de coordinación, declaraciones desafortunadas, una gestión de la comunicación que no responde a lo que la ciudadanía espera y, además, una preocupante distancia entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y municipales.
El primer episodio tuvo como protagonista al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cubas —cartera clave en cualquier gobierno—, quien ante las inundaciones que han afectado a numerosos distritos de Lima minimizó el sufrimiento de las familias señalando que «no hay que exagerar» porque el agua apenas llegaba a las rodillas. La realidad contradijo duramente esas palabras: en muchas zonas el nivel del agua superó la altura de un autobús, viviendas quedaron sumergidas y el colapso de alcantarillas convertía las calles en cauces insalubres. Esta situación no es solo consecuencia de las lluvias, sino del abandono de la infraestructura básica por parte de las autoridades locales que han priorizado obras de apariencia sobre el mantenimiento de desagües, drenajes y sistemas de contención. Ante la indignación, la presidenta Keiko Fujimori tuvo que salir a reparar el daño, calificando la frase como «poco afortunada» y dando a conocer que el ministro había pedido disculpas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué la jefa de Estado debe ser siempre quien corrija a su propio equipo? ¿Dónde está la coordinación previa, la asesoría y el sentido de realidad que deben acompañar a todo funcionario?
En Ucayali, mientras tanto, la calma es aparente. El gobernador regional anunció el levantamiento del paro de transportistas tras firmar un acuerdo que contempla el subsidio al combustible y garantías de abastecimiento. La medida ha desactivado la protesta por ahora, pero la confianza sigue frágil: las promesas plasmadas en papel aún no se materializan en los grifos ni en los bolsillos de la población. El combustible es un bien de consumo diario, no una necesidad que se resuelve con un decreto en espera de presupuesto.
Tal como es de conocimiento público, el nuevo régimen de subsidio focalizado —dirigido a transportistas terrestres, conductores de transporte público menor y operadores del servicio fluvial— fue anunciado por el Poder Ejecutivo en agosto de 2026 y se encuentra actualmente en fase de implementación, en camino hacia su materialización efectiva. Si bien el Gobierno ha expedido el marco normativo correspondiente y ha asignado los recursos iniciales, las propias autoridades han indicado que su plena operatividad y la entrega real de los beneficios están condicionadas a la celeridad con que se complete el registro censal y se formalicen los padrones de población beneficiaria —un trámite administrativo estimado en un lapso que oscila entre unos pocos días y varias semanas.
Por ello, si los desembolsos no llegan pronto y de forma sostenida, la molestia puede resurgir con mayor fuerza, extendiéndose a otras regiones que comparten los mismos problemas.
Otro frente de tensión ha surgido alrededor del proyecto de los trenes para Lima. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, había puesto en duda la continuidad de la flota adquirida por la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga —conocido popularmente como «Porky»—, señalando que no se trató de una donación como se anunció en su momento, sino de una compra por 24 millones de dólares. La postura del ministro daba a entender que el proyecto podría detenerse. Sin embargo, la presidenta tuvo que aclarar públicamente que la iniciativa seguirá adelante. La controversia no termina ahí: se ha señalado que estos vagones carecen de motores, son piezas sin funcionamiento efectivo y, según especialistas, corresponden a tecnología altamente contaminante que no debería incorporarse a la ciudad. El resultado es una imagen contradictoria: un ministro que dice una cosa, la presidenta que decide otra, y la ciudadanía que no sabe si el proyecto es conveniente, innecesario o simplemente costoso.
A esto se suma una ausencia que llama poderosamente la atención: en otras épocas, los gobiernos nacionales mantenían encuentros permanentes con los presidentes de gobiernos regionales, alcaldes y las organizaciones que los agrupan, escuchando sus demandas y coordinando acciones conjuntas. Hoy, esa presencia no se percibe. Y el contexto no es casual: estamos en año electoral municipal y regional. Muchas autoridades locales y regionales están volcadas en sus campañas de reelección o en el posicionamiento político, centrando sus esfuerzos en satisfacer apetitos electorales inmediatos antes que en resolver los problemas reales de sus ciudadanos. El ciudadano lo siente y lo percibe: ve que quienes deberían atenderlo están ocupados en otra cosa. Pero lo más grave es que, ante la mirada de la población, esa ausencia y esa falta de articulación se atribuyen al liderazgo nacional. La ciudadanía no distingue siempre niveles de gobierno: cuando las cosas no funcionan, la sensación general es que «el Gobierno» no está conduciendo. Y esa impresión recae sobre la presidencia, que recién comienza y ya da señales de vacío de convocatoria y de timidez para reunir a todos los niveles del Estado.
Estas contradicciones se suman a una forma de relacionarse con la opinión pública que genera cada vez más dudas. La presidenta ha hecho del uso de redes sociales, específicamente TikTok, su principal canal de comunicación. Sin embargo, difundir mensajes unilaterales, seleccionar qué mostrar y qué omitir, no es comunicar: es informar desde una sola perspectiva. Comunicar implica intercambio, escucha, respuesta a preguntas y rendición de cuentas ante todos los medios de comunicación acreditados, no solo ante quienes siguen una cuenta. Una práctica saludable y democrática sería realizar una conferencia de prensa semanal, tras cada sesión del Consejo de Ministros, en Palacio de Gobierno, abierta a todos los periodistas acreditados, sin exclusiones ni filtros. Esa es la forma en que un jefe de Estado rinde cuentas de manera transparente. Hablar solo de lo que se considera «bueno» y evitar las preguntas incómodas no construye confianza: la debilita.
Todo esto ocurre en un momento en que el país requiere liderazgo maduro, decisiones firmes y unidad. La estadista no solo se define por lo que promete, sino por la coherencia entre lo que dice y lo que hace, por la capacidad de escuchar antes de responder y por la humildad de reconocer cuando hay errores. Apenas han pasado semanas desde el 28 de julio, y las señales que recibe el Perú aún no son las que la ciudadanía necesita y merece.
DATOS CONCEPTUALES
Comunicación gubernamental vs. Información unilateral: Comunicar es un proceso de doble vía: emisor y receptor intercambian mensajes, hay retroalimentación, se responden inquietudes y se aceptan críticas. Informar unilateralmente consiste en transmitir solo lo que se desea que se sepa, sin recibir ni responder preguntas. En democracia, la autoridad no se limita a hablar: debe escuchar y rendir cuentas.
Conferencia de prensa institucional: Es el encuentro periódico entre las autoridades del Estado y los medios de comunicación, en condiciones de igualdad y transparencia. Permite que todos los periodistas acreditados formulen preguntas sin selección previa. Es la práctica más sólida de rendición de cuentas directa.
Articulación intergubernamental: Es la acción continua de coordinar alianzas, planes y decisiones entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ningún nivel resuelve todo por sí solo; la eficacia depende de que trabajen en conjunto. Cuando la convocatoria falla, la fragmentación se hace evidente.
Año electoral y función pública: En periodos de elección, las autoridades en ejercicio enfrentan la tensión entre cumplir su mandato —solucionar problemas de la población— y su legítima aspiración política. Cuando la segunda prioridad desplaza a la primera, se produce un descuido en la atención de las necesidades ciudadanas que la gente percibe con claridad.
Percepción de liderazgo: La ciudadanía no siempre separa las competencias de cada nivel de gobierno. Si las obras no avanzan, si la ayuda no llega, si las autoridades locales no aparecen, la imagen de conjunto se debilita y la responsabilidad simbólica recae sobre la máxima autoridad del país. Fortalecer la presencia y la coordinación es también una forma de gobernar.
Medida de efecto sostenido: Se refiere a que una decisión pública debe perdurar en el tiempo y no agotarse en un anuncio. El subsidio a los combustibles, por ejemplo, no basta con decretarlo: debe ejecutarse de forma continua porque el consumo es diario. Si se interrumpe, el descontento regresa de inmediato.
CONCLUSIONES
1.- Las disculpas no sustituyen a la empatía. Cuando un ministro minimiza el dolor de familias que han perdido sus hogares, el daño va más allá de una frase desafortunada: revela una desconexión peligrosa con la realidad de la mayoría. La corrección presidencial no repara lo que las palabras han roto.
2.- La calma en Ucayali es frágil mientras las promesas no se materialicen. Acordar el subsidio es el primer paso, pero el combustible se consume cada día. Si el desembolso no llega de forma sostenida, la protesta regresará, y con mayor razón si otras regiones comprueban que también sufren las mismas dificultades sin que nadie las atienda.
3.- Las contradicciones entre el Ejecutivo desgastan la confianza. Que un ministro cuestione un proyecto y la presidenta lo revierta sin explicación conjunta transmite desorden. La ciudadanía necesita saber quién decide, con qué criterios y si lo que se anuncia se mantendrá en el tiempo.
4.- La ausencia de convocatoria debilita a todo el sistema. El vacío de encuentros con gobiernos regionales y municipales no es un detalle protocolar: refleja falta de articulación. Que las autoridades locales estén concentradas en la campaña electoral no exonera al Gobierno Nacional de convocar, coordinar y liderar. La gente lo percibe como falta de conducción.
5.- No todo lo que se publica es comunicación. Usar redes sociales para exponer solo los logros que se quieren mostrar no es dialogar con el país. La comunicación democrática requiere valentía: responder a todas las preguntas, de todos los medios, sin filtro. Eso es lo que construye credibilidad.
6. Apenas comienza el mandato, pero las señales importan desde el primer día. La madurez de un gobierno no se mide por los discursos de toma de posesión, sino por cómo responde a la dificultad, cómo trata a los ciudadanos afectados, cómo reúne a las autoridades del país y cómo habla con la verdad, aunque esta sea incómoda. El tiempo está en marcha y el Perú espera acciones, no solo explicaciones.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
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Ministers Who Wound, Promises That Wait, and Authorities Who Fall Short: Peruvians Look On but Find No Direction — President Keiko Fujimori: Is Informing Not Communicating? The People Need to Be Heard, Not Just Fed Stale, Pre‑Recorded Messages.
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe The country is watching with growing concern how the administration that only took office on July 28th is progressing. Barely weeks have passed since the transfer of command, yet episodes are already accumulating that reveal a lack of coordination, ill‑advised statements, a communications approach that fails to meet citizen expectations, and, furthermore, a worrying distance between the National Government and regional and municipal governments.
The first episode featured the head of the Ministry of Economy and Finance, Elmer Cubas —a key portfolio in any government— who, in response to floods affecting numerous districts across Lima, downplayed families’ suffering by stating there was “no need to exaggerate” because the water barely reached knee height. Reality harshly contradicted those words: in many areas, water levels exceeded the height of a bus, homes were submerged, and collapsed sewers turned streets into unsanitary waterways. This situation stems not only from rainfall, but from years of neglecting basic infrastructure by local authorities who prioritized showpiece works over maintaining drains, sewers, and containment systems. Faced with public outrage, President Keiko Fujimori stepped in to repair the damage, calling the remark “unfortunate” and announcing that the Minister had tendered an apology. Nevertheless, the question remains: why must the Head of State always be the one correcting her own team? Where is the advance coordination, advice, and grasp of reality that every public official should possess?
In Ucayali, meanwhile, calm is only apparent. The Regional Governor announced the end of transport protests following the signing of an agreement covering fuel subsidies and supply guarantees. The measure has deactivated the protest for now, but trust remains fragile: promises on paper have yet to materialize at service stations or in people’s pockets. Fuel is an everyday necessity, not something to be resolved by decree while awaiting budget approval.
As is publicly known, the new targeted subsidy scheme —aimed at land transport operators, small public transport drivers, and river service providers— was announced by the Executive Branch in August 2026 and is currently in the implementation phase, moving toward effective delivery. Although the Government has issued the relevant regulatory framework and allocated initial funds, authorities themselves have acknowledged full operability and actual benefit delivery depend on expeditiously completing census registration and formalizing beneficiary rolls —an administrative process estimated to take anywhere from a few days to several weeks.
Therefore, if payments do not arrive promptly and consistently, discontent may resurge with greater force, spreading to other regions facing identical problems.
Another point of tension has emerged surrounding the train project for Lima. The Minister of Transport and Communications, Rafael Rey, had cast doubt on the future of rolling stock acquired under former Mayor Rafael López Aliaga —widely known as “Porky”— stating it was not a donation as originally claimed, but rather a purchase for 24 million US dollars. The Minister’s position suggested the project might be halted. However, the President had to publicly clarify that the initiative would move forward. The controversy does not end there: concerns have been raised that these carriages lack propulsion systems, are effectively inoperable, and, according to specialists, represent highly polluting technology unsuitable for incorporation into the city. The result is a contradictory picture: one Minister saying one thing, the President deciding otherwise, and citizens unsure whether the project is beneficial, unnecessary, or simply costly.
Added to this is a notable absence: in previous times, national governments maintained ongoing dialogue with regional leaders, mayors, and their representative organizations, listening to concerns and coordinating joint action. Today, that engagement is scarcely felt. The context is not coincidental: this is a municipal and regional election year. Many local and regional authorities are focused on re‑election campaigns or political positioning, prioritizing immediate electoral gain over solving their constituents’ real problems. Citizens notice and perceive this: they see those meant to serve them occupied elsewhere. Most seriously, in the public’s view, that absence and lack of coordination are attributed to national leadership. Citizens do not always distinguish between levels of government; when things fail to work, the prevailing sense is that “the Government” is not steering. That impression falls upon the Presidency, which is barely underway yet already showing signs of limited outreach and hesitation in bringing together all branches of the State.
These contradictions coincide with an approach to public communication that raises increasing doubts. The President has made social media —specifically TikTok— her primary channel of engagement. Yet disseminating one‑way messages, selecting what to show and what to omit, is not communication: it is unilateral messaging. True communication involves exchange, listening, answering questions, and accountability before all accredited media outlets, not just followers of a single account. A healthy and democratic practice would be a weekly press conference following each Cabinet meeting, held at the Government Palace, open to all accredited journalists without exception. That is how a Head of State demonstrates transparent accountability. Speaking only about favorable outcomes while avoiding uncomfortable questions does not build trust —it erodes it.
All this unfolds at a moment when the country requires mature leadership, firm decision‑making, and unity. Statesmanship is defined not only by promises, but by consistency between word and deed, the willingness to listen before responding, and the humility to acknowledge mistakes. Only weeks have passed since July 28th, yet the signals Peru is receiving are not yet those citizens need and deserve.
CONCEPTUAL DATA
Governmental communication vs. Unilateral information: Communication is a two‑way process: sender and receiver exchange messages, feedback is received, concerns are addressed, and criticism is accepted. Unilateral information consists solely of transmitting what one wishes known, without receiving or answering questions. In a democracy, authorities do not merely speak —they must listen and be accountable.
Institutional press conference: Periodic gathering between State authorities and media representatives, held under equal and transparent conditions. Enables all accredited journalists to ask questions without prior selection. It is the most robust practice of direct public accountability.
Intergovernmental coordination: Ongoing action to align partnerships, plans, and decisions across National, Regional, and Local Governments. No single level can resolve everything in isolation; effectiveness depends on working together. When convening fails, fragmentation becomes evident.
Election year and public service: During electoral periods, serving officials face tension between fulfilling their mandate —addressing public needs— and legitimate political aspirations. When the latter takes precedence over the former, essential services suffer, and citizens notice clearly.
Perception of leadership: Citizens do not always distinguish between government responsibilities. When projects stall, assistance is delayed, or local officials are absent, overall confidence weakens, and symbolic responsibility falls upon the nation’s highest authority. Strengthening engagement and coordination is also a fundamental act of governance.
Sustained measure: A public decision designed to endure over time rather than ending with an announcement. Fuel subsidies, for instance, are insufficient by decree alone: they must be delivered continuously because consumption is daily. If interrupted, discontent returns immediately.
CONCLUSIONS
1.- Apologies are no substitute for empathy. When a Minister minimizes the suffering of families who have lost their homes, the harm extends beyond an ill‑chosen phrase: it reveals a dangerous disconnect from majority reality. Presidential correction cannot fully repair what words have broken.
2.- Calm in Ucayali remains fragile until promises are fulfilled. Agreeing to a subsidy is only the first step; fuel is consumed daily. If payments are not delivered consistently, protest will return —all the more so if other regions find themselves facing identical hardship without redress.
3.- Contradictions within the Executive erode trust. When a Minister questions a project and the President reverses course without joint explanation, disorder is communicated. Citizens deserve clarity on who decides, by what criteria, and whether announced measures will endure.
4.- Failure to convene weakens the entire system. Absence of dialogue with regional and local governments is no mere protocol matter: it signals a coordination breakdown. Local officials focusing on electoral campaigns does not absolve the National Government of convening, coordinating, and leading. The public interprets this as lack of direction.
5.- Not everything published constitutes communication. Using social media to showcase only selected achievements is not national dialogue. Democratic communication requires courage: answering all questions, from all media, without filtering. That is what builds credibility.
6.- The mandate has barely begun, yet signals matter from day one. Government maturity is measured not by inaugural speeches, but by responses to difficulty, treatment of affected citizens, ability to unite authorities, and commitment to truth —however uncomfortable. Time is moving forward, and Peru awaits action, not further explanations.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe