Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe Ante el Pleno del Congreso de la República, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, sustentaron de manera conjunta los tres proyectos fundamentales que rigen la gestión fiscal del país para el Año Fiscal 2027: la Ley de Presupuesto del Sector Público, la Ley de Endeudamiento del Sector Público y la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público. El monto total asignado asciende a más de 266,000 millones de soles, lo que representa un incremento de 3.5% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del ejercicio 2026. Se trata del primer presupuesto del quinquenio 2026–2031, documento que define las prioridades, la hoja de ruta y la asignación de recursos del Estado peruano para el próximo año, con énfasis en seguridad ciudadana, salud, educación, transporte y desarrollo social.
SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO 2027 ANTE EL CONGRESO
La presentación del presupuesto 2027 marcó el inicio de la discusión parlamentaria sobre los recursos del Estado para el próximo año. El premier Luis Galarreta Velarde abrió la exposición con un diagnóstico claro sobre la situación en la que encontró la administración pública: un Estado desordenado, desbordado por sus propios procedimientos, con una burocracia que retrasa las decisiones y recursos públicos frecuentemente inmovilizados o mal asignados. Frente a ello, el presupuesto que se pone a consideración del Legislativo no busca simplemente aumentar el gasto, sino recuperar la capacidad de respuesta del Estado, reorientándolo hacia la entrega de resultados concretos y medibles.
El titular del Consejo de Ministros enfatizó que este es el primer presupuesto del quinquenio 2026–2031, y por ello establece desde el inicio las prioridades del gobierno: seguridad ciudadana, salud, educación y transporte, sectores que concentran las principales demandas históricas de la población peruana. La propuesta se construye bajo el principio de que el Estado no debe crecer indefinidamente, sino funcionar mejor: pasar de un ente que administra recursos a uno que entrega resultados. La evaluación de la gestión pública, señaló, debe cambiar: ya no se medirá por cuánto se gastó, sino por qué se hizo y cuál fue el impacto real en la vida de los ciudadanos.
“El Perú no necesita un Estado más grande, necesita un Estado que funcione para que el sector privado invierta, produzca y genere empleo”, puntualizó Galarreta. Esta afirmación sintetiza el enfoque central del presupuesto: una alianza público-privada en la que un Estado eficiente y predecible crea las condiciones para que la inversión privada sea el motor del crecimiento económico.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, presentó el marco macroeconómico que sustenta las cifras. Destacó que, pese a los efectos del Fenómeno El Niño, la economía peruana mantiene un crecimiento sostenido del 3% anual, mientras que la inversión privada ha registrado un dinamismo notable, con un incremento del 15%. Resaltó además la solidez de las finanzas públicas: la deuda pública total equivale al 30% del PBI, un nivel considerablemente bajo en comparación con estándares internacionales y con otros países de la región, lo que otorga al país un margen importante de maniobra y garantiza la estabilidad macroeconómica como pilar irrenunciable.
El presupuesto 2027 se define como descentralizado por diseño: asegura la operatividad de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno —nacional, regional y local— y da prioridad a la continuidad de las inversiones que ya se encuentran en ejecución física, evitando la paralización de obras que generaría costos sociales y económicos innecesarios. Las intervenciones focalizadas abarcan los sectores del Interior (seguridad ciudadana), Salud, Educación, Defensa y Desarrollo e Inclusión Social, con aumentos significativos en cada uno.
Las prioridades estratégicas del presupuesto quedan definidas en siete ejes: protección social, defensa nacional, salud, educación, orden público, justicia y transporte. En cada uno de estos sectores se propone un incremento presupuestal orientado a cerrar brechas históricas y responder a las demandas más sentidas de la ciudadanía. El documento fiscal plantea así un doble propósito: atender las urgencias inmediatas de la población y, simultáneamente, sentar las bases para un crecimiento económico sostenido en el mediano y largo plazo.
DATOS CONCEPTUALES – DEFINICIONES PRECISAS
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Es el presupuesto inicial de ingresos y gastos aprobado por el Congreso de la República para cada entidad del sector público al comienzo del año fiscal. Constituye el techo presupuestal autorizado antes de cualquier modificación o reajuste durante el ejercicio. Su comparación con el presupuesto del año siguiente permite medir el incremento real de los recursos asignados, descontando variaciones posteriores.
Presupuesto del Sector Público: Instrumento de política económica y social que expresa en términos monetarios el plan de acción del Estado para un año fiscal. Contiene el detalle de los ingresos que se estiman recaudar y los gastos que se autorizan efectuar, clasificados por función, programa, unidad ejecutora y fuente de financiamiento. No es solo una suma de cifras: es la expresión financiera de las prioridades del gobierno y del modelo de desarrollo que se busca implementar.
Ley de Endeudamiento: Norma complementaria al presupuesto que autoriza el monto máximo de endeudamiento interno y externo que el Estado puede contraer durante el ejercicio fiscal, así como los límites y condiciones de dichas operaciones. Garantiza que el nivel de endeudamiento sea sostenible y compatible con la estabilidad macroeconómica y la capacidad de pago del país.
Ley de Equilibrio Financiero: Establece el equilibrio entre los ingresos y los gastos del sector público, determinando el resultado fiscal proyectado —superávit, déficit o equilibrio— para el año fiscal. Vincula la política presupuestaria con la política económica general, asegurando que el gasto público no exceda la capacidad de financiamiento del Estado.
Descentralización presupuestaria: Principio mediante el cual los recursos son asignados y transferidos a los gobiernos regionales y locales, con el fin de acercar la toma de decisiones a la ciudadanía y adaptar la inversión pública a las necesidades específicas de cada territorio. No se reduce a la transferencia de dinero, sino a la transferencia de capacidad de gestión y responsabilidad sobre los resultados.
Producto Bruto Interno (PBI): Valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional durante un periodo determinado. Es el indicador principal del tamaño y la dinámica de la economía de un país. La relación entre la deuda pública y el PBI es el indicador más utilizado para medir la sostenibilidad de la deuda.
CONCLUSIONES
1.- El Presupuesto Público 2027, por un monto superior a 266,000 millones de soles y con un incremento del 3.5% respecto al PIA 2026, constituye el primer instrumento fiscal del quinquenio 2026–2031, estableciendo desde el inicio las prioridades del Estado: seguridad ciudadana, salud, educación y transporte. Su elaboración responde a un diagnóstico de la administración pública que requiere mayor eficiencia, agilidad y orientación a resultados, antes que un simple aumento del tamaño del aparato estatal.
2.- El cambio de paradigma es central: se propone pasar de medir la gestión pública por el volumen de recursos gastados a evaluarla por el impacto real en la vida de los ciudadanos. Este enfoque exige no solo reasignar partidas presupuestarias, sino transformar los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados en todos los sectores y niveles de gobierno, garantizando transparencia y rendición de cuentas efectiva.
3.- La estabilidad macroeconómica se mantiene como pilar fundamental del modelo económico: con una deuda pública que representa solo el 30% del PBI, el Perú conserva una posición financiera sólida que le permite enfrentar escenarios internacionales adversos y mantener la confianza de los inversionistas. Este equilibrio no es un fin en sí mismo, sino la base sobre la cual se puede financiar el desarrollo social y la infraestructura productiva del país.
4.- El presupuesto reconoce explícitamente el rol del sector privado como motor de crecimiento: la lógica del Estado que funciona para facilitar la inversión, la producción y la generación de empleo plantea una nueva relación entre el sector público y el privado, donde la eficiencia estatal es condición necesaria para el dinamismo de la economía nacional. Con un crecimiento de la inversión privada del 15%, el país cuenta con un impulso que debe ser acompañado por políticas públicas ágiles y predecibles.
5.- La descentralización no es un detalle, sino un principio estructural del presupuesto 2027: al garantizar la operatividad de los tres niveles de gobierno y dar continuidad a las inversiones en ejecución, se busca que los beneficios del gasto público lleguen de manera efectiva a los territorios y no se concentren únicamente en la capital. La priorización de obras en curso evita la pérdida de recursos y acelera la entrega de infraestructura a las comunidades.
6.- Las siete áreas prioritarias —protección social, defensa, salud, educación, orden público, justicia y transporte— cubren las dimensiones esenciales del bienestar ciudadano y la seguridad nacional. El aumento significativo de recursos en estos sectores responde a las demandas más sentidas de la población, pero su éxito dependerá de la capacidad de gestión, la transparencia en la ejecución y la voluntad política de asegurar que cada sol invertido se traduzca en un servicio mejorado para los peruanos.
Fuente: Agencia Peruana de Noticias PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe
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“2027 General Budget! Increased by S/ 8,945 million (3.5% over 2026): Now 266 billion soles to transform Peru. ‘The State does not grow — it will function,’ state Prime Minister Galarreta and the Minister of Economy and Finance.”
Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe Before the Plenary of the Congress of the Republic, the President of the Council of Ministers, Luis Galarreta Velarde, and the Minister of Economy and Finance, Elmer Cuba Bustinza, jointly presented the three foundational bills governing the country’s fiscal management for Fiscal Year 2027: the Public Sector Budget Act, the Public Sector Indebtedness Act, and the Public Sector Financial Balance Act. The total allocated amount exceeds 266,000 million soles, representing an increase of 3.5% compared to the Institutional Opening Budget (PIA) for the 2026 fiscal year. This is the first budget of the 2026–2031 five-year period, a document defining the priorities, roadmap, and resource allocation of the Peruvian State for the coming year, with emphasis on citizen security, health, education, transportation, and social development.
PRESENTATION OF THE 2027 BUDGET BEFORE CONGRESS
The presentation of the 2027 budget marked the beginning of parliamentary debate on State resources for the coming year. Prime Minister Luis Galarreta Velarde opened the session with a clear diagnosis of the condition in which the public administration was found: a disorganized State, overwhelmed by its own procedures, with a bureaucracy that delays decisions and public resources frequently immobilized or misallocated. Faced with this, the budget submitted for Legislative consideration does not simply seek to increase spending, but rather to recover the State’s capacity to respond, reorienting it toward delivering concrete, measurable results.
The Head of the Council of Ministers emphasized that this is the first budget of the 2026–2031 quinquennium, and therefore establishes the government’s priorities from the outset: citizen security, health, education, and transportation — sectors that represent the population’s most historically pressing demands. The proposal is built on the principle that the State should not grow indefinitely, but function better: moving from an entity that administers resources to one that delivers results. Public management evaluation, he stated, must change: it will no longer be measured by how much was spent, but by what was achieved and the real impact on citizens’ lives.
“Peru does not need a larger State; it needs a State that works so that the private sector can invest, produce, and generate employment,” Galarreta emphasized. This statement synthesizes the budget’s central approach: a public–private alliance in which an efficient, predictable State creates the conditions for private investment to become the engine of economic growth.
For his part, the Minister of Economy and Finance, Elmer Cuba Bustinza, presented the macroeconomic framework supporting the figures. He highlighted that, despite the effects of El Niño, the Peruvian economy maintains sustained annual growth of 3%, while private investment has shown remarkable dynamism, rising by 15%. He also underscored the strength of public finances: total public debt stands at 30% of GDP — a considerably low figure compared to international standards and other countries in the region — giving the country significant room for maneuver and guaranteeing macroeconomic stability as an irreplaceable pillar.
The 2027 budget is defined as decentralized by design: it ensures the operability of public entities across the three levels of government — national, regional, and local — and prioritizes continuity for investments already under physical execution, avoiding work stoppages that would generate unnecessary social and economic costs. Targeted interventions cover the sectors of Interior (Citizen Security), Health, Education, Defense, and Development and Social Inclusion, with significant increases in each.
The budget’s strategic priorities are defined along seven axes: social protection, national defense, health, education, public order, justice, and transportation. Each of these sectors is allocated increased funding aimed at closing historical gaps and responding to the population’s most pressing demands. The fiscal document thus pursues a dual purpose: to address the population’s immediate urgencies while simultaneously laying the foundations for sustained medium- and long-term economic growth.
CONCEPTUAL DATA – PRECISE DEFINITIONS
Institutional Opening Budget (PIA): The initial income and expenditure budget approved by the Congress of the Republic for each public sector entity at the start of the fiscal year. It constitutes the authorized budget ceiling before any adjustments or reallocations during the exercise. Comparison with the following year’s budget enables measurement of the real increase in allocated resources, excluding subsequent variations.
Public Sector Budget: An economic and social policy instrument expressing the State’s action plan for a fiscal year in monetary terms. It details estimated revenue and authorized expenditure, classified by function, program, executing unit, and funding source. It is not merely a set of figures: it is the financial expression of the government’s priorities and the development model to be implemented.
Indebtedness Act: A budgetary complementary norm authorizing the maximum amount of domestic and external debt the State may contract during the fiscal year, as well as the terms and conditions of such operations. It ensures that debt levels are sustainable and consistent with macroeconomic stability and the country’s repayment capacity.
Financial Balance Act: Establishes the balance between public sector revenue and expenditure, determining the projected fiscal outcome — surplus, deficit, or balance — for the fiscal year. It links budgetary policy to general economic policy, ensuring that public spending does not exceed the State’s financing capacity.
Budgetary Decentralization: The principle whereby resources are allocated and transferred to regional and local governments, bringing decision-making closer to citizens and adapting public investment to the specific needs of each territory. It is not merely the transfer of money, but the transfer of management capacity and responsibility for results.
Gross Domestic Product (GDP): The total value of final goods and services produced within the national territory during a given period. It is the primary indicator of a country’s size and economic dynamics. The ratio between public debt and GDP is the most widely used indicator for measuring debt sustainability.
CONCLUSIONS
1.- The 2027 Public Sector Budget, amounting to over 266,000 million soles and representing a 3.5% increase over the 2026 PIA, constitutes the first fiscal instrument of the 2026–2031 quinquennium, establishing the State’s priorities from the outset: citizen security, health, education, and transportation. Its formulation responds to a diagnosis that public administration requires greater efficiency, agility, and results-orientation rather than simply expanding the size of the State apparatus.
2.- A paradigm shift lies at the core: the proposal moves from measuring public management by the volume of resources spent to evaluating it by its real impact on citizens’ lives. This approach requires not only reallocating budget lines but transforming monitoring, follow-up, and results-evaluation systems across all sectors and levels of government, ensuring transparency and effective accountability.
3.- Macroeconomic stability remains the cornerstone of the economic model: with public debt standing at just 30% of GDP, Peru retains a solid financial position enabling it to face adverse international scenarios and maintain investor confidence. This equilibrium is not an end in itself, but the foundation upon which social development and productive infrastructure can be financed.
4.- The budget explicitly recognizes the private sector’s role as an engine of growth: the logic of a State that functions to facilitate investment, production, and employment generation establishes a new public–private relationship in which State efficiency is a necessary condition for national economic dynamism. With private investment growing at 15%, the country has a momentum that must be matched by agile, predictable public policies.
5.- Decentralization is not an afterthought but a structural principle of the 2027 budget: by guaranteeing the operability of the three levels of government and ensuring continuity for ongoing investments, it seeks to ensure that public spending benefits effectively reach the territories rather than remain concentrated solely in the capital. Prioritizing works in progress prevents waste of resources and accelerates the delivery of infrastructure to communities.
6.- The seven priority areas — social protection, defense, health, education, public order, justice, and transportation — cover the essential dimensions of citizen well-being and national security. The significant increase in resources allocated to these sectors responds to the population’s most pressing demands, but success will depend on management capacity, transparency in execution, and the political will to ensure that every sol invested translates into an improved service for all Peruvians.
Source: Peruvian News Agency PRENSAPERU.PE https://www.prensaperu.pe Twitter: @prensaperupe